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Publicado: 09-08-2011

Capital Federal.- Las Auditorías Generales de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, más el Tribunal de Cuentas de Río Negro, son los únicos entes que publican sus gastos en la red. Según un informe de www.elauditor.info, en Chaco y Neuquén, las áreas que deben fiscalizar la marcha de la gestión ni siquiera tienen página propia. Y 16 no divulgan la rendición de los presupuestos. La opinión de una ONG especializada en transparencia.
 
Un medio periodístico que se especializa en el control público detectó que solamente tres entes fiscalizan la marcha de los Estados difunden sus compras y contrataciones por internet.

Los organismos en cuestión son la Auditoría General de la Nación (www.agn.gov.ar), su par de la Ciudad de Buenos Aires (www.agcba.gov.ar), y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro (http://home.tribcuentasrionegro.gov.ar).

Por otra parte, en las páginas de la Auditoría General de Salta y de los Tribunales de Cuentas de Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Corrientes, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, no figuran datos sobre los gastos en compras y contrataciones.

El hallazgo es producto de una investigación de www.elauditor.info, un portal periodístico que aborda temáticas de control público, donde, además, se señala que los Tribunales de Cuentas de las provincias del Chaco y Neuquén ni siquiera tienen su propia página de internet. No obstante, sí disponen –como todos sus pares- de una vía de contacto con los ciudadanos: unas direcciones de mail (trib.ctas.biblio@ecomchaco.com.ar y tribunalcuentas_nqn@neuquen.gov.ar), que figuran en el sitio del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la Argentina, la entidad que nuclea a esas entidades fiscalizadoras del país (www.tribunalesdecuentas.org.ar).

Se trata del segundo relevamiento de este tipo que encara el medio colega. El primero había sido en octubre de 2009 y, en relación a ese trabajo, siguen siendo los mismos organismos los que dan a conocer sus gastos.

Lo que sí se modificó en los últimos dos años fue la cantidad de entes que publican sus informes y fallos en internet porque, mientras en 2009 eran 11 (Auditorías de la Nación, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, junto con los Tribunales de Cuentas de Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Tucumán), en 2011 se sumaron a esta lista Catamarca y La Pampa, con su flamante sitio www.laredpampeana.com.ar. De hecho, en la portada de esa página figura una nota en la que el presidente del organismo de control provincial, José Sappa, dice: “No quiero un Tribunal de Cuentas jugando a las escondidas”.

Otro indicador que, de ser difundido, daría una idea más completa de la marcha de las distintas gestiones, es la cuenta de inversión, en pocas palabras, una rendición de cómo se ejecutaron los presupuestos. En este sentido, son solamente siete –sobre 23- los organismos que publican estos datos, aunque no todos lo hacen de forma actualizada: la AGN y Tribunales de Cuentas de Río Negro y Misiones (las últimas informaciones datan de 2009); las Auditorías de Salta y Capital Federal (2007); el Tribunal de Entre Ríos (2006); y el de la provincia de Buenos Aires (2004). Lo que, por oposición, significa que 16 entes que vigilan el funcionamiento de los Estados no dan a conocer la rendición de los fondos públicos.


Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización de derechos humanos con base en Buenos Aires, se indicó que no sorprenden este tipo de falencias. “La Argentina se encuentra muy atrasada en relación a otros países de la región”, señaló Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de acceso a la información de esta ONG. “Mientras que Chile o México han avanzado mucho en los últimos años, la Argentina todavía no cuenta con una ley de acceso a la información. Esta situación a nivel nacional se repite, en mayor o menor medida, en la mayoría de las provincias argentinas”. Asimismo, Álvarez consideró que “internet representa una herramienta sumamente importante para la transparencia y la rendición de cuentas, pero el Estado, en todos sus niveles, no la aprovecha adecuadamente.” Álvarez remarcó que este tipo de problemas deben resolverse mediante una ley de acceso a la información que establezca que todos los órganos de la administración pública deben publicar cierta información de oficio en internet.