Para la elaboración de este proyecto se tomó en cuenta la experiencia institucional argentina, la comparación con otros países, la opinión de especialistas, informes de auditoría y fundamentalmente la opinión de asociaciones vecinales y ciudadanos.

I.-  Diagnóstico de la situación

1)

Surge de la dispersión de competencias y responsabilidades así como de la superposición de jurisdicciones y Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal involucrados, como ser: ETOSS, CEAMSE, Prefectura Naval, Puertos de Bs. As., INA, ORAB, AGOSBA, Ministerio Salud Pcia. , entre otros. Esto provoca limitaciones operativas al accionar de las autoridades vinculadas, por no existir una articulación racional entre las partes.

2)  

Resulta profusa, llena de vacíos e inconsistencias, falta de coordinación, congruencia y consolidación. Se evidencia la ausencia de estándares y criterios uniformes. Esta situación se agrava ante la inexistencia de un Poder de Policía concentrado, lo que provoca relajamiento e ineficacia en las facultades sancionatorias.

3)

Los intentos e instrumentos ensayados han carecido de los parámetros de autoridad y rendición de cuentas. Esta situación ha determinado una administración burocrática, lenta, autoreferenciada, poco o nada orientada a las necesidades del ciudadano. Este factor ha sentenciado hasta aquí la suerte de los anteriores intentos fallidos.

II. Propuesta

En base al diagnostico expuesto y la experiencia recogida se propone la creación de una Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica del Río Matanza Riachuelo.

·          : Marco institucional Interjurisdiccional que concentre atribuciones y responsabilidades. Entidad Interestadual con Personería Jurídica Propia y Capacidad de Derecho Publico y Privado. Ha sido un eje principal de este Proyecto la .

·          tratamiento de Cuenca con unidad territorial y visión sistémica de la problemática social, sanitaria y ambiental.

·          el saneamiento integral con manejo y fortaleza institucional que coordine y construya acuerdos específicos a fin de obtener la cesión de competencias y jurisdicciones de las partes a favor de la Autoridad Interjurisdiccional.

·          Concentración de facultades, atribuciones y recursos propios para obtener una capacidad de gestión con autonomía e independencia.

·          Poder de Policía.

·          Responsabilidades ejecutivas claramente definidas y asignadas.

·          Determinación de plazos, prioridades y estándares uniformes.

·          Formulación conjunta de una Planificación estratégica dirigida al vaciamiento cero en su primera etapa y al saneamiento progresivo de la Cuenca.

·          Proponer la sanción de normas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

·          Intervenir en Programas y proyectos de inversión que requieran financiamiento específico de Organismos e Instituciones Nacionales de Cooperación, Internacionales o Multilaterales de crédito.

·          Entender en la evaluación del impacto ambiental.

·          Coordinar obras y actividades con otros Organismos o Jurisdicciones vinculadas como ser: AYSA, CEAMCE, CONEA, etc.

·          Entender en la coordinación, dirección, inspección y certificación de obras de saneamiento.

·          Realizar el control y monitoreo.

·          Administrar sus recursos.

·          Contratar.

·          Suscribir convenios de cooperación y asistencia técnica.

·          Gobierno: Sistema de Directorio representando por las tres partes.

·          Fiscalización. Comisión de vigilancia y control externo conjunto.

·          Educación Ambiental

III. Requisitos políticos e institucionales para la implementación del proyecto.

A.       Definición de una Política de Estado

Consideramos este factor fundamental para la viabilidad del proyecto siendo de tal relevancia que determinará su éxito o fracaso. Como primer paso resulta necesario instalar en la a la necesidad y prioridad del proyecto. El mismo debe ser liderado e impulsado por las mas altas jerarquías del poder político de las tres jurisdicciones vinculadas (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires). En este contexto resulta determinante la celebración de un así como una política de con organismos públicos, actores privados y demás entes vinculados a fin de armonizar y compatibilizar acciones entre las distintas jurisdicciones, organismos e intereses privados. Resulta básico que se geste un esquema de manejo armónico, coordinado donde prime el consenso y el respetos de los Derechos Constitucionales, encolumnando todos los intereses detrás del objetivo nacional. Ninguna acción perjudicará la integridad territorial de los Estados signatarios, en el marco de los Arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional, 28 Constitución Pcia. Bs. As. y 27 de la Constitución de la CABA. Consecuentemente, proponemos la celebración de un tratado marco entre las jurisdicciones que otorgue legitimidad funcional y estipule estos aspectos básicos.

