Atrapados en un plan de factura fija de la telefonía celular o con la escasa opción de cambiar de prestador de su servicio de línea fija, los usuarios argentinos no encuentran respuestas a tantos atropellos de las monopólicas  empresas de comunicaciones. El estado, involucrado en desconocidos tratos que intentan regular sus tarifas, se hace el distraído ante tanta ineficiencia y desconsideración.

Todos hemos pasado por el maltrato de las empresas de teléfonos. Ya sea Claro, Personal, Movistar, Telefónica o Telecom, su nombre de fantasía no distingue mejor servicio o atención al cliente. Comparten recursos tecnológicos y hasta plataformas de “call center”. También se solventan de los mismos capitales transnacionales, intercambian picardías y alevosos atropellos a usuarios.

Estamos hablando de empresas que deben brindar servicios básicos del mundo moderno: telefonía celular, fija e internet. Las empresas ofrecen paquetes, promociones y planes especiales que no siempre se cumplen. En tanto su calidad técnica no alcanza a cubrir sus propias promesas.

Imponen la tendencia de la sociedad en materia de comunicaciones, pero se olvidan del servicio. Son un shoping de teléfonos de alta tecnología  donde una comunicación de calidad es un accesorio más.

La Comisión Nacional de Comunicaciones debería ser el organismo que frene tanta impunidad, pero su atención es deplorable. Fui testigo de su trato burocrático en su oficina ubicada en el hall del Correo Central de Rosario.  A la larga espera, la atención mínima (con personal suficiente, pero ocupado en sus seis horas de trabajo con los desayunos y almuerzos) y los tiempos “legales” que hacen que un reclamo tarde semanas o meses, he visto como damnificados prefieren no reclamar a esperar tanto.

Pregunté en viva voz frente a la puerta “¿Donde puedo reclamar la atención ineficiente de la Comisión Nacional de Comunicaciones?”. Se ofendieron. Pero bueno, después me atendieron. A las semanas me dieron “la solución”, pero finalmente la cuestión de fondo jamás recibió respuesta. Hoy estoy viendo hacer una demanda legal.

Uno tiene la sensación de denunciar los abusos de las telefónicas en un oficina pública que parece operativa a esas empresas. Sensación que nada tiene que ver con la transparencia y la imparcialidad.

Los empresarios de estas corporaciones de las comunicaciones y el entretenimiento parecen tener consideraciones especiales a la hora de enfrentar sus obligaciones.  Los privilegios se notan cuando nadie se hace eco de tantas violaciones a los derechos de sus clientes.

La Auditoría General de la Nación (AGN) ya notó las desprolijidades del organismo de control de las empresas telefónicas. Esto indicaron:

“Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) afirma que la Comisión Nacional de Comunicaciones, el ente encargado de controlar la industria de las telecomunicaciones, hace un uso “escaso o nulo” de las tecnologías informáticas para verificar el cumplimiento del Servicio Básico Telefónico (SBT) que prestan las empresas Telecom y Telefónica.

El SBT es la provisión de enlaces fijos que forman parte de -o están conectados a- la red telefónica, y comprende abonos, servicios medidos, telefonía pública y larga distancia internacional. Además es el rubro que más impacta en los balances anuales de las empresas. En 2005 por ejemplo, las ventas para Telefónica ascendieron a $ 3.367 millones, de los cuales el 60 %, algo más de $ 2.000 millones, correspondió al SBT. Por el lado de Telecom, ese año facturó $ 3.113 millones y, de ese total, el 64.4 % fue por SBT.

Si bien el reglamento general de calidad del SBT prevé controles para verificar el nivel del servicio, la AGN no pudo comprobar que la Comisión cumpla con estas inspecciones. Es que, según el informe, la CNC no tiene manuales de procedimiento que indiquen cómo controlar a las prestadoras, lo que equivale a decir que no sabe cómo hacer lo que tiene que hacer.

“Los controles sobre las empresas son ineficientes, ineficaces y antieconómicos”, dice la Auditoría y vincula estas “debilidades” a que la Comisión “no tuvo la capacidad de responder al dinamismo de las tecnologías que usan las empresas” que están bajo su órbita.

Una central telefónica realiza, en promedio, transacciones anuales que superan los 40 millones de minutos de comunicación. Cada llamada genera un conjunto de datos que deben auditarse, como hora de inicio y finalización, números de origen y destino, y clave tarifaria. “El manejo de este volumen de datos -explica el informe-, sólo puede hacerse de manera eficaz con el soporte de computadoras y aplicativos especializados”. Por eso, la AGN concluyó que “se hace necesario establecer procedimientos acordes al avance tecnológico y, además, aumentar la intensidad de las inspecciones”.

Por otra parte, la Auditoría verificó que frente alguna irregularidad de las prestadoras, las sanciones de la Comisión “se dilatan más allá de los plazos previstos en la normativa”. Por ejemplo, el último trámite de un expediente iniciado por incumplimiento el 21 de septiembre se registró el 31 de mayo de 2006; y otro, que comenzó el 27 de febrero de 2004, se movió por última vez el 6 de junio de 2006. El informe añadió que no encontró “causal alguna que justifique las demoras” y que no se dicten “actos resolutorios” sobre los expedientes, y completó que, en ese sentido, el sistema de auditoría interna de la CNC “es débil”.

La Auditoría General de la Nación, que supervisa el trabajo de las oficinas públicas, es “benevolente” en sus expresiones. Debería sospechar más para verificar la imparcialidad de una oficina que no controla a quien debería controlar.