Publicado: 28-05-2011

Catamarca.- El subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Quinteros, aseguró ayer que los controles que realiza el Tribunal de Cuentas no atentan contra la autonomía que proclaman los funcionarios del intendente de Andalgalá, José Perea.

"La cuestión de la autonomía no se ve menguada por la actuación de un organismo de control como el Tribunal de Cuentas. Es un organismo que está previsto por la Constitución y en nada perjudica la autonomía municipal", sentenció al salir al cruce de la jurisprudencia que defiende el jefe comunal y su equipo.

La fiscal de Andalgalá, Marta Nieva, imputó a cinco funcionarios del gabinete del intendente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la resolución, se basó en auditorías que fueron realizadas por el Tribunal de Cuentas. La funcionaria judicial observó que muchas obras en las que se invirtió dinero de regalías mineras fueron realizadas sin cumplir con el requisito de la previa presentación del proyecto ante el Tribunal, tal como lo establece una Acordada que el organismo emitió en junio de 2005.

El intendente de Andalgalá, José Perea, avaló ayer la postura de los funcionarios que declararon al manifestar que una "acordada no puede estar por encima de la ley" en referencia a la Constitución de la Provincia que garantiza la autonomía de los municipios.

Quinteros fundamentó ayer que los controles que realiza el Tribunal de Cuentas puede ser de tres tipos: hay controles previos, concomitantes y posteriores. "La autonomía municipal puede darse en un determinado marco y el marco lo establece la Constitución Provincial. En la medida que un organismo previsto en la Constitución realice sus actos de control, no significa que por ello se verá vulnerada la autonomía municipal", señaló en declaraciones a EL ANCASTI. En esta línea agregó que las acordadas que emiten el TC son reglamentaciones legítimas.

Ayer, el juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, recibió el pedido que realizó la fiscal Marta Nieva quien solicitó que realice una investigación para determinar si el intendente de Andalgalá, José Perea, tiene fueros parlamentarios por su condición de senador electo por el departamento. De esa respuesta depende si imputa o no al jefe comunal.

El presidente del Concejo Deliberante de Andalgalá, Martín Garay, se mostró conforme con la investigación que inició la Justicia para determinar cómo se realizó la inversión de regalías mineras.

Garay puso en evidencia que el Concejo Deliberante no llegó a conocer todos los proyectos en los que se invirtieron regalías mineras. "Nosotros no teníamos conocimiento oficial de todos los proyectos que se han puesto en marcha en los años 2008 y 2009 porque el manejo de estos proyecto era entre Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas. Estaban facultados por una ordenanza que fue tan cuestionada, como es la ordenanza 40. De igual manera, lo mismo deberían haber enviado los proyectos al Concejo", señaló.

El intendente de Andalgalá, José Perea, respaldó ayer la postura que el fiscal municipal Daniel Farroni expresó en la Justicia. Y adelantó que podrían recusar a la fiscal de Andalgalá Marta Nieva, quien imputó a los funcionarios del gabinete de Perea y tomó licencia por 30 días.

Como se informó, Farroni argumentó ante la Justicia que la comuna no tenía la obligación de presentar los proyectos, previamente, al Tribunal de Cuentas porque atenta contra la autonomía de los municipios.

"La acordada del TC no puede estar por encima de la ley, el fiscal Municipal actuó muy bien", opinó ayer Perea.

Por otra parte, el jefe comunal adelantó que se trabaja para presentar una recusación en contra de la fiscal. Según comentó, se molestó porque se enteró de la resolución judicial a través de este medio y, además, porque cuando sus funcionarios se presentaron a declarar, Nieva ya había solicitado licencia.

"A mí no me gusta prejuzgar, pero sí me caen mal estas acciones" puntualizó el intendente al consultarle si existiría algún trasfondo político en la investigación judicial .