Derrumbe del Boliche Beara: 14 años de lucha por Justicia
Dos mujeres murieron y más de 50 personas resultaron heridas al caer un entrepiso. Ni los empresarios ni los habilitantes de la obra fueron presos.
El 10 de septiembre de 2010 se derrumbó el entrepiso del boliche Beara ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio de Palermo. Y lo que iba a ser una fiesta, terminó en tragedia. Dos jóvenes murieron esa noche. 14 años después las familias aún esperan justicia.
Aquella madrugada, a las 3:50 de la madrugada y a minutos de que terminara el recital de Ráfaga, el entrepiso en el que se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó. Ariana Lizarriaga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, fueron las víctimas fatales. Y más de 50 personas resultaron heridas.
El lugar estaba habilitado como casa de fiesta y funcionaba como discoteca de forma clandestina. Según las pericias, el entrepiso era de aluminio y durlock, de unos 10 metros de ancho por 7 de largo, a 10 metros de altura sobre la planta baja.
Irregularidades antes del derrumbe de Beara
Desde 2007, Beara tenía habilitación como restaurante, despacho de bebidas, café-bar y casa de fiestas privadas. A pesar de esto, funcionaba como boliche. El lugar había sido clausurado dos veces antes de que se derrumbara. Las clausuras fueron por funcionar como boliche a pesar de no contar con habilitación.
A la falta de habilitación, se le suma el exceso de asistentes. Esa noche habían concurrido más personas que la capacidad que tenía el boliche. En una entrevista, integrantes del grupo musical Ráfaga expresaron que aquella madrugada había más personas que las permitidas en el local.
Algunos testimonios de los empleados del lugar aseguraron sentir cómo temblaba y se movía el piso antes de que se derrumbara. También habían alertado a los dueños sobre las grietas que tenía el entrepiso. Más tarde, los peritos informaron que la construcción del entrepiso era deficiente, por lo que no toleró el peso de las personas.
Por otro lado, trabajadores del área de limpieza denunciaron ver cómo se “entregaban sobres” en calidad de sobornos.
La causa
El Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 fue el encargado de llevar adelante la causa. El juicio comenzó en febrero de 2022 contra las 17 personas imputadas, entre ellos exfuncionarios del gobierno porteño, empresarios del boliche y policías involucrados en sobornos que tuvieron como trágico final el derrumbe de Beara.
Los imputados:
- Los dueños de Beara: Iván Andrés Fliess, Juan Carlos María Yun y Agustín Dobrila. Los tres, acusados de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”.
- Gustavo Amarú, maestro mayor de obra responsable de la construcción del entrepiso. Fue imputado por los homicidios, las lesiones y por el delito de “falsedad ideológica de documento público”.
- Otros trabajadores del boliche Beara: el organizador del recital, Maximiliano Fratino. El encargado de la discoteca, Agustín De Grazia, acusado de cohecho activo. Y los gestores Matías Pantarotto y Leandro Camani.
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Martín Diego Farrel, ex director de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, ex jefe del Departamento de Esparcimiento; Isaac Rasdolsky, arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, todos acusados de homicidio culposo agravado y cohecho.
- Vanesa Ileana Berkowsk, ex directora de Fiscalización y Control acusada de "incumplimiento de deberes de funcionario público".
- Agentes de la Policía Federal: el comisario Rodolfo Cabezas, imputado por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas”. Y tres policías, Gustavo Flaminio, Julio González y Luis Acosta, imputados por “cohecho activo”, por recibir sobornos por parte de los dueños de Beara entre 2007 y 2010.
En junio del mismo año, los dueños de Beara y socios de la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que administraba el boliche Beara y el local Caramel, ubicado al lado, fueron condenados a tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación comercial, pero no fueron presos. También el maestro mayor de obras que avaló el entrepiso, Gustavo Amarú, recibió la misma pena. Los policías y ex funcionarios fueron absueltos.
El fiscal Oscar Ciruzzi en su alegato denunció que “todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas que era mucho más de lo permitido”.
Los tres condenados fueron culpados del delito de “homicidio culposo agravado” de Ariana y Leticia, de lesiones culposas graves y leves de los heridos en el derrumbe de Beara. Pero por el carácter condicional de la pena, no irán a prisión si cumplen con las condiciones que impuso el tribunal. El fallo consideró que no existieron coimas a funcionarios y policías.
Derrumbe de Beara: ¿Quiénes eran las víctimas?
Ariana y Paula eran amigas. Ariana vivía con sus padres en el barrio de Floresta. Estaba en el segundo año de la carrera de abogacía. Además tomaba clases de inglés y danza jazz. Había renunciado al call center donde trabajaba y había comenzado a buscar trabajo en estudios jurídicos. Esa noche estaba de festejo con su amiga Paula.
La familia
En el fallo, el Tribunal no aceptó los alegatos de los abogados que representaban a los familiares de Paula Provedo y Ariana Lizarriaga. Los declaró nulos y no tomó en cuenta los pedidos de condena. La familia Provedo había solicitado para los ex funcionarios una pena de cinco años de cárcel y una inhabilitación por diez años.
La familia Provedo, al conocerse la condena, apeló la absolución de los funcionarios porteños y pidieron que se realizara un nuevo juicio oral. Por su parte, la familia de Ariana, no apeló pero denunciaron “vejámenes” del proceso judicial. Al día de hoy, ningún responsable fue preso por el derrumbe en el boliche Beara.
Los cambios después del derrumbe de Beara
La tragedia en el boliche Beara derivó en que la Agencia Gubernamental de Control endureciera las normas vigentes al momento del hecho. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2010 firmado por el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, se incorporaron nuevos requisitos.
En la normativa se establece que el rubro “Casas de Fiestas Privadas” es incompatible para funcionar como café, casa de lunch o bar. Además, prohíbe la venta de entradas, de bebidas y comidas. También establece un límite de personas por metro cuadrado.
Desde entonces, los locales con actividades nocturnas deben contar con un cartel luminoso de 50 cm por 25 cm. El mismo debe indicar la capacidad autorizada del lugar y otro cartel con la capacidad alcanzada.
El DNU que surgió después del derrumbe de Beara establece que los recitales deben realizarse mediante un contrato. Asimismo, estipula que cuando concurren más de 150 personas, se considera espectáculo público para el cual se debe tramitar un permiso especial. El objetivo es evitar que los locales se transformen en boliches sin estar habilitados. El último cambio es la incorporación de un experto en seguridad e higiene para habilitar la capacidad del local.