Opinión

Aunque tardíamente, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) entendió que el camino de la confrontación permanente y el vandalismo disfrazado de reclamo laboral no lo conducen a nada positivo. Por esa razón, a fines de la semana anterior el propio jefe de los municipales, Francisco "Alo" Barros, dijo que esperaba que la Dirección de Inspección Laboral de la Provincia convocara a la brevedad a conciliación obligatoria, instancia que permitiría reanudar el diálogo con el Ejecutivo municipal a fin de llegar a un acuerdo.

El viernes último, el pedido se vehiculizó a través de la CGT Regional, uno de los sellos que suelen actuar de modo funcional en estas circunstancias. Pero no se hizo ante Inspección laboral, sino que la nota llegó a manos del subsecretario de Trabajo, Mario Aguirre, debido a viejas diferencias con el titular del primer organismo, Eduardo Tapia. No obstante, las condiciones actuales son completamente diferentes a las que imperaban hace un mes, cuando comenzó el paro de los municipales.

Así es. El municipio jugó al desgaste de la protesta. Aunque hace unos días insinuó la posibilidad de pedir que el paro sea declarado ilegal -con lo cual abriría la puerta a la conciliación-, no lo hizo, y de ese modo dejó la pelota en el campo del gremio. Estaba convencido de que tanto el paro como la exteriorización de la bronca de los municipales serían rechazados por los propios vecinos. Sucedió eso, pero el costo que pagó fue altísimo: un mes de trastornos permanentes en las calles de la ciudad, con servicios muy afectados -el más notorio fue el de recolección de residuos- y edificios públicos dañados. Por otra parte, el rechazo social no es tan lineal, ya que la gente interpreta que es la comuna y no el SOEM la responsable de asegurar la prestación de los servicios por los que cobra. Y entiende, además, que los sueldos son bajos y merecen una mejora urgente. En el conflicto, en definitiva, no hubo ganadores; perdieron todos: el municipio, el gremio y los vecinos. Tal como están las cosas hoy, el diálogo entre las partes es imprescindible para recomponer las cargas. No obstante, es casi seguro que de él no surgirá una nueva oferta salarial. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que dispone un incremento del 11 por ciento, tal como comenzó a pagar la Provincia a los empleados públicos y docentes, y sobre eso no habrá marcha atrás. A los municipales no les quedará más remedio que aceptar el aumento y seguir negociando una mejora adicional a futuro.

La ex senadora mendocina Esther Pedernera fue condenada por el Tribunal de Cuentas de esa provincia a devolver más de 7 mil pesos por viáticos que cobró, según dictaminó el organismo, en forma fraudulenta. La legisladora habría falseado documentación para cobrar dinero a nombre de algunos de sus colaboradores. Aparte de la investigación del TC mendocino, está imputada en una causa judicial por fraude a la administración pública. El dictamen administrativo que la condena destaca la falta de mecanismos de control del Senado sobre los gastos y ordena mejorarlos. Se trata de un reclamo social que excede largamente los límites provinciales mendocinos, y que en Catamarca, concretamente, reconoce antecedentes escandalosos, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde a principios de año hubo una intentona para incrementar el monto de dinero disponible para los viáticos de los legisladores, y encima sin necesidad de que rindieran cuentas por las erogaciones realizadas: un liso y llano sobresueldo, que no prosperó debido a la indignación popular que produjo la noticia.

Según la investigación del TC de Mendoza, los viáticos pedidos por Pedernera y sus colaboradores fueron pagados, pero no usados para el fin previsto, o al menos justificados. Incluso, se menciona la falsificación de firmas en el endoso de cheques. Un "modus operandi" bastante habitual no sólo en Mendoza para financiar viajes vinculados a la actividad política partidaria, sobre el que todos los sectores hacen la vista gorda porque, con sus más y sus menos, se benefician de la metodología y sustentan con ella actividades que, de otro modo, deberían ser pagadas por los propios dirigentes. Pedernera, del Frente para la Victoria, fue denunciada en 2006 por uno de sus colaboradores, que finalmente también quedó involucrado en la trama fraudulenta. La Fiscalía de Delitos Complejos inició una investigación que desembocó en el Segundo Juzgado de Garantías por "Fraude a la administración pública en la modalidad de estafa y estafa en grado de tentativa". Por los motivos que sean -se sospecha una interna- en Mendoza hubo una sanción concreta en contra de una dirigente, surgida de una investigación que no hizo más que confirmar lo que todo el mundo sabe o supone respecto de la malversación de viáticos. La pregunta para Catamarca es de cajón: ¿Podría la Legislatura soportar una investigación seria y a fondo sobre la administración de sus viáticos, becas y subsidios? Hacerla sería un gran aporte a la credibilidad de los desprestigiados legisladores.