Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 10,2% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Para estas personas, trasladarse de un lado a otro puede convertirse en una misión dificultosa. Si bien desde el Ejecutivo señalan que el transporte público está compuesto por vehículos accesibles, desde la ONG REDI denunciaron que hay fallas en el sistema.

Uno de cada diez argentinos tiene alguna dificultad para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, caminar, subir escaleras, bañarse, vestirse, comer solo, comunicarse, aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento. En este contexto, los sistemas de transporte público pueden contribuir en generar entornos más inclusivos que disminuyan parcialmente las brechas entre personas con y sin discapacidad. 

“Las personas con discapacidad sufren al momento de viajar en transporte público”, afirmó Andrea Grassia (REDI).

Según datos oficiales del Ministerio, el transporte urbano cuenta -en la actualidad- con una flota compuesta en más de un 90% por vehículos accesibles, bajo las especificaciones técnicas del Decreto Nº 914/97.

Sin embargo, Andrea Grassia, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), dialogó con El Auditor.info e indicó que “los las personas con discapacidad sufren al momento de viajar en transporte público”. La periodista mencionó deficiencias claves y puntuales que dificultan la movilidad de estas personas como la falta de rampas en los colectivos y problemas en la accesibilidad de las estaciones de subte. 

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Tweet de Jorge Rivas▪Socialista en el Frente de Tod☀️s.

Ante el reclamo de REDI por la falta rampas en los colectivos, Jorge Rivas -director nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte de Nación- indicó que “los colectivos del área metropolitana están en un proceso de renovación constante de sus coches más antiguos”.

“Nada es unilateral, todo se dialoga y se consulta”, afirmó Jorge Rivas, director nacional de Estrategias Inclusivas, Accesibles y de Desarrollo Sostenible.

Grassia, por su parte, puntualizó que la problemática con los subtes "se centraliza en la accesibilidad de las estaciones, la mayor parte de estas no tienen ascensor y si lo tienen, no funciona. La escalera mecánica no sirve para las personas que usan sillas de ruedas, ellos y ellas necesitan el ascensor”.

En esta línea, la integrante de la ONG insistió en la “falta de consultas a las personas con discapacidad cuando se van a pensar políticas públicas”. Como contrapartida, Rivas manifestó que las consultas "se realizan constantemente" tanto a particulares como a a organizaciones no gubernamentales reconocidas en la temática”. Además, mencionó que en la cartera hay técnicos con discapacidad. “Nada es unilateral, todo se dialoga y se consulta”, concluyó el funcionario. 

Normativa

La Ley Nacional Nº 24.314 sancionada en 1994 establece la accesibilidad en los ámbitos urbanos, dispone como prioridad la supresión de barreras físicas y obliga al transporte público a ejecutar las adaptaciones pertinentes en un plazo de un año una vez reglamentada, lo cual sucedió en 1997.

Sin embargo, Rivas señaló que “la ley se cumple de manera despareja en todo el territorio nacional, con mayor o menor infraestructura de servicios accesibles y con unidades de transporte con diferentes soluciones técnicas”.

Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita en los servicios controlados por el Estado Nacional.

El funcionario indicó, además, que “las jurisdicciones del gobierno nacional trabajan en la adecuación y armonización de las normas aplicando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26.378)”.

Por otro lado, las personas con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita en los servicios controlados por el Estado Nacional, tal como se encuentra establecido en los Decretos Nº 38/2004 y N° 118/2006. 

En los colectivos urbanos deben exhibir el certificado de discapacidad y el DNI al ascender al vehículo. No obstante, Grassia manifestó que “a partir de la creación de la SUBE, las personas con discapacidad continuamos teniendo la gratuidad utilizando el CUD (certificado único de discapacidad) pero no hay nada que certifique nuestro viaje, no se nos brinda un comprobante”.