¿Cuáles son y cómo funcionan los organismos de control en Argentina?
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y las Unidades de Auditoría Interna (UAI) son los entes encargados del control interno, mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN), está destinada al control externo de la gestión del Estado. Cada uno de ellos tiene tareas específicas y son organismos autónomos e independientes.
Tienen como misión prevenir la corrupción, contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas públicas. Los organismos de control son instituciones públicas encargadas de fiscalizar y monitorear los fondos públicos y el gasto público, el cumplimiento de las leyes e informar los resultados de las auditorías a los funcionarios correspondientes.
El actual sistema de control público argentino comenzó a desarrollarse en 1992 con la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Entonces surgieron la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y las Unidades de Auditoría Interna (UAI), como entes encargados del control interno, y la Auditoría General de la Nación (AGN), destinada al control externo de la gestión del Estado. Estos organismos reemplazaron a la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas.
Control externo: la Auditoría General de la Nación
La Auditoría General de la Nación es el ente rector de control externo de la administración pública nacional. Es un organismo de asistencia técnica del Congreso de la Nación, con personería jurídica propia, autonomía e independencia.
El objetivo de la Auditoría General de la Nación es promover un uso eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas. Su competencia es el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado y entes reguladores de servicios públicos.
Para la elaboración de sus informes, la AGN observa el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados a la utilización de los recursos estatales, y fiscaliza las administraciones financieras, legales y de gestión. También evalúa programas, proyectos y operaciones, y audita los estados contables financieros del Banco Central de la República, empresas y sociedades del Estado.
El Colegio de Auditores de la AGN está compuesto por siete miembros, uno de ellos presidente, y son quienes analizan y aprueban los informes que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, además de asesorar al Legislativo sobre el ejercicio de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública. Los informes de auditoría están disponibles en la página oficial del organismo.
¿Qué otros organismos controlan al Estado?
En el ámbito del control externo, junto con la AGN, también trabaja la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Está integrado por el Ministerio Público Fiscal (del cual forma parte la Fiscalía de Investigaciones Administrativas) y por el Ministerio Público de la Defensa, que es el encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas.
El Ministerio Público Fiscal también tiene un cuerpo denominado Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo investigar los posibles actos de corrupción en el Poder Ejecutivo Nacional.
Organismos de Control Interno: la Sindicatura General de la Nación
El ámbito de aplicación del sistema de control interno comprende todas las entidades y jurisdicciones que se incluyen en el sector público nacional, es decir, organismos centrales y descentralizados; empresas y sociedades del Estado, de economía mixta o participación estatal; entes públicos autárquicos; fondos fiduciarios estatales; y cada una de las instituciones que integran la Presidencia de la Nación, sus secretarías y ministerios.
La SIGEN, órgano responsable del control interno, tiene como funciones dictar y aplicar las normas para dicha tarea, en coordinación con la AGN. Debe supervisar las Unidades de Auditoría Interna (UAI) en la aplicación de las normas y hacer cumplir las normas contables emanadas de la Contaduría General. Además, comprobar la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas por las UAI en los organismos controlados e informar al Presidente de la Nación sobre los actos que acarren o puedan acarrear perjuicios para el patrimonio público.
Las Unidades de Auditoría Interna, por su parte, son coordinadas por la SIGEN, pero también están subordinadas jerárquicamente por la autoridad superior del organismo al que controlan. Así, tienen la facultad de emitir dictámenes y recomendaciones no vinculantes, aunque luego la autoridad del organismo donde se encuentran tiene la decisión de adoptarlas o no.
¿Cómo es el control federal?
Más allá de la competencia nacional de la AGN, cada jurisdicción del país tiene su propio organismo de control. Pueden ser Tribunales de Cuentas o auditorías, tanto provinciales como municipales.
Estos organismos de control están agrupados en el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, una asociación civil que tiene como objetivo establecer una comunicación permanente y relación directa entre sus miembros asociados.
Además, existe la Red Federal de Control, creada en 2004, para acercar e incrementar los controles sobre la ejecución de planes y proyectos del Gobierno Nacional en el territorio argentino. Los organismos de control provinciales y municipales, que integran el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, se fueron incorporando a la Red y prestan sus servicios de auditoría en común trabajo con la Sindicatura General de la Nación.
El control en la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene tres organismos de control.
- La Auditoría General de la Ciudad (AGCBA).
- La Sindicatura General de la Ciudad.
- La Defensoría del Pueblo.
La Auditoría General de la Ciudad se creó tras la Constitución de la Ciudad, a través de la Ley 70 de Administración Financiera y Sistemas de Control, y la Ley 325 de Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos. Su funcionamiento depende de la Legislatura porteña y debe realizar un plan de auditoría anual y proyecto del presupuesto, que lo presenta el 1 de octubre de cada año ante los legisladores.
Tiene la obligación, además, de elaborar la Memoria Anual con los resultados de las auditorías públicas, informes y dictámenes sobre los estados contables financieros y cuentas de inversión, balance de gestión y de legalidad sobre el sector público centralizado y descentralizado, empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación. También verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
En tanto, la Sindicatura porteña tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública en las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada. Una de sus funciones es dictar y aplicar las normas de control interno a las que se sujetan las jurisdicciones y entidades, coordinadas con la Auditoría General de la Ciudad.
La Defensoría del Pueblo debe proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de las personas. Si bien no es un organismo de control como el resto, supervisa y garantiza que las instituciones y los funcionarios del Gobierno cumplan con sus deberes y respeten las leyes vigentes. Al mismo tiempo, controla que las empresas de servicios públicos trabajen de manera adecuada hacia toda la comunidad. Es en ese sentido, atiende las inquietudes de las personas que se sienten afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.
Todos estos organismos de control forman parte del universo de instituciones que ayudan a prevenir la corrupción, a que el Estado rinda cuentas, informan sobre el gasto público, el cumplimiento de leyes, sobre los estados contables financieros y trabajan a diario para lograr una mayor transparencia.