B.       Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental

A fin de concentrar energías, unificar competencias y generar un esquema organizacional eficaz y eficiente, se propone el dictado de un Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental para prevenir conflictos y allanar trabas operativas incentivando la construcción de acuerdos específicos. En este marco, los organismos jurisdicciones y entidades cederán competencias a favor de la Autoridad Interjurisdiccional a efectos de coordinar y conciliar acciones evitando superposiciones, colisiones, trabas jurídicas, administrativas u operativas que impidan, retarden o restrinjan acciones y facultades acordadas. Entre otros aspectos este marco facilitará la concentración y efectiva aplicación del Poder de Policía.

C.       Planificación Estratégica

Una vez realizados los pasos citados resulta imperioso generar una visión de conjunto con clara exposición de metas e indicadores de gestión elaborados con la participación y aporte de todos los actores en juego, y una planificación estratégica para el manejo integrado y racional de los recursos. Deberán tomarse como ejes rectores los principios de sustentabilidad, solidaridad y cooperación expuestos en la Ley de Política Ambiental Nacional (25.675). En esta planificación deberá tomarse en cuenta la ingerencia de los ciudadanos, asociaciones civiles y entidades ambientalistas.

D.       Ordenamiento Territorial

Se desprende luego como cuestión estratégica el ordenamiento del territorio bajo el tratamiento jurídico de “Cuenca” generando una unidad territorial e Institucional para gestionar la cesión de las partes a favor de la Autoridad Interjurisdiccional. Para ello resulta necesario obtener la concentración de facultades, medios y atribuciones (competencia y jurisdicción), poder administrador concentrado y un pleno ejercicio de autonomía e independencia.  Como consecuencia de ello, deberá otorgarse un flujo de fondos necesario para el manejo independiente y autónomo en pos de una indispensable fortaleza institucional y capacidad real de gestión.

E.       Control Publico

Como contrapeso de la alta concentración de atribuciones y facultades diseñadas en la Autoridad Interjurisdiccional debe existir una garantía de eficiencia y transparencia, y un adecuado control de gestión. Consecuentemente, en carácter de valor agregado al diseño institucional propuesto y a fin de no repetir frustraciones, resulta prioritario el ejercicio de un Control Publico eficiente que alerte, prevenga y observe el desarrollo y cumplimiento de la gestión.

A través de este Control Publico y la exposición periódica y clara de los Informes que produzca se habilitará el pleno ejercicio del Control Social mediante mecanismos de participación ciudadana como ser: información, publicidad de los actos, encuentros, audiencias públicas, recepción de quejas, sugerencias y reclamos. Existirá una participación efectiva mediante el Consejo Consultivo que formara parte de la Autoridad de Aplicación.

Se instruirá y educará en relación a las metas y objetivos a fin que puedan ser evaluadas por los ciudadanos  (5 millones de inspectores/auditores), atemperando la asimetría informativa existente entre el ciudadano y el funcionario público.

En este sentido y a fin de sumar legitimidad y fortaleza institucional, el proyecto incorpora expresamente el Control Social, incluyendo entre otras las siguientes atribuciones:

ü        Publicar las metas y estándares comprometidos por la Autoridad y el grado de avance de su planificación estratégica en forma trimestral, indicando fortalezas y debilidades detectadas en la gestión y precisando -en su caso- los factores, causas y/o responsables de un eventual retardo.

ü        Publicar el listado de empresas contaminantes detectadas, agrupadas por municipios, indicando sector u organismo responsable de su control o fiscalización local.

ü        Publicar la nómina de desagües clandestinos detectados, agrupados por municipios, indicando sector u organismo responsable de su control o fiscalización local.

ü        Crear una página web en la que se informe sobre la gestión de la Autoridad y se reciban denuncias, reclamos y quejas de los ciudadanos.

ü        Realizar, junto a los organismos que entiendan en materia ambiental, saneamiento e infraestructura, campañas de información, concientización y prevención ambiental.

ü        Remitir trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación, a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,  a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Concejos Deliberantes de los Municipios de la Cuenca un pormenorizado informe de gestión.