La Oficina Anticorrupción (OA) envió a Presidencia de la Nación un proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que fue construido con participación y aportes de la ciudadanía, organizaciones civiles, entidades públicas, privadas y el sector académico. El proceso estuvo a cargo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia del organismo.

Luego de más de 20 años de la sanción de Ley Nacional de Ética en la Función Pública (Nº 25.188), llegó el turno de ser modificada y modernizada. En este proceso, la OA detectó algunas falencias en su correcta aplicación y puntos críticos para reformar de forma integral. En esta búsqueda, la participación se volvió clave. No es la primera vez que se intenta modificar dicha normativa, el otro intento fue en 2019 cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso de la Nación, el cual perdió estado parlamentario.

¿Cómo fue el proceso?

En octubre de 2021 se abrió la convocatoria para colaborar a toda persona interesada, física o jurídica, pública o privada, en el proyecto de ley, mediante la Resolución 18/2021. Desde entonces y hasta marzo de este año, 44 participantes realizaron 232 comentarios, muchos de los cuales fueron tenidos en cuenta a la hora de modificar el borrador de la normativa.

Desde la Oficina Anticorrupción realizaron encuentros virtuales y federales para ampliar y promover el aporte de la ciudadanía.

Aproximadamente dos tercios de la propuesta fue puesta en análisis. Las vías elegidas para hacer llegar los aportes fueron mayormente por mail o en los encuentros que realizaron desde la OA y, en menor medida, 19 participantes lo hicieron por la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Como resultado fueron observados 83 artículos de los 124 totales.

Durante 149 días estuvo abierta la posibilidad de participar vía TAD o en el correo oficial establecido. Asimismo, desde la Oficina realizaron seis encuentros virtuales y federales para ampliar y promover el aporte de la ciudadanía, en los mismos participaron expertos en materia de integridad y ética pública con el objetivo de intercambiar ideas, como la Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (EMIC), el CONICET, el Centro de Estudios sobre Transparencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

El 12 de marzo cerró la posibilidad de realizar aportes. Algunas de las instituciones que participaron fueron la Fundación Éforo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Fundación Poder Ciudadano, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), el Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

“Iniciativas como éstas aceleran los procesos de cumplimiento de las metas propuestas y, en particular, lo referido al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que brega por instituciones sólidas para construir sociedades justas e inclusivas”, afirmó Carla Pitiot, vicepresidenta de Fundación Éforo, quien señaló que fortalecer la sinergia entre el sector público y privado contribuirá al cumplimiento de la Agenda 2030.

¿Cuáles fueron los aportes?

A grandes rasgos, las coincidencias entre los aportes se dieron en tres líneas. En primer lugar, la necesidad de construir un Sistema Nacional de Integridad que abarque todas las entidades del Estado Nacional. También crear autoridades de aplicación propias para que cada poder diseñe e implemente políticas de integridad considerando elementos comunes. Y finalmente mejorar las herramientas preventivas para combatir la corrupción. Los participantes colaboraron haciendo recomendaciones para la reglamentación de la ley una vez que se sancione. 

"El consenso surgido de la participación ciudadana para la elaboración de normas es casi una condición necesaria para que esas normas después se puedan llevar a la práctica", añadió Federico Recagno, presidente de Fundación Éforo. Los aportes pueden consultarse en el informe final como el proyecto presentado. Ahora solo resta esperar que el Ejecutivo lo envíe al Congreso. 

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Siguiendo el análisis que hace Marcelo Giullitti, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto que se presentó al Poder Ejecutivo, “demuestra haber tomado varios de los aportes remitidos y la propia OA pudo mejorarlo a través de las sugerencias enviadas. El texto resulta un avance concreto y sustantivo respecto a la actual legislación que tiene más de 24 años y deficiencias en muchos puntos. El proyecto toma las demandas que la sociedad civil viene impulsando hace años. Toma muchos de los consensos existentes y establece nuevos estándares”.

Sin embargo, Giullitti expresó que la normativa aún tiene aspectos para seguir mejorando sobre todo a la hora de establecer mecanismos para que la ley se cumpla. “Nos urge tener una nueva ley de ética pública que sea moderna, que sea aplicable, que implique la posibilidad de control por parte de la ciudadanía y que asegure lo que tiene que asegurar: el correcto funcionamiento de los funcionarios y que las personas puedan hacer rendir cuentas a los representantes”, concluyó.