En la 6ª edición del índice desarrollado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa se evaluaron las dimensiones de presupuesto, gestión administrativa, participación ciudadana, labor y normatividad. Participaron 14 países, entre ellos: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Colombia, Honduras, México, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y República Dominicana.

El objetivo de este informe es poder analizar y monitorear la transparencia y el acceso a la información pública en los poderes legislativos de países de la región. A pesar del avance, la mayoría de los parlamentos presentan falencias en cuanto a la apertura de datos y la rendición de cuentas de sus trabajadores. Entre los hallazgos más importantes se encuentra el aumento de la transparencia: pasó de 39,6% en 2020 a 42,18% en 2023. Esto denota una mejora en el conjunto de variables analizadas. Sin embargo, 10 de 14 países no superan el umbral del 50%, lo que significa que aún queda un largo camino por recorrer en la materia.  

En cuanto a la mejora general, “en las cuatro dimensiones encontramos un crecimiento bastante grande, pero hay problemáticas que persisten como por ejemplo que a muchos países les hace falta una Ley de Lobby o un Registro de Intereses, también, una regulación de la información personal de sus legisladores”, explicó Florencia González, responsable de Proyectos de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, una de las 22 organizaciones de la sociedad civil que participaron en el índice.

Según comentó González solo Argentina, Chile y Paraguay tuvieron buen puntaje en lo que respecta a normativas de género y grupos vulnerables.

En cuanto a la labor del Congreso y la publicación de las tareas legislativas, “si bien hubo un crecimiento en esa dimensión, se identificó que la mayoría de los países no publica las versiones taquigráficas de las reuniones de comisiones o no cuentan con información de las asesorías externas que se realizan. Por su parte, solo Chile cuenta con un registro de los obsequios recibidos por los congresistas”, expresó.

Los más y menos transparentes

El país vecino tiene un puntaje del 63,02%, el único congreso que supera el 60% en el índice. Las variables destacadas en el diagnóstico muestran algunas iniciativas de participación ciudadana en dicho país, marcando la diferencia. En el podio de los tres más transparentes figuran Perú con un 59,51% y Costa Rica con un 50, 74%. Honduras y Bolivia no superan el 25%.

Los otros países que acompañan a Chile en la cima son Perú con el 59,51% y Costa Rica con 50,74%. Como resaltó González, en líneas generales a la mayoría de los congresos les faltan planes de parlamento abiertos, hay falencias en la publicación de información sobre legisladores y trabajadores, falta regular el lobby como también registrar reuniones entre asambleístas y los obsequios que reciben. “La mitad de los países no publicó información con respecto al llamado de concursos para cubrir vacantes", señaló.

En este sentido, “la mayoría de los poderes legislativos no cuentan con un portal de datos abiertos y solamente en Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica y el Senado de Paraguay hay políticas institucionales de parlamento abierto”, añadió González.

Argentina

Nuestro país tuvo mejor rendimiento, según el índice, en comparación con el año anterior. “Mejoraron las formas de publicar cierta información en el Congreso. Sin embargo, una de las cosas que se volvió a destacar es la falta de titular en la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información del organismo, esta deuda es una problemática que se viene señalando hace bastante tiempo. Tampoco cuentan con un marco regulatorio de las actividades de lobby”, indicó la integrante de Directorio Legislativo.  

En cuanto a buenas prácticas se destacó que la Cámara de Diputados cuenta con un portal de leyes que le permite a los legisladores subir sus proyectos de ley y que la ciudadanía pueda dejar comentarios. “El índice permite hacer un mapeo de cómo está el Congreso trabajando y muchas veces lo que pasa es que no se publican en tiempo y forma la información. El índice busca estandarizar los parlamentos a nivel regional y que lo que publican se haga de cierta manera y en en determinados formatos”, finalizó González.