La Auditoría General de la Nación celebra sus 30 años con un ciclo de conferencias bajo el nombre “Control gubernamental y transparencia”. La apertura de las charlas estuvo a cargo del presidente del organismo, Jesús Rodríguez, quien afirmó que el propósito de los encuentros es conmemorar a través de debates, discusiones, análisis y controversias de parte de los actores involucrados el recorrido de la AGN tras la sanción de la Ley 24.156. 

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La primera oradora del encuentro fue María Elisabet Rodríguez Greno, gerente de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Durante su exposición trazó una línea de tiempo con los avances normativos en cuanto al control en Argentina y resaltó los puntos comunes entre la AGN y la SIGEN. “La Sindicatura es el otro organismo de control consagrado e instituido por la Ley 24.156 y compartimos un ADN común que es el perseguir con nuestra labor cotidiana la mejora de la cosa pública; procuramos día a día con nuestro trabajo tener una gestión pública más eficaz y eficiente”. 

"La sanción de la Ley fue un punto de quiebre muy importante"

Sobre la sanción de la Ley en 1992, Greno recordó que fue un “punto de quiebre muy importante” en lo vinculado al control”. “Hacía muchos años que trabajaba en el Tribunal de Cuentas y para nosotros fue un momento de incertidumbre, porque muchos agentes fueron a la Auditoría, otros a la Sindicatura y muchos otros también a las Unidades de Auditoría Interna que se creaban en cada jurisdicción”, agregó. 

Luego fue el turno del contador Marcos Makón, director General de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que se creó en 2016. Tras aclarar que la Oficina de Presupuesto “no es un organismo de control” sino un área técnica y de apoyo a los legisladores en materia de economía, Makón se refirió a la Ley de Administración Financiera y sostuvo que “debe ser reconsiderada”, por lo menos la función de la AGN. “Me parece que la función que estaba prevista originalmente, de que el órgano de control externo pueda acceder directamente a la justicia debería ser considerado nuevamente”, manifestó. 

“A 30 años de la sanción de la Ley 24.156 es recomendable actualizarla a efectos de su modernización, pero se deben sustentar sus criterios básicos: mantener la transparencia, la visión económica y la diferenciación del control previo y posterior”, agregó Makón y concluyó: “Esos valores mantienen vigencia, pero hay que actualizarlos y ver el tema del artículo 85 de la Constitución Nacional”.