Publicado: 14-05-2012

A pesar de que la nueva YPF parcialmente reestatizada no podrá ser controlada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ni por la Auditoría General de la Nación (AGN), el límite para hacer operaciones políticas con ella o utilizar la caja para atender otros fines y castigar el resultado podría tener un fuerte límite: la supervisión de un organismo de control de los Estados Unidos.

Se trata de la Comisión de Valores de ese país (Securities and Exchange Comission, SEC), que controla y audita las compañías que cotizan en el mercado norteamericano. Las acciones de YPF cotizan en Buenos Aires y en Nueva York y la presidenta Cristina Kirchner aseguró que continuarán en esos mercados. Este fin de semana llegó a Buenos Aires una misión de 14 técnicos de supervisión y auditoría de la SEC, que permanecerán aquí dos semanas.

Uno de los objetivos de la SEC es impedir que las empresas perjudiquen a quienes compran sus acciones en el mercado y no tienen el control de la empresa. Una de las causas de castigos, que pueden llevar a la cárcel a los implicados, son el pago de coimas o sobornos y el uso de contabilidad fraudulenta para estafar a los accionistas minoritarios. Los controles se han endurecido mucho desde el colosal fraude de Enron y no se detienen porque se trate de empresas grandes. En estos días, el gigante de las ventas minoristas Walmart enfrenta un duro proceso ante la sospecha de que pagó sobornos para poder operar en México.

La supervisión de la SEC podría impedir que se lleven a cabo planes que han sido sugeridos por profesionales cercanos o miembros del oficialismo, tales como obligar a YPF a producir al costo petróleo, gas, naftas o gas licuado, entre otros combustibles, para subsidiar a los consumidores domiciliarios o a sectores industriales.

Cristina Kirchner dijo sobre YPF: "Ténganlo en claro, esto no va a ser para becas políticas, no vamos a hacer una empresa para becas políticas donde pongamos al político de turno". Probablemente estaba transformando la imposibilidad en virtud.

La misión de la SEC que arribó este fin de semana no está relacionada directamente con la estatización parcial de YPF. Inspeccionará las empresas que hacen el control y la auditoría externos e independientes no sólo de las empresas que cotizan en los mercados de los Estados Unidos. También de sus controladas o subsidiarias. Las inspecciones de la SEC, dicen personas familiarizadas con ellas, son "largas e intensas" y no se pasan con facilidad. "Los inspectores revisan todo", señalan.

Si el Gobierno quisiera escapar a estos controles, tendría que retirar las acciones de cotización, para lo cual, dicen los especialistas, debería recomprar todos los papeles que están en la Bolsa de Nueva York. Muchos están en manos de fondos norteamericanos y no podrían, como en el caso de Repsol, ser expropiados, ni tampoco apropiárselos sin pagar primero o imponerles a los accionistas un precio bajo. La SEC supervisaría esa recompra.

El Gobierno tiene serios problemas fiscales, le faltan divisas y está consumiendo las reservas del Banco Central para no caer en un nuevo default de la deuda. No parece estar en condiciones de afrontar un gasto semejante. Aunque los reclamos judiciales de algunos ex empleados contra Repsol podrían darle una mano.

Los controles de la SEC se intensificaron mucho después del colosal fraude de Enron, que no pudo ser descubierto a tiempo antes de que la empresa cayera y causara un daño económico enorme. En su caída arrastró también a la empresa que la auditaba: Arthur Andersen, que hasta 2002, cuando estalló el escándalo, era una de las cinco compañías de auditoría del mundo. En todo caso, al Gobierno podría interesarle que tenga éxito el reclamo de ex trabajadores de la YPF estatal que llevan adelante reclamos judiciales que apuntan a obtener participación en el paquete accionario. Los ex empleados exigen su parte del Programa de Propiedad Participada (PPP), del que, dicen, fueron injustamente excluidos.

El mes pasado la jueza Edith Cristiano, del Juzgado del Trabajo de Río Grande, ordenó "suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)". Sacar a YPF de los mercados norteamericanos podría permitirle al Gobierno escapar de los controles de la SEC. Y además no sería una estatización declarada, ya que se trataría de un conflicto entre privados, de algún modo. Los ex trabajadores apuntan a las ventas de acciones que hizo Repsol.

En todo caso, parece que un proceso así podría durar mucho y seguramente no podría sustanciarse únicamente en los tribunales locales. De hecho, el fallo de la jueza laboral de Río Grande parece no haber tenido efecto alguno todavía, ya que hasta el viernes la acción de YPF siguió cotizando en Nueva York, donde cerró a US$ 15,45, luego de una jornada muy volátil. Todo indica que, aunque logre escapar de los controles oficiales, la empresa seguirá bajo supervisión de la SEC.