Publicado: 05-07-2011 
  
Buenos Aires.- Las altas tarifas y los problemas en la prestación generan cada vez más críticas. La red está colapsada. Fuertes cuestionamientos de las asociaciones de defensa del consumidor.
 
El servicio de telefonía celular volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego de que la Dirección de Comercio de la Provincia presentara un informe que advierte que la mayoría de los reclamos efectuados por los usuarios bonaerenses están orientados a dicha prestación. La falta de controles por parte del Estado es una característica distintiva del sector.

Como adelantó este medio en la edición de ayer, de las 27.601 llamadas que recibió el servicio de quejas de los usuarios de la Provincia, el 30% de las mismas están focalizadas sobre las compañías de teléfonos celulares y las tarjetas de créditos. A su vez, las últimas estimaciones realizadas por organizaciones de defensa del consumidor aseguran que el negocio de las telefonías en la Argentina es proporcionalmente mayor al registrado en potencias latinoamericanas como Brasil. Mientras que en el país hay más celulares que personas y una penetración del 130%, en la nación vecina la cifra alcanza el 100%.

En este marco de grandes niveles de rentabilidad que poseen las empresas del sector, la calidad de la prestación no se modificó y tiende a empeorar con el paso del tiempo. Infinidad de llamados de usuarios a la redacción de Hoy protestando por los problemas en las líneas de la mayoría de las empresas son un ejemplo más de lo que las asociaciones de consumidores vienen reclamando.

"El tema de la telefonía celular es otro de los problemas que nosotros estamos viendo que se está recrudeciendo paulatinamente por el abandono de las líneas telefónicas por parte de Telefónica", señaló a este medio Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc). Dicho espacio viene denunciando que como Telefónica, empresa aliada al Gobierno nacional, "no está prestando servicios (de línea), la gente se vuelca a dos empresas como Personal y Movistar (pertenecientes a la fusión Telefónica-Telecom)", por lo que "la venta de teléfonos a estas empresas se da en forma indiscriminada y sin ningún beneficio para los usuarios, ya que se encuentran con el 100% de las ventas y el 50% tienen problemas con el servicio, ya sea de línea o con la facturación".


El colapso de las líneas, el aumento indiscriminado de tarifas y los problemas en la facturación se han vuelto una característica irreversible del servicio, ya que el Estado nacional no tiene incidencia alguna sobre el hacer y deshacer de las compañías. "De la peor manera posible se las está controlando.

No hay ningún tipo de control a estas empresas. Basta ver el informe de la Auditoría General de la Nación para comprobar que es lapidario en cuanto a que la Comisión Nacional de Comunicaciones no efectúa ningún control a las empresas de telefonía celular", señaló a Hoy Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

A su vez, afirmó el ex diputado socialista dijo que "hoy no existe una ley que regule la actividad, por lo que los argentinos estamos pagando las tarifas más caras del mundo".


Hace años que las asociaciones de consumidores vienen impulsando que se cree la legislación correspondiente para que la prestación de telefonía celular sea consagrada como un servicio público. Sin embargo, la situación no cambia. Las causas son varias, entre las que priman la decisión gubernamental y el posicionamiento extorsivo de las empresas aliadas al oficialismo.

"Las asociaciones estamos en una lucha sin cuartel para que se saque una ley que regule a las telefonías celulares. Dicho por el propio presidente de Telefónica y Telecom en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Planificación, las empresas amenazan con que si dictan una ley regulando el servicio, se van de la Argentina", confimó a Hoy Osvaldo Bassano, de Adduc.


El entramado que gestiona el servicio tiene un carácter oligopólico, lo cual le permite a las multinacionales no sólo hacerse de rentabilidad extraordinarias, sino también obrar con total impunidad.
 
Las asociaciones de defensa del consumidor aseguran que el negocio se divide en tercios, haciéndose la empresa mexicana Claro del 35,2% del mercado doméstico, mientras que Movistar posee un 31,7% y Personal, un 30,9%. Asimismo, la incidencia de Nextel es mínima, con un 2,2% del total.

Mientras que la empresa Claro pertenece al multimillonario mexicano Carlos Slim, Movistar y Personal son propiedad de las fusionadas Telefónica y Telecom. Estas últimas compañías fueron favorecidas por el kirchnerismo, el cual en su momento permitió que ambos capitales se fusionaran generando un trazado monopólico en el sector industrial ligado a las comunicaciones.