La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) le recomendó a Canadá que “anule sus recortes presupuestarios para los programas de ayuda y promueva una mayor trasparencia en la financiación y los objetivos de asistencia”, según publicó el diario británico The Guardian, en junio de este año.

En la revisión se cuestiona el hecho de que Canadá haya decidido continuar con la ayuda a países con ingresos medios, que están por cumplir los objetivos de desarrollo, y que optó por cerrar programas en los estados más pobres, como en gran parte de África subsahariana. En la página de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), entre las 20 naciones a las que el gobierno canadiense les brinda asistencia están: Bolivia, Colombia, Haití, Perú, Afganistán, Etiopía, Ghana, Indonesia, Malí, Mozambique, Senegal, Sudán y Tanzania, entre otros.

En 2009, Canadá anunció “una importante remodelación de su programa de cooperación, en la que reducía -su ayuda- a los países y las temáticas en las que iba a concentrarse” con el argumento de “intentar mejorar el enfoque y el impacto de su contribución”. Sin embargo, la OCDE, cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social alrededor del mundo, argumentó que el gobierno canadiense “no tiene una visión clara de su asistencia internacional” por lo que “debería aclarar quién se beneficia con su ayuda”.

De hecho, el informe indica que el Estado canadiense “debe demostrar, a través de la comunicación de criterios claros, que no está inclinando sus asignaciones hacia las crisis de alto perfil comunicacional”, es decir, las más populares, “a expensas de otras emergencias con un tinte menos mediático”.

Unir con flechas: Canadá, ayuda humanitaria, empresas mineras

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) es la que gestiona la mayor parte de la asistencia canadiense. Sin embargo, este año fue atacada por diferentes grupos de sociedad civil porque “las empresas asociadas a las grandes mineras armaban planes para el diseño e implementación de los proyectos de desarrollo en el extranjero”.

Si bien “la OCDE no emite juicio sobre las colaboraciones específicas con las industrias extractivas”, el organismo insiste en que Canadá debe adoptar “un enfoque con precaución” y “no debe permitir que haya confusión entre los objetivos de desarrollo y la promoción de los intereses comerciales”. Por su parte, con respecto a la CIDA, el ente expone que “debe dar una justificación clara de por qué se está trabajando con el sector privado” para “suavizar las preocupaciones de que se está utilizando presupuesto de ayuda para promover objetivos comerciales en países ricos en minerales”. Finalmente, la Organismo le recomendó a Ottawa “reconstruir sus relaciones con las organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil.”

Algunas organizaciones ciudadanas del Consejo de Canadienses, como la presidida por Maude Barlow, expresaron que “la OCDE debería haber adoptado una posición más fuerte en las asociaciones de la CIDA con empresas provocadas” ya que “la ayuda está claramente vista como una forma de promover los intereses de la industria minera canadiense”.

Qué dice Canadá

Según la ministra de Cooperación Internacional, Beverley Oda “el gobierno de Canadá considerará seriamente las conclusiones y recomendaciones del proceso de revisión” que realizó el OCDE y aseguró que desde que su gestión asumió en 2006 “existe un compromiso para que la asistencia internacional de Canadá sea más eficaz, centrada y responsable”. Si bien, reconoció que “es un proceso que lleva tiempo”, dijo que están orgullosos de su progreso y de los pasos que dieron en esa dirección.

Porcentualmente, este país redujo en 5 puntos el gasto de ayuda exterior, alcanzando los 5.3 billones de dólares y se espera que este año baje más. Al respecto, la OCDE le reclamó al gobierno local que “se comprometa con un calendario de cumplimiento de compromiso internacional bajo el que debería destinar el 0.7 por ciento del ingreso nacional bruto a la ayuda”.