El 30 de septiembre de 2010 el Congreso nacional aprobó la ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Tal y como lo indica su nombre, la norma sancionada busca que el Estado aporte capital a la conservación de estas reservas estratégicas de recursos hídricos ¿Se cumplió el objetivo? En diálogo con El Auditor.info especialistas de diferentes ámbitos dieron su opinión al respecto.

Para la Directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani , “a partir de la sanción, los glaciares y los ambientes periglaciares pasan a estar en la agenda pública”. Esto hizo que se ponga “sobre la mesa su importancia como reguladores de nuestro sistema hídrico”.

Por su parte, Laura Rocha, periodista ambiental y presidenta de la ONG Periodistas por el Planeta, resaltó que la norma “detuvo 44 proyectos mineros que estaban en zonas glaciares o periglaciares y que sin esta ley hubieran avanzado”. Además destacó que desde hace un año tiene rango constitucional, otorgado por la Corte Suprema de Justicia, una situación que “había quedado pendiente desde su sanción”. 

En esta línea, el abogado ambientalista Enrique Viale argumentó: “fue un antes y un después en el Congreso Nacional porque fue la primera vez que el parlamento se animó a votar una ley que ponía un límite a la actividad minera en el país, cuando siempre fue el lugar en donde permanentemente se les había dado beneficios como con la ley de inversiones mineras”. 

También consultada por este medio, la periodista especializada en cambio climático, Tais Gaeda Lara, consideró que “el principal avance fue, con todas las idas y vueltas y presiones desde ciertos sectores, que la ley sirvió como una herramienta clave a través de la cual la sociedad civil pudo exigir su cumplimiento y evitar nuevos proyectos mineros, garantizando la protección de los glaciares”. 

"Se apela a los extractivismos para poder tener ingresos rápidos de moneda extranjera", reflexionó Rocha

Más allá de los beneficios tangibles producidos por la norma hay ciertos aspectos que todavía continúan pendientes. “En el contexto de un país con necesidades económicas se apela a los extractivismos para poder tener ingresos rápidos de moneda extranjera y la minería aparece siempre como uno de los cantos de sirena más efectivos”, explicó Rocha y agregó que “las provincias que tienen a la minería como actividad central muestran un índice de pobreza más alto que en el resto del país”. 

Sobre este punto Marchegiani indicó que hoy en día se sigue apostando a conseguir inversiones en zonas en las que, por la norma, no se pueden explotar para minería e hidrocarburos. “Este es el tema central, respetar la decisión política estratégica que tiene una década y que protege los recursos para la población y la naturaleza”, reflexionó. 

“Haría falta seguir garantizando su cumplimiento y control ante las actividades e intereses de ciertas empresas mineras, y que el próximo año la actualización del inventario de glaciares sea más completa en sus definiciones (especialmente en lo que refiere a los cuerpos de hielo de menor tamaño)”, remarcó Tais Gaeda Lara. 

Por último, Enrique Viale también recordó que el año que viene hay que actualizar el inventario que fue presentado en 2016. "El actual está bien pero incompleto. No tiene inventariado los glaciares de menos de una héctarea y a todo el ambiente periglaciar como lo establece la ley, la cual dice que cualquiera sea su forma o dimensión debe estar en el documento”, detalló. 

La ley y la AGN

El organismo de control también estuvo atento a lo que pasaba estos años con el cumplimiento normativo. En 2018, luego de analizar el trabajo del Ministerio de Ambiente de la Nación, la Auditoría indicó: “no es posible afirmar que los glaciares estén efectivamente protegidos”.

La AGN explicó que la Ley 26.639 generó una “gestión compartida” de recursos, la cual  “requiere de la articulación, compromiso y cooperación entre organismos nacionales y provinciales, acciones que no se han verificado en la presente auditoría”.

“El Ministerio debía velar por el monitoreo y fiscalización de estas reservas hídricas estratégicas pero no ha coordinado con las provincias en el ámbito del COFEMA las acciones de protección, no ha prestado asistencia técnica a las jurisdicciones y ha contribuido con escaso financiamiento para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares (ING)”, sentenció el organismo de control.

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El documento concluía que, una vez implementada la Ley 26.639, “Argentina contará con información para plantear estrategias de adaptación al cambio climático, hacer frente a eventos de escasez hídrica y planificar proyectos de infraestructura y actividades socioeconómicas de manera sustentable”.