Publicado: 22-04-2012

La creación de YPF por parte de un verdadero general de la Nación como Enrique Mosconi, durante un gobierno democrático, fue todo un ejemplo en América latina de soberanía nacional y un motivo de orgullo de los argentinos.

La recuperación de una parte de la empresa no la valoramos solamente por la importancia estratégica que tiene, sino también por el valor simbólico que representa para el conjunto de los argentinos. Es una reivindicación con fuerte contenido histórico social y emocional. YPF ha sido la nave insignia de la soberanía argentina. Alfredo Palacios, en los años 30, ya decía: "El petróleo es el nervio vital en la economía de las naciones e interesa por eso a nuestro país de una manera urgente y principal. Debe hallarse bajo la salvaguardia del Estado".

Si analizamos la historia de YPF encontraremos una política errática, con avances y retrocesos, desde lograr el autoabastecimiento hasta convertirla en la única empresa de hidrocarburos en el mundo que daba pérdidas.

Llegamos a los 90, donde las políticas neoliberales se impusieron ante el fracaso de las políticas públicas; se privatizó o concesionó casi todo lo que pertenecía al Estado: YPF, Aerolíneas, los bancos, YCF, el gas, las rutas, los aeropuertos, los teléfonos, los ferrocarriles, los subterráneos, la marina mercante, la energía eléctrica y hasta el agua. Era la "moda" económica del Consenso de Washington y que, según sus defensores locales, nos conduciría al Primer Mundo. Pero ningún país se atrevió a perder su soberanía petrolífera con una excepción: la Argentina. Recordemos que ni Chile privatizó el cobre, ni Bolivia el estaño, ni Brasil el petróleo.

Quienes nos oponíamos a ese desguace del Estado fuimos acusados de nostálgicos, de defensores de lo imposible, de utópicos o testimoniales que no entendíamos la realidad política. Así las privatizaciones se hicieron sin interés del Estado para controlarlas y muchas de ellas terminaron en juicios en el Ciadi, como es el caso de la reestatización de Aguas de Santa Fe, donde la provincia soporta una demanda por US$ 350 millones.

Frente a la ola privatista de los 90, Guillermo Estévez Boero advertía: "Hoy, la Asamblea Constituyente del Brasil aprueba que todas las riquezas del subsuelo, incluso el petróleo, son de propiedad del Estado y no se pueden enajenar a compañías privadas y menos al capital extranjero. En un país como Brasil que crece, mientras nosotros nos achicamos, no se piensa que ser moderno es ser colonia extranjera. Se piensa que lo moderno es preservar el interés nacional".


Estamos de acuerdo con la recuperación parcial de YPF, pero ¿alcanza? Esta medida no es suficiente si no se acompaña de un cambio copernicano de la política energética oficial. Si en 9 años pasamos del superávit energético a importar 10.000 millones de dólares en combustibles, es responsabilidad de un modelo que no admite críticas, que no asume la realidad y que no busca coordinar políticas auténticamente federales. YPF Repsol fue parte central de esa política profundamente equivocada, sin controles y sin una estrategia nacional.

Ante las elecciones, desde el Frente Amplio Progresista advertíamos sobre la posibilidad cierta de una crisis energética y propusimos que se convocara a un diálogo político y social para encarar soluciones.

Hoy reiteramos lo que históricamente planteamos desde el socialismo y el progresismo: debemos colocar las empresas públicas esenciales para la Nación en manos del Estado y no en manos de los monopolios extranjeros; porque entregar las empresas de servicios públicos a manos extranjeras es entregar nuestra soberanía. Nuestra coherencia marca nuestra trayectoria.

En este marco, y con estos antecedentes, debemos estudiar qué modelo estatal gestionará a la nueva YPF. Esa gestión del Estado debe ser eficaz, eficiente y transparente para no dilapidar más los dineros de las y los argentinos. La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el propio Congreso deben obligatoriamente controlarla y supervisarla. Debe ser una empresa auténticamente federal con la participación activa de todas las provincias y del Estado Nacional.

Debemos aprender de los errores del pasado y pensar en el largo plazo. La Argentina necesita una política de Estado en materia energética, diversificar su matriz y darle sustentabilidad. Creemos necesario un acuerdo federal político, social y económico en este sentido, donde podamos definir con qué recursos energéticos van a vivir las próximas generaciones. No debe ser una cuestión de un gobierno ni de una mayoría circunstancial: es una necesidad de todas y todos.

El Estado debe planificar adecuadamente la generación y la distribución de la energía, garantizando el abastecimiento a la población y al sector productivo. Diversificar la matriz energética actual, para disminuir la dependencia de los hidrocarburos, garantizará sustentabilidad al contar con más diversidad de generación, donde las energías renovables deberán alcanzar una adecuada participación. Hoy podemos contar con otra fuente de energía: el ahorro, así recordamos a nuestros abuelos.

La realidad nos impone abocarnos a una de las cuestiones estructurales que hacen a nuestro país: el petróleo y la energía. Desde el FAP proponemos abordar la problemática con una visión de futuro basada en los valores de la Solidaridad, la Participación y la Transparencia, pensando en las próximas elecciones y en las próximas generaciones.