Se cumplen cinco años de la Ley de Acceso a la Información Pública, un derecho humano fundamental para el desarrollo de un estado democrático que está contemplado en el Pacto San José de Costa Rica. Desde su sanción, 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron adecuándose al marco regulatorio nacional, pero aún quedan cuatro jurisdicciones sin legislación. Desde El Auditor.info dialogamos con periodistas, representantes de ONGs y usuarios de esta herramienta esencial para la democracia.

En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, establecido por la UNESCO, Sandra Crucianelli, periodista de investigación y responsable de la Unidad de Datos de Infobae, consideró que es clave para ejercer la profesión. "Sin este derecho poco podríamos hacer para informar, para llevarle a la gente las cosas que necesitan saber. Lamentablemente en Argentina todavía hay muchas falencias”, dijo.

"La información debería estar en formato abierto, accesible y de manera clara", afirmó la periodista Sandra Crucianelli.

Entre las fallas que existen actualmente se observa la respuesta en formatos inadecuados, datos inaccesibles, documentos difíciles de leer, procesar y utilizar. El mecanismo de pedir información a nivel nacional ofrece la posibilidad de hacerlo de forma digital o presencial.

“La mayoría de las veces responden, no siempre de manera completa, ni tampoco siempre en tiempo y forma. Todo depende de la jurisdicción, el momento y lo que se pide. Hay información que debería estar en formato abierto, accesible y de manera clara”, comentó Crucianelli.

Una Agencia que está acéfala

La Agencia de Acceso a la Información Pública, el órgano garante de la Ley 27.275, se encuentra sin un director a su cargo desde fines de 2020 cuando Eduardo Bertoni renunció. El Ejecutivo nacional postuló a Gustavo Juan Fuertes, abogado, para el cargo y varias organizaciones se opusieron por falta de “competencias”. La candidatura de Fuertes se dió de baja, por lo que la Agencia está acéfala y se encuentra la firma delegada en el director Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Cimato, según indicaron desde el organismo que cumple cuatro años de existencia.

“Hoy día no tenemos acceso pleno”, alertó Crucianelli quien lleva casi 30 años ejerciendo periodismo de investigación, realizando trabajos sobre declaraciones juradas, financiamiento de campañas electorales, patrimonio de candidatos y funcionarios y recientemente una cobertura integral con más de 100 piezas periodísticas sobre la pandemia. También formó parte de los Panamá Papers, una investigación qué incluyó a grandes figuras y políticos a nivel mundial.

Periodismo y organizaciones

Para Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, acceder a la información es una herramienta fundamental para los ciudadanos. "Cuanto más la usemos mejor va a funcionar y el Estado o los gobiernos se van a acostumbrar a que tienen que responder todo lo que se les pregunta. Tenemos que animar a las personas a su uso. Es importante para la transparencia y que la ciudadanía pueda conocer los asuntos públicos”.

Desde Poder Ciudadano suelen realizar pedidos de informes, muchos de los cuales tomaron estado público y fueron replicados por los medios de comunicación como el caso de las entradas y salidas a la Quinta de Olivos tanto en la actual gestión como en la anterior.

“Los accesos a la información mostraron como algunos jueces visitaban la residencia a menudo y recientemente la fiesta que hizo el actual Presidente de la Nación en medio de la pandemia”, agregó Secchi. 

La organización suele colaborar con el trabajo de periodistas con quienes intercambian información y los ayudan a litigar en casos de que se les niegue información. Actualmente llevan varios litigios, entre ellos uno contra el Senado de la Nación por falta de acceso a la información sobre los ingresos a las dependencias del Senado y otro contra el Gobierno porteño por la pauta publicitaria. Asimismo, están preparando uno sobre los contratos de las vacunas.

Negarse a contestar

Desde Asociación de Derechos Civiles (ADC) alertaron por la Resolución 323/21 de Jefatura de Gabinete de Ministros “que habilita a funcionarios, que no sean la máxima autoridad del organismo o entidad requerida, puedan negarse a contestar”, comentó Sofía Reymundo, asistente de Proyecto de ADC. Reymundo recomendó “hay que ser estratégicos cuando se pide información”.  

En la experiencia de ADC, muchas de las respuestas que recibieron no correspondían al pedido o era información no relevante. En una oportunidad les negaron información sobre el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) y tuvieron que realizar una acción de amparo ante la Justicia.

“Creemos en la transparencia del Estado. Tenemos que poder acceder a la información relacionada con los Derechos Humanos básicos, por ejemplo sobre cómo se protegen los datos personales cuando se utiliza un sistema de reconocimiento facial, o cómo es la cesión de datos personales entre los organismos estatales”, remarcó Reymundo.

Las provincias aún sin legislación

La provincia de Tucumán, junto a La Pampa, San Juan y Formosa, son las cuatro jurisdicciones que aún no tienen una ley al respecto, ni adhieren a la normativa nacional. En territorio tucumano, se presentó un proyecto hace unos meses en la Legislatura, en el Poder Ejecutivo y en el Judicial que intenta regular este derecho. La iniciativa surgió de la participación ciudadana y el consenso entre sectores reunidos bajo la Mesa de Diálogo.

Carmen Fontán es abogada y forma parte de dicha organización. “Vimos cuales eran los proyectos más urgentes y acordamos un texto que seguía los lineamientos de la Ley 27.275 pero con modificaciones que amplían la transparencia activa y que le otorga autonomía e independencia funcional a la Comisión de Acceso a la Información Pública”. El mismo se elevó a los tres poderes del Estado, “no se personificó en ningún legislador para que sea acompañado por los distintos bloques”, añadió Fontán.

Con las elecciones primarias, los cambios en el gobierno nacional y Juan Luis Manzur dejando la gobernación de Tucumán, el proceso se congeló y hasta el momento no tuvieron respuestas. Si bien desde la Mesa de Diálogo no pierden las esperanzas, “ninguno de los proyectos que se presentaron en la Legislatura, nunca fueron debatidos en el recinto. En Tucumán el orden del día lo fija el vicegobernador y hasta el momento nunca incluyen este tipo de iniciativas”, señaló la abogada.

En Tucumán, según aseguró Fontán, acceder a la información es “imposible. Hemos intentado tener acceso a la información sobre el personal de la legislatura, sus sueldos, empleados por bloques, asesores por legisladores y hemos tenido que presentar una acción de amparo. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental para poder tomar las decisiones en el Estado, para que exista una verdadera participación política y para que las elecciones sean auténticas, sin acceso a la información pública no hay vigencia del sistema democrático republicano”.