Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana, en Diario Perfil

Jorge Moreno es abogado, está casado y tiene tres hijos. Desde 2022 desempeña el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Catamarca, cuando asumió en reemplazo del fallecido Rafael Díaz Martínez. 
Aunque el cargo es vitalicio, dice que sus desafíos personales están marcados por algunos hitos puntuales como son la capacitación permanente del personal, la digitalización completa del Tribunal y la inauguración del edificio nuevo. 

¿Por qué la Constitución provincial establece que tiene que ser abogado el presidente del Tribunal de Cuentas?
Porque emite fallos y el perfil del abogado leda un toque jurídico. Por eso, los dos vocales tienen que ser contadores. Tenemos también un relator contable y uno legal, y hay una Secretaría General. 

¿Cuánta gente trabaja?
Hay 300 personas. 

¿Cuán avanzados están en materia de digitalización?
Teníamos una mora importante y tratamos deponernos al día. Cerca del 80% está digitalizado. Actualmente, tenemos una casa central donde estoy junto a los vocales y parte de la Mesa de Entradas y Secretaría Privada, pero el resto dela gente está distribuida en siete edificios que alquilamos. Cuando llegué, empezamos a desarrollar nuestro propio edificio que estaríamos en condiciones de inaugurar en cuatro meses. De ese modo, podremos tener un control mayor de cómo se trabaja. Eso es importante para superar la mora en la digitalización, pero también son relevantes las capacitaciones. 

¿Cuesta estar al día con las rendiciones? 
Puse en funciones a una empleada al frente de la Secretaría General para que arme dos equipos: uno, enfocado en las rendiciones atrasadas; y otro, para que trabaje sobre los hechos que se van produciendo. Si se audita solo lo viejo, nunca avanzamos. 

¿Cómo es el plan de trabajo del Tribunal? 
Las rendiciones de cuentas son semestrales. El Tribunal audita todos los fondos que maneje un funcionario provincial o municipal. Puede parecer que 300 empleados son muchos, pero ante las atribuciones que tiene el organismo, a veces no alcanza. 

¿Cuesta más que se presenten algunas rendiciones que otras? 
Poblacionalmente, Catamarca debe estar llegando a los 500.000 habitantes. La Capital es el 45% de la población y hay 10 municipios de 40.000 habitantes promedio cada uno. Son 36 municipios en total. En general no hay problemas. En tal caso, nosotros intimamos y, si no cumplen, empiezan las sanciones. 

¿Cuáles son las sanciones? 
Muchas veces hay multas por incumplimiento de la normativa o rendiciones mal hechas.Todas son multas de dinero. Si hay una ilegalidad o posibilidad de un delito, lo comunicamos a la Justicia para que se actúe. El espíritu del Tribunal de Cuentas no es la sanción por el hecho de sancionar. Queremos que se cumplan las normas y que el dinero haya ido donde debía ir, que se hayan realizado las cosas previstas. Tenemos facultades para poder auditar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En su momento, prescribió una causa por el uso de regalías mineras de Andalgalá, que implicaba un posible daño al erario público de $ 20 millones, basado en informes del Tribunal de Cuentas. ¿Qué siente cuando pasan cosas como esa? 
No fue un caso sencillo. Eso provocó un acuerdo del Gobierno provincial con los intendentes municipales para que no manejen más las regalías mineras y las pusieran en fondos fiduciarios, que son auditables, o se usen en obras concretas, no para pagar sueldos. Hace cuatro años que los intendentes no tienen manejo de ese dinero. 

¿Qué ocurre si alguien no está de acuerdo con la sanción impuesta? 
Puede apelar al Tribunal de Cuentas. Y si no está conforme con nuestro fallo, tiene la instancia de la Justicia, que muchas veces ha revocado fallos del Tribunal. Están todas las garantías dadas. Es completo el sistema. Todos tienen el derecho a defenderse en las distintas instancias.