Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, “el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. 

En este sentido, en junio, la Jefatura de Gabinete de Ministros hizo entrega del Informe 93 en el que respondió las preguntas que le hicieron los bloques e interbloques de la Cámara de Diputados sobre el estado de la gestión. Desde El Auditor, hicimos hincapié en los interrogantes elaborados en función a los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Una de las preguntas, hecha por el Interbloque Federal Unidos por una Nueva Alianza (UNA), cuestionaba al Ejecutivo sobre los montos invertidos, por cada línea de acción, del Programa Integral de Saneamiento (PISA) del Riachuelo. La Coordinación de Presupuesto y Planificación Financiera informó que los montos invertidos durante 2015 fueron los detallados en el siguiente cuadro:

También se preguntó sobre el grado de avance en materia de rendición de cuentas por parte de los municipios que reciben transferencias desde la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Es que un informe de la AGN aprobado en 2015 asegura que los convenios que la ACUMAR firma con universidades y municipios carecen de cláusulas “que mejoren la transparencia” y hay desobediencia de  procedimientos.

Sobre este punto, se explicó que, este año, la Unidad de Control Interno del ente confirmó que “no existe un tablero de gestión y procedimientos transparentes que determinen las interacciones entre ACUMAR y las diversas Jurisdicciones en tiempo real”, que “de cuenta del estado de situación de las rendiciones”. Para poder verificar este ítem, se incorporó en la actualización del PISA un tablero de control. 

Siguiendo con la Cuenca, un informe de la AGN aprobado en 2015 asegura que había dos juicios por el incumplimiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en concepto de expensas: “uno iniciado en 2009 por la suma de $96.068 y, otro, de 2010, por $8.740”. 

La pregunta, entonces, ¿ACUMAR pagó las expensas de sus oficinas? Sí, se acreditó la cancelación de la deuda de la sede de San Martín 320 por los períodos reclamados,  con intereses por $ 11.500,76.

Sobre medio ambiente

Otro informe de la Auditoría Nacional señala la falta de medidas de mitigación del daño ambiental a partir de la detección de “altas concentraciones de uranio y radio”. Además, asevera que desde 2002 no hubo estudios del impacto que el uranio tiene sobre la flora y la fauna cercana al Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, un predio ubicado en la localidad de San Rafael, Mendoza.

La Jefatura de Gabinete de Ministros respondió en primer lugar, que “los valores de uranio y radio en los cursos de agua nunca superaron los valores permitidos” y que, en realidad, el mencionado informe “fue positivo en general sobre la gestión ambiental del sitio”. Respecto a la situación actual, dicen que “se ejecutaron numerosas obras, algunas de ellas de última tecnología, destinadas a la gestión de los pasivos categorizados en conjunto con la provincia como prioridad”. 

Por otro lado, se consultó al Ejecutivo sobre las “graves deficiencias" del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en materia de control y registro del uso de agroquímicos. 

Sobre esta cuestión, se indicó que “salvo Tierra del Fuego, todas las provincias cuentan con reglamentación inherente al tema mucho más moderna que la nacional”. En ese sentido, en 2013, un año después de que AGN publicara su informe, se creó un Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Agroquímicos y se transfirió a las jurisdicciones las inscripciones que estaban en el Registro Nacional. Además, dijeron que “se fue incrementando el número de muestras para la realización del control de calidad, estimándose incrementarlo –de 2000, en 2015- a 2500 para el 2017”.

También se preguntó sobre la no reglamentación de la Ley 25.688 de protección ambiental, sancionada hace 12 años, que enreda las competencias de la Nación y las provincias en relación al Plan de Recursos Hídricos. El jefe de Gabinete manifestó que la normativa “fue sancionada sin la participación de las autoridades del área Recursos Hídricos de la Nación y de las provincias” y que se iniciaron las gestiones para “aportar a la redacción final de los proyectos de ley vigentes en el Congreso y a la reglamentación de la Ley 25.688”.