Sergio Schoklender tenía un poder general de administración sobre los bienes y los recursos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según documentación incorporada a la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide. Los papeles fueron aportados por la propia entidad con el propósito de rebatir el argumento que utilizó Schoklender el viernes, cuando dio a conocer que las decisiones finales eran tomadas por el Consejo de Administración de la Fundación.

El expediente retomó actividad ayer con la vuelta de Oyarbide de sus dos semanas de licencia. El magistrado se tomará esta semana para analizar decenas de cajas con documentos que todavía ayer llegaban a la puerta de su despacho en los tribunales federales de Comodoro Py. Es que antes de partir de vacaciones, el juez dejó un listado extenso de medidas dispuestas por escrito cuyo resultado deberá estudiar.

Entre los últimos papeles que llegaron al tercer piso de Tribunales llamó la atención de los investigadores la constancia del poder general que detentaba Schoklender. Aunque era pública su condición de apoderado de la Fundación, días atrás entregó información a la Justicia en la que pretendía deslindar su responsabilidad en cuanto a las decisiones más importantes de la entidad que preside Hebe de Bonafini.

El viernes, el mayor de los hermanos Schoklender fue por tercera vez a Tribunales junto a su abogado, Adrián Tenca, para dejar más documentos. Entre ellos entregó una copia del estatuto de la Fundación en el que, de acuerdo a Tenca, se señala que el consejo de administración era el organismo encargado de la toma de decisiones financieras y administrativas, así como de la aprobación de los balances.

El organismo ejecutivo de la Fundación, según el estatuto, estaba integrado al momento de estallar el escándalo por Bonafini como presidenta; Evel Aztarbe de Petrini, como secretaria; Juana Meller de Pargament en la Tesorería, y Marta Petrone de Badillo como vocal titular.

Cerca de Bonafini tomaron nota de la línea encarada por la defensa de Schoklender: involucrar a la dirigente y a su entorno más próximo con la toma de las decisiones más delicadas de la Fundación, y por lo tanto de aquellas pasibles de ser incorporadas a la investigación de Oyarbide. Ayer mismo desde Madres llegó el documento con el poder general a manos del magistrado.

No es la primera vez que Bonafini y Schoklender se acusan mutuamente. La semana pasada la dirigente cruzó a un trabajador de las obras de Sueños Compartidos que protestaba en la Plaza de Mayo por despidos y salarios impagos, y le demandó que fuera a reclamarle a Schoklender.

En tanto que el mes pasado, al inicio de la investigación y cuando arreciaban los allanamientos, ambos sugerían al juez buscar en los dominios del otro pruebas incriminatorias. A pedido de Bonafini el juez encaró un primer operativo en oficinas de Sergio y Pablo Schoklender, en la Fundación. En tanto que luego de un escrito presentado por Pablo, Oyarbide extendió los allanamientos al resto de las dependencias de Madres.

Para los próximos días se espera un período de análisis de la prueba recogida por la Justicia en numerosos allanamientos practicados en las primeras jornadas después del estallido del escándalo. Hubo procedimientos ordenados por el juez en todas las dependencias de Madres en la Capital Federal, así como en domicilios y compañías asociadas a Schoklender y su entorno en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y en un barrio cerrado de Pilar, donde Oyarbide dijo haber encontrado casas atribuidas al exapoderado y sus allegados elaboradas con los materiales de la Misión Sueños Compartidos.

También fueron ejecutadas inhibiciones generales de bienes sobre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como la prohibición de su salida del país. Y Oyarbide avanzó hasta Alejandra Bonafini, la hija de la líder de Madres, sobre quien pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Otras medidas estuvieron ligadas a aviones, barcos y automóviles lujosos a nombre de Meldorek, una de las firmas de Schoklender, y de otras empresas del mismo grupo.

Las medidas habían sido pedidas por los fiscales Jorge Di Lello (que ayer arrancó su licencia y que quedó sorteado en el expediente) y Raúl Pleé, de la unidad especial antilavado, que interviene en el caso por pedido de su colega y del juez.

El magistrado también esperará los resultados de los estudios que practica la Auditoría General de la Nación (AGN), que encabeza el radical Leandro Despouy y que tomó intervención en los números de Madres de Plaza de Mayo a pedido de una comisión parlamentaria.

En paralelo avanzan otras dos causas en el fuero federal: el juez Marcelo Martínez de Giorgi impulsa una investigación sobre supuestas irregularidades en las contrataciones del Estado a las Madres para la construcción de viviendas sociales. Y también el magistrado Ariel Lijo analiza una denuncia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público en contra de José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que recibió hace más de un año una acusación de dos diputadas de la Coalición Cívica por los manejos de Schoklender en la Fundación.