A 15 años de la vigencia de la ley 25.916, “la mayoría de los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos no fueron cumplidos”, observó la Auditoría General de la Nación (AGN) en un reciente relevamiento que evaluó la gestión de la ex Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre el 2016 y el 2018.

Este medio dialogó sobre los hallazgos y observaciones con la secretaria de Ambiente de APOC, Sol Klas, que se mostró preocupada por la situación. “Los municipios del país recorridos no tienen los recursos para gestionar adecuadamente sus residuos, muchos no cuentan con la capacidad técnica ni financiera para llevar adelante una recolección diferenciada. Tampoco han implementado un sistema de separación y valorización adecuada que les permita comercializarlos, ni una normativa que exija a los productores incorporar los residuos como insumos valorizados en las cadenas de producción. Los más de 2200 municipios tienen más responsabilidades legales que capacidades reales para la gestión”, informó.

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“Hay que repensar la forma de gestionar los residuos”, expresó Klas quien formó parte del equipo de auditoría. Actualmente la ley 25.916 dispone a las jurisdicciones locales como las responsables de la problemática. “Los basurales a cielo abierto están prohibidos pero existen a lo largo y ancho del país. Salís y los encontrás a un lado u otro de las rutas. Entonces es necesario pensar una adecuación normativa que los obligue y líneas de financiamiento puntuales”, agregó Klas.

Entre los ejemplos más alarmantes de la muestra relevada por la AGN se encuentra la provincia de Jujuy. El basural a cielo abierto “El Pongo” tenía que ser saneado, pero hoy funciona un vertedero que no llega a ser controlado, hay jeringas, material patológico muy peligroso que no está dispuesto como corresponde. "Caminábamos por el basural y nos encontrábamos con residuos que no integran la categoría de urbanos. No se está controlando qué, dónde y cómo se disponen. Todo termina en el basural donde hay recuperadores trabajando sin ningún tipo de protección”, comentó Klas.

Este no es el único caso de la provincia jujeña. El Centro Ambiental Chanchillos y el basural a cielo abierto de Palpalá también registraron diferentes falencias.

“Las consecuencias ambientales son terribles. Se demostró que los basurales que tenían que cerrar en Jujuy no solo no se cerraron ni se sanearon, sino que crecieron. Todos los desechos que tenían que ir a Chanchillos, al no funcionar la planta, aumentaron exponencialmente. Los recuperadores siguieron trabajando en los basurales a cielo abierto, con todo mezclado, con problemas graves de contaminación y junto a residuos peligrosos de hospitales”, explicó Matías Salguero, auditor de campo de la AGN.

Según el informe, el financiamiento de ENGIRSU solo se realizó durante el periodo auditado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Al suspenderse el financiamiento propio, el Estado deja de atender las necesidades de la mayoría de municipios argentinos no turísticos menores a 20.000 habitantes, que requieren no sólo un asesoramiento técnico sino también financiero y económico para adquirir los elementos mínimos en el logro de una correcta GIRSU”, se lee en las conclusiones.  

En Argentina la generación de residuos representa el 4% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, desde el organismo de control, constataron la falta de información. Los datos e indicadores del Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos no estaban actualizados. “Este ente es muy importante porque puede dar cuenta del avance de los objetivos y de las estrategias, eso se fue diluyendo en el tiempo y no se actualizaron los datos, los cuales no nos servían porque eran muy antiguos y no entraban en el periodo auditado”, resaltó Salguero.

“El Estado nacional tiene que tener una política de Gestión de Residuos. Falta articulación con las provincias. Tiene que ir al territorio, brindar capacitaciones y mecanismos para conseguir financiamiento. Es una deuda muy importante”, enfatizó la especialista en gestión ambiental. “Es un tema clave, sobre todo vinculado a la salud de la población y los riesgos que conlleva su mala gestión como la contaminación del agua, del suelo y problemas de salud. Además, la emisión de metano, un potente gas de efecto invernadero, es otro gran problema que contribuye al cambio climático”.

En Argentina la generación de residuos representa el 4% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para Klas, “tenemos la posibilidad técnica y el conocimiento para recuperar el metano y evitar que se ventee a la atmósfera. Hoy son muy pocos los rellenos sanitarios que los captan y lo aprovechan como gas natural. El desafío es enterrar la menor cantidad posible de residuos, reciclar más para que vuelva a la economía circular. Enterrar residuos es la peor solución. Existe tecnología para hacer las cosas más eficientes, pero la gestión integral del Estado nacional, los provinciales y los municipales está fallando”.

El Colegio de Auditores en el momento de aprobar el informe en julio de este año solicitó que se realice un seguimiento el año próximo. En este sentido, Salguero subrayó la importancia del control externo ambiental, “actualmente no se hace en las provincias, que son las titulares de sus recursos y sin embargo no ejercen controles sobre ellos. Los tribunales de cuentas deberían tener áreas ambientales para poder corregir los desvíos que existan”.