La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó el informe anual 2020 sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales y otros centros de detención de la Argentina. En el documento destacaron el aumento de muertes en el encierro, 58 fallecimientos en total, la cifra más alta del servicio penitenciario federal desde 2009. Por otro lado, se priorizó la solicitud de arrestos domiciliarios para la población de riesgo. 

La Procuración es el organismo encargado de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad dentro del régimen penitenciario federal.

La PPN registró 58 fallecimientos ocurridos bajo custodia y 176 averiguaciones por denuncias de torturas y malos tratos.

Ante la emergencia sanitaria se trazaron diferentes ejes de gestión con respecto al monitoreo. Se trabajó sobre la atención médica de las personas privadas de su libertad, así como también en medidas de higiene y de distanciamiento social y aislamiento sanitario. 

Por otro lado, se destacaron las gestiones de reclamos y medidas de fuerza. Las condiciones de encierro fueron parte central de las cuestiones a mejorar, además del contacto telefónico de las personas privadas de su libertad con sus familiares.

El documento expuso las prácticas de torturas, malos tratos y muertes en el encierro. Ramiro Gual, coordinador del Equipo de Fallecimientos en Prisión, presentó los datos en torno a la problemática. Detalló que hubo 58 fallecimientos ocurridos bajo custodia, de un total de unas 11.200 personas privadas de su libertad, la cifra más alta del servicio penitenciario federal desde 2009, y 176 averiguaciones por denuncias de torturas y malos tratos. En relación a esto, la PPN anunció recomendaciones dirigidas al Servicio Penitenciario Federal, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Ministerio de Salud de la Nación. 

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Sobrepoblación y prisión preventiva

Por otro lado, Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, exhibió indicadores sobre la evolución de la población detenida en cárceles y comisarías de la CABA y las principales violaciones de derechos humanos en el encierro. En marzo de 2020, las cárceles federales contaban con 13.971 personas detenidas, cuando la capacidad del sistema era de 12.678 plazas.

En esta línea, la Procuración Penitenciaria informó que el número de detenidos en prisión preventiva aumentó desde 2014 y este incremento de la población carcelaria es “una de las problemáticas más grave de los últimos años”. 

Al 30 de diciembre de 2020, 235 personas estuvieron alojados en alcaidías de CABA, a pesar de tener una capacidad máxima de 130 plazas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) señaló en un informe del año 2013, en el que evaluó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que “el 57% de los detenidos se encuentra procesado pero sin condena firme”, mientras que en los Complejos Penitenciarios Federales de Ezeiza y Marcos Paz, los no condenados representan el 85% y 76% respectivamente. 

En la actualidad, los números crecieron y la problemática se agravó. Hay más de 100 mil personas alojadas en las 62 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en las 32 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), además de los lugares de detención transitoria.

La directora del Departamento de Investigaciones, Alcira Daroqui, hizo referencia a la situación de las personas detenidas en alcaidías y comisarías. Mencionó que, al 30 de diciembre de 2020, había 235 individuos alojados en alcaidías de CABA, a pesar de tener una capacidad máxima de 130 plazas y para cortos períodos de tiempo. Además, se registraron 227 personas privadas de su libertad en comisarías vecinales, según el informe anual de la PPN.

801 personas fueron infectadas de COVID-19 en cárceles federales al 16 de septiembre de 2021.

Marta Monclús, directora del Observatorio de Cárceles Federales, enmarcó la situación sanitaria en las cárceles federales y presentó indicadores en relación a los contagios por COVID-19. 801 personas fueron infectadas en cárceles federales al 16 de septiembre de 2021, 26 fallecieron.

Se realizaron 1.818 testeos, se registró 44% de positividad. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2020, se documentaron 2.643 demandas de personas privadas de libertad por acceso a la atención, 1.537 por deficiencia en la atención médica, 228 por problemas con la entrega de medicación, 146 solicitudes de atención a la salud mental y/o tratamientos por drogodependencia y 68 deficiencias en la atención de enfermedades graves. 

Incendio fatal en Tucumán

El 3 de septiembre, cuatro presas murieron y siete efectivos resultaron heridos en un incendio ocasionado de manera accidental por una de las víctimas fatales en una de las celdas de la Brigada Femenina de Policía de la ciudad de Concepción, al sur de Tucumán.

Según trascendió, la Brigada no está preparada para alojar detenidas y fuentes judiciales confirmaron que en la cárcel de mujeres y en las seccionales de la capital provincial no hay cupo y por ello las condenadas se encontraban alojadas en este lugar.

Todas eran menores de 30 años. Llevaban meses esperando ser trasladadas a la Unidad 4 de Banda del Río Salí, única cárcel de mujeres de la provincia. La protesta del jueves 2 se inició por ese motivo. Y terminó en una tragedia que expuso la crisis de todo un sistema.