Al despacho presidencial. Hasta allí llegó el rebote del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que observó sobreprecios de hasta el 148% en obras llevadas adelante por un organismo de la provincia de Córdoba, y del que este medio diera cuenta la semana pasada.

Se trata de la investigación aprobada en la sesión de la AGN del 29 de junio y que analizó la gestión del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), un organismo que nuclea a 44 comunas cordobesas, encargado hasta el año pasado de asfaltar calles, construir puentes y techar un anfiteatro, entre otras cosas, todo con fondos del Estado nacional.

La difusión de los hallazgos de la Auditoría impactó en distintos niveles. En primer término, según publicó el diario La Voz del Interior (foto), “el escándalo del Eninder llegó hasta la Casa Rosada” donde, se indicó, el mismo presidente Mauricio Macri señaló: “Hay que dejar actuar a los órganos de control y a la Justicia”.

Con respecto a esto último, el informe aprobado por la AGN ya fue enviado al juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Ministerio de Planificación. De hecho se supo que, durante su investigación, el ente de control debió valerse de datos aportados por el propio magistrado ante las demoras de la cartera en brindar la información requerida.

La importancia de este punto es que los recursos que iban hacia el Eninder cordobés salían justamente del Ministerio de Planificación Federal. 

De hecho, esta no es la primera vez que la AGN observa cuestiones relacionadas cartera en general y al ente particular. Por ejemplo, un trabajo de 2009 sobre el programa 86 del Planificación, destinado al asfaltado de caminos, señalaba la "imposibilidad de controlar las obras" del Eninder y su "dudosa calidad jurídica".

Volviendo al aspecto judicial, el Ente Intermunicipal fue comandado hasta diciembre del año pasado por el también exintendente de Villa María, Eduardo Acastello, quien la semana pasada había sido denunciado penalmente por la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad de Villa María, que le atribuye los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

Como ejemplo de estas posibles irregularidades, la Auditoría ejemplificó en su trabajo un pedido que le hizo en marzo de 2010 Acastello, en calidad de intendente, al entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; se trató de una “ayuda económica” de $ 2 millones que, según el propio mandatario comunal, serían “para solventar en parte gastos que ocasiona la atención de distintos rubros que hacen al funcionamiento de esta Administración, como incrementar la inversión para el fortalecimiento de la prestación de servicios asistenciales a la comunidad, la infraestructura urbana y de los servicios públicos”.

El problema fue que, ni bien recibido, el dinero se transfirió a las cuentas del Eninder (también comandado por Acastello), para culminar las obras del Anfiteatro de Villa María, que por entonces contaba con financiamiento del Estado nacional.

No obstante, la cosa no quedó ahí. Esta semana una concejal villamariense, Karina Bruno, también opinó sobre lo observado por la AGN y le apuntó a Acastello: “Lo que la Auditoría revela es, primero, que Villa María tenía grandes beneficios por sobre los otros municipios y, segundo, una mecánica para la cual fue creado el Eninder, que consistió en ejecutar obras sin controles de la Nación ni de la provincia”.

A todo esto, la voz que faltaba era la del principal involucrado. El viernes de la semana pasada, Eduardo Acastello afirmó que las observaciones y los datos que figuran en el informe de la AGN habían sido “modificados por los auditores radicales”.

La máxima autoridad del organismo de control es el colegio de Auditores Generales que, actualmente, está conformado por seis miembros; tres del Frente para la Victoria (Vilma Castillo, Javier Fernández y Juan Forlón), dos de la Unión Cívica Radical (Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez), y uno del Frente Renovador (Gabriel Mihura Estrada), a la espera de la designación de un presidente, que vendría del justicialismo, para ocupar el lugar del desplazado Ricardo Echegaray.

Así las cosas, tras la declaración de Acastello, el Colegio de Auditores en su conjunto elaboró un comunicado en el que se aclara que lo investigado fue la “gestión de las Unidades Ejecutoras Nacionales que transfirieron fondos al Eninder, y no al Eninder en sí”.

“Tal como se señala en el informe, el objeto de la auditoría fue ‘evaluar la asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos nacionales transferidos o abonados por el Estado Nacional en forma directa al Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional y/o a través municipios asociados al mismo’, destinados a desarrollar acciones vinculadas a la ejecución de obras de infraestructura de equipamiento social y urbano”, dice textual el comunicado de la AGN, que completa: “El Colegio de Auditores procedió al tratamiento del informe definitivo y, una vez aprobado, es comunicado a la entidad o jurisdicción auditada, a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Nación cuando corresponda y a quien el Colegio estime corresponder, por conducto de la Oficina de Actuaciones Colegiadas”.