Informe lapidario de la defensoría del pueblo: Un relevamiento detectó mal funcionamiento de trenes, teléfonos, colectivos, luz y gas. Responsabilidad oficial y complicidad privada.

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, elaboró un informe lapidario sobre el estado de los servicios públicos, resultante de la renegociación de contratos impulsada por el matrimonio Kirchner. El funcionario denunció que el Gobierno entrega millonarios subsidios sin control, que los acuerdos obligaron a varias provincias a pagar la luz un 50% más cara que en Buenos Aires, y que la inmensa mayoría de las compañías mantuvo su reclamo ante los tribunales arbitrales internacionales. Mondino acusó al oficialismo de permitir ganancias con negocios no regulados y a las empresas de ser "cómplices" de renegociaciones ilegales para incrementar sus beneficios.

Mondino precisó que a pesar de que la Ley de Emergencia Económica preveía la renegociación integral de los contratos, el Gobierno sólo suscribió actas acuerdo provisorias sin estudios de costos, que beneficiaron a las empresas. Y al revés de lo que anunció el oficialismo oportunamente, apenas dos de las 52 empresas desistieron de sus reclamos en el CIADI. "El usuario es un rehén, y los empresarios, cómplices", disparó Mondino. La Defensoría relevó los resultados de los procesos de renegociación servicio por servicio:

Trenes: servicio deficiente, estado deplorable de la infraestructura, como vías, estaciones, "lo cual torna al servicio altamente riesgoso". Se registran demoras y cancelaciones sistemáticas. En lo que va del año, se entregaron 1.570 millones para mantener las tarifas pero sin contar con estudio de costos ni contraprestaciones de las empresas.

Gas por redes: falta de inversiones en producción y distribución. El sistema se expande a una tasa de apenas 3% anual. Entre 2002 y 2007 se incorporaron sólo 800 mil nuevos usuarios. A este ritmo, "recién en 30 años tendrán gas por red los cuatro millones de usuarios que hoy tienen que comprar garrafas".

Telecomunicaciones: la Defensoría identificó una clara estrategia de las empresas de hacer negocios con los segmentos no regulados, banda ancha y celulares, en detrimento de la telefonía fija. Las líneas domiciliarias registran demoras de hasta un año para reparaciones o instalaciones nuevas.

Colectivos: las 129 líneas de colectivos realizan una prestación deficiente y reciben subsidios sin control. Los desembolsos oficiales para mantener el precio del boleto en lo que va del año alcanzaron a 1.400 millones. La entrega de subsidios no es transparente, no tiene controles ni participación de los usuarios.

Electricidad: los incrementos tarifarios aprobados para las transportistas hicieron que los hogares del interior tengan tarifas desde 50% más caras que las familias de Buenos Aires. Distribuidoras y transportistas limitaron sus inversiones a la ampliación y reposición de los sistemas, decisión que afectó la calidad del servicio. Tampoco cuentan con un estudio de costos ni revisión tarifaria integral, pero el sistema recibió 7.473 millones en lo que va del año para compensar a las empresas por las tarifas. En el mismo período de 2007, mucho más frío, percibió 6.212 millones.

Aguas: subsisten los problemas de falta de presión y deficiencias de cobertura de la red de agua y cloacas que justificaron la reestatización del servicio. Las obras anunciadas son recién para 2015.

Accesos a Buenos Aires: Ausol, Grupo del Oeste o Conviares obtuvieron subas de tarifas con las que los usuarios adelantan a las empresas el pago de las inversiones de ampliación. "Este modelo demostró que caducó, debe ser al revés: primero invertir y después cobrar", dijo Mondino.

Un caso para que debata el Congreso

La Defensoría giró el informe al Congreso para que los legisladores exijan al Ejecutivo que remita los contratos de renegociación y para discutirlos en el recinto. Mondino aseguró que la estrategia oficial en la materia es de "no renegociación".

Además de los sectores mencionados, el estudio relevó también los servicios de:

Correo: no se observó mejoría alguna en la distribución de la carta simple. De las 400 estafetas que cerró la administración de Franco Macri, y justificaron la estatización, la gestión estatal no reabrió ninguna.

Corredores viales: Caminos del Valle y Caminos del Río Uruguay incumplieron todas las obligaciones previstas en los contratos y aun así se renegoció. La Defensoría denunció penalmente a los concesionarios de la Ruta 9 por las muertes causadas por los accidentes.

Terminales portuarias: la renegociación les otorgó la dolarización de las tarifas, lo que recompuso las ganancias de las operadoras en 220 por ciento. El puerto de Buenos Aires perdió competitividad frente al de Montevideo.