El Congreso de la Nación modificó, en junio, la Ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, a menos de un año de su sanción. La normativa busca fomentar las actividades empresariales que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyadas en los avances de la ciencia y las tecnologías. “El futuro de la economía pasa, en gran parte, por ahí” señaló Agustín Campero, economista especializado en ciencia, tecnología e innovación. 

“La Ley 27.506 es muy relevante. Tiene como antecedente la Ley de Software que promovió la industria, tuvo mucho éxito y contribuyó a que Argentina sea un referente muy importante a nivel regional”, comenzó Campero. Sancionada en 2019 y modificada hace menos de un mes, “este régimen introduce a grandes áreas de la producción del conocimiento para que sean beneficiarias de ciertos incentivos fiscales, con el objetivo de promover la exportación de bienes o servicios y, también, de aumentar la cantidad de puestos de trabajo en las empresas”, añadió.
 
Los rubros a promover son los relacionados con la producción de Software y servicios informáticos y digitales, la realización y posproduccion audiovisual, la biotecnología, bioeconomía, bioinformática, neurotecnología, ingeniería genética, servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, nanotecnología, nanociencia, la industria espacial y satelital, proyectos de inteligencia artificial y robótica, entre otros.

Para Campero "hay que trazar grandes lineamientos de políticas públicas que marquen el camino del desarrollo de los próximos 20 años".

Al asumir, la actual gestión “decidió congelar los beneficios de la Ley, que apenas se comenzaba a aplicar, porque había aspectos con los que no estaban de acuerdo. Entonces, presentaron un proyecto para modificarla. Finalmente, en el Congreso llegaron a un texto consensuado y se aprobó con algunos cambios a principios de junio”, comentó el economista.

Entre las modificaciones introducidas, para Campero, hay algunas buenas y otras que no tanto. “Se facilitó el acceso de pymes y micropymes a los beneficios pero cambiaron el modo en que se entrega el dinero, volviéndolo más discrecional. Creemos que si bien tiene mucha legitimidad porque se discutió en las Cámaras, hay cosas que no fueron positivas. De todos modos, es una ley que viene muy bien para este sector”.

Más allá de las críticas, el economista festejó la norma. “No hay que atrasarla más, se tiene que empezar a aplicar. Es el rubro que tiene que impulsar el crecimiento de la Argentina en los próximos años.  Es necesario apostar a las empresas basadas en el conocimiento ya que son más dinámicas y nuestro país tienen mucho potencial como en el sector informático, la bioeconomía y la industria satelital, donde tenemos ventajas con respecto a otros países y mucha capacidad exportadora”.

Para Campero, estas industrias se vuelven fundamentales a la hora de pensar en “terminar o salir” de la cuarentena. “Es un buen momento para reflexionar sobre el mañana del país y pensar acuerdos de políticas públicas, por ejemplo, alrededor de la economía del conocimiento o sobre cómo promover el empleo en sectores energéticos. El gobierno no está haciendo las cosas demasiado bien, hay que llamar a un trato económico y social, convocando a todas las fuerzas con representación parlamentaria, y trazar grandes lineamientos que marquen el camino del desarrollo de los próximos 20 años”.

“No están preparando el escenario para los desafíos que va a tener la salida de la cuarentena. Es importante señalar que una crisis compleja como la que tenemos requiere un abordaje integral de cuatro patas: el sanitario, económico, social e institucional”, reflexionó Campero, quien además es vicepresidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y forma parte de la Fundación Alem, desde la cual lanzaron 20 puntos para salir de la cuarentena, entre los cuales destacó al 16 como el más importante: "No hay una dicotomía entre economía y cuidado de la salud, las dos cosas van de la mano. Las políticas públicas tienen que cuidar la salud y el bienestar, que está relacionado con lo económico”.

Entre otros puntos a resaltar, el ítem 19 llama a “terminar con el estado de excepción político y judicial”. Siguiendo esta línea, Campero apuntó: “La situación institucional está muy complicada, tenemos hechos de violación a los Derechos Humanos y de violencia institucional terribles en medio de la cuarentena. Hay que poner foco en lo que está pasando y acompañar los pedidos de justicia. Como es el caso de Facundo Astudillo Castro, en este momento. El Estado tiene que estar alerta con lo que está sucediendo”.