Pico Truncado: allanaron una planta de hidrógeno por supuesta malversación de fondos públicos
Los operativos llegaron incluso a la municipalidad de ese pueblo santacruceño. La denuncia, basada en observaciones del Tribunal de Cuentas local, es por gastos sin control y falta de rendición de al menos $ 46 millones aportados por la provincia y la Nación. La Justicia Federal investiga a cuatro imputados, incluido el exintendente. Especial El Auditor.info.
La semana pasada se llevaron a cabo en la localidad santacruceña de Pico Truncado una serie de allanamientos en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos públicos destinados a la Fundación Hidrógeno, un emprendimiento que data de 2003 y que está dedicado a fomentar la investigación y el desarrollo de ese combustible.
Los operativos se dieron tanto en la sede de la Fundación, como en la llamada Planta Experimental, un predio ubicado a las afueras de la ciudad (foto). Los investigadores -pertenecientes a la Justicia Federal de Caleta Olivia- también allanaron la Municipalidad de Pico Truncado y hasta un estudio contable.
La denuncia fue hecha por el actual intendente del pueblo, Omar Fernández, a principios de marzo, nada menos que durante su discurso de inauguración del período legislativo en el Concejo Deliberante.
Fernández, que había asumido en diciembre del año pasado y debutaba ante el cuerpo legislativo, sorprendió a los concejales cuando citó observaciones que figuraban en informes del Tribunal de Cuentas provincial y que hablaban de falta de control y de rendición de gastos de casi $ 46 millones aportados desde los estados nacional y provincial a la Fundación Hidrógeno, institución que a su vez administra la mencionada Planta Experimental.
Las palabras del intendente tenían doble objetivo; por un lado, anunciar la recisión del acuerdo que une desde hace casi diez años a la comuna con la Fundación, y a la vez, generar que los hallazgos del organismo de control sean confirmados por una investigación judicial.
Sin embargo, eran días agitados en Santa Cruz por los megaoperativos casi cinematográficos, con excavadoras y helicópteros incluidos, realizados en otras zonas de la provincia por la causa “Ruta del dinero K”.
Pasado ese momento, la Justicia Federal de Caleta Olivia finalmente comenzó su investigación, que en la actualidad tiene cuatro imputados: el exintendente de Pico Truncado y, a la vez, presidente de la Fundación Hidrógeno, Oscar Maimó; el tesorero de la entidad, José Roldán; el titular de la Asociación Argentina de Hidrógeno, Juan Carlos Bolcich; y el encargado de la Planta Experimental, Horacio Guillermo Canestro, quien además, ha tenido que atender otras cuestiones judiciales (ver Dato al margen).
Según el expediente, Maimó, en su doble rol de intendente y presidente de la Fundación, se auto-transfirió $ 35.981.231 provenientes de las arcas municipales. Y, además recibió varios aportes de dinero del Estado nacional, por ejemplo uno de $ 10 millones de parte del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de la Planta Experimental. En ambos casos, el Tribunal de Cuentas provincial detectó falta de control en el manejo de esos fondos y de rendiciones de gastos establecidos en la normativa vigente.
A esto se suma un dato acercado por el actual presidente del Concejo Deliberante de Pico Truncado, Lucas Chacón, que también figura en la investigación: y es que varias de las obras que se hicieron en el predio de la Planta Experimental fueron llevadas adelante mediante contrataciones directas, es decir, eludiendo los procedimientos de llamado a licitación previstos ante operaciones de montos millonarios.
Además del exintendente, los otros imputados son investigados por los supuestos delitos de “malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y defraudación a la administración pública”.
Según citan medios locales de fuentes judiciales, durante todos los allanamientos, que fueron realizados por la Prefectura Naval, se secuestraron “documentos de suma importancia”. Aunque, al cierre de esta edición, no había otras novedades sobre el avance de la causa.
La historia del hidrógeno en Pico Truncado
Desde hace un año y medio, y por Ley del Congreso, Pico Truncado es considerada la Capital Nacional del Hidrógeno. Sin embargo, la relación del pueblo con el combustible viene de larga data.
De hecho, ya en 2003 se construyó allí la mencionada Planta Experimental de Hidrógeno, que fue la primera de Argentina y de América Latina, y en la que se empezaron a producir prototipos homologados de celdas de combustible, además de avanzar con la conversión de motores y la creación de quemadores catalíticos para el uso del hidrógeno como combustible.
Ese objetivo, el de lograr comercializar la producción, quedó de manifiesto en un acuerdo firmado en 2008 mediante el cual la provincia de Santa Cruz se comprometía a aportar $ 150 mil pesos por mes a la Fundación Hidrógeno (que en ese momento era presidida por el propio intendente de Pico Truncado) para financiar sus tareas. Desde entonces, comenzaron a llegar recursos al emprendimiento. Ese fue el convenio que rescindió el actual jefe comunal.
Más allá de la denuncia del intendente Omar Fernández y del avance de la investigación judicial, la localidad de Santa Cruz logró varios avances en la materia durante los últimos años: por ejemplo, actualmente la Planta Experimental genera unos 2.400 kilowatts por hora, lo suficiente para abastecer de energía a 8 mil habitantes, que representan casi la mitad de la población de Pico Truncado.
Además, los desarrollos energéticos de la Planta Experimental también se concentraron en una pequeña localidad ubicada a 23 kilómetros de Pico Truncado, conocida como Koluel Kaike. ¿El resultado?, el pueblito fue reconocido por Naciones Unidas y el Centro Internacional Tecnológico de Energías, ubicado en Estambul, como una de las cinco localidades del mundo en funcionar exclusivamente a base de hidrógeno.
Dato al margen
Uno de los cuatro imputados en esta causa es Horacio Guillermo Canestro, encargado de la Planta Experimental. Sin embargo, el hombre ha tenido otros contactos con la justicia.
Resulta que Canestro es un ex general del Ejército que aparece mencionado en varias investigaciones por delitos de Lesa Humanidad y a quien se le dictó falta de mérito en una causa por la desaparición de 27 personas.
Ese expediente fue tramitado por la justicia de Rosario y allí también fueron juzgados los genocidas Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y otros integrantes del Centro de Operaciones Tácticas, del Segundo Cuerpo de Ejército.