Luego de dos años de debate y más de 42 proyectos presentados, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el primer Código Electoral, con 49 votos a favor y nueve negativos. Esta medida incluye paridad de género en las listas de candidatos, debates obligatorios, financiamiento de los partidos políticos y abre la posibilidad para que se adopte el voto electrónico. También permite unificar las elecciones locales con las nacionales y estipula la creación del Instituto de Gestión Electoral, ente que será encargado de administrar los procesos electorales y de incorporar tecnologías electrónicas.

“Esta votación está atravesada por especulaciones electorales por parte del oficialismo, esto es público y notorio. Es parte del interés político unificar las elecciones. Lo que nos lleva a rechazar el proyecto no es lo que dice ni lo que surge del debate, sino lo que no dice. Este reglamento electoral limita a la ciudadanía al voto. Fuera del voto el conjunto de la población no tiene mayor incidencia. Son reglas para tapar la verdadera ausencia de la población entre elección y elección”, expresó el legislador Fernando Vilardo del bloque Autodeterminación y Libertad.

Entre los cambios que forman parte del Código Electoral, figura la posibilidad de sufragar de los ciudadanos extranjeros mayores de 16 años que sean residentes permanentes y tengan documento nacional de identidad de extranjero con domicilio en la Ciudad. Una parte de esta ley comenzará a aplicarse el año que viene, como la paridad de género en las listas o la posibilidad de unificar las elecciones con las nacionales. Pero recién en 2021 entrará por completo en vigencia.

Este marco normativo, si bien no establece el voto electrónico, abre la puerta para que a futuro pueda adoptarse. El encargado de esta decisión será el Instituto de Gestión Electoral, creado por este nuevo Código. Va a ser un ente con autarquía financiera e independencia funcional, que estará a cargo de los procesos electorales y de la distribución del aporte público para el financiamiento de las campañas. Además, realizará el control de la logística como boletas, urnas y lugares.

Otra de las tareas del IGE es organizar los debates entre los principales candidatos a Jefe de Gobierno y de los primeros postulantes a diputados. Este organismo deberá registrar el debate y subirlo a su sitio web para que quede accesible. Su director durará cinco años y será propuesto por el ejecutivo porteño. Luego tendrá que ser elegido por la Legislatura.

El código también crea el Tribunal Electoral, presidido por el titular del Juzgado electoral y acompañado por un juez de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y un juez de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Oficializar alianzas y listas, fiscalizar el desarrollo, juzgar la validez de los comicios y dirimir los conflictos que se susciten en el marco de las elecciones locales, serán algunas de sus funciones.

Por su parte, el oficialista Diego Marías, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, resaltó la necesidad de este Código, que luego de ocho meses de trabajo en Comisión y más de 15 reuniones donde “fue enriquecido y mejorado, tiene un nivel de consenso importante y real”. Natalia Fidel, de Vamos Juntos,  festejó la creación del IGE como “un hito clave en lo que respecta a la transparencia de los procesos electorales”.

La oposición acompañó, y entre ellos, Mariano Recalde destacó la sanción de este marco normativo que era “una deuda de más de 20 años”. Pero criticó el voto electrónico: “El Gobierno tenía intenciones de establecer cambios que eran un retroceso para la transparencia democrática, como el voto electrónico. Si bien no se ha logrado derogar, este código, lejos de retroceder, incorpora elementos que permiten dar mayor seguridad: se garantiza el soporte papel que antes no estaba y que obligatoriamente sea depositado en una urna”.

Además, destacó la importancia de quitar la posibilidad de que grandes empresas, corporaciones y contratistas del estado puedan hacer aportes al financiamiento de campaña de los partidos.

Voto electrónico

Esta medida, que había encontrado en 2015 una gran resistencia por parte de universidades, especialistas y el CONICET, avanzó en la Legislatura Porteña de forma indirecta.

Uno de los argumentos más destacados fue la vulnerabilidad del sistema. Esa misma tarde, en plena votación, un grupo anónimo hackeó la página del poder legislativo local: “Dejamos este mensaje como muestra de la inseguridad del sistema de la Legislatura, con la esperanza que les sirva para darse cuenta que todo sistema informático es vulnerable”, escribieron en el sitio web.

Entre las críticas se resalta que el voto electrónico es auditable pero no por la ciudadanía, razón por la cual se eliminó esta modalidad en las elecciones de Alemania al considerarlo “antidemocrático”, mientras que la boleta única de papel o la boleta común si tienen esta posibilidad. El diseño de las máquinas quedaría en manos de Magic Software Argentina, negocio que en 2015 le implicó a la Ciudad una suma superior a los U$S 37,5 millones.

Entre las ventajas que tiene esta modalidad se encuentra la gran velocidad para el recuento. La vulnerabilidad del sistema a posibles hackeos y la imposibilidad de ser auditado por cualquier ciudadano son algunas de las contras que menciona el CONICET en un informe realizado en 2017, donde recomienda un trabajo de investigación a largo plazo y una implementación gradual y progresiva, con pruebas pilotos a menor escala. “La incorporación de tecnología de software y hardware en un proceso electoral introduce complejidades y conflictos que no son de fácil evaluación”.

Entre las observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Investigaciones se recomienda desarrollar un sistema de forma interdisciplinaria, abierto y de fácil análisis. Acompañado de un fortalecimiento de la confianza por parte de la sociedad y disponibilidad del hardware y software al público general para su examen. El modelo debe ser de fases para poder percibir los riesgos y peligros. Asimismo, sugirieron iniciar un plan de investigaciones sobre los peligros de este sistema para lograr niveles de madurez que permitan desarrollar plataformas de calidad.

Por último, el informe remarca la necesidad de “garantizar procesos de evaluación, control, seguimiento y auditoría, ajustados al principio de desarrollo abierto descripto más arriba. Se desea remarcar que un proyecto de las características de un sistema de votación requiere de una entidad pública, independiente y con la capacidad técnica necesaria, que pueda ejercer la auditoría y control de los procesos y del sistema”.

Acompañaron los bloques de Unidad Ciudadana, Vamos Juntos, Bloque Peronista, Partido Socialista y Mejor Ciudad. Partido Socialista de los Trabajadores, Evolución, el Partido Obrero y Autodeterminación y Libertad votaron en contra, aunque apoyaron el artículo 73 de paridad de género.