Protección social: el 42,5% de los beneficios se destinó a menores de 18 años
Hasta 2019, infancia y adolescencia sumaban algo más de 9 millones de transferencias, con una participación del 1,2% del PBI. El informe parlamentario también detalló que el 35,8% de las prestaciones fue a adultos mayores, el 12,7% a la población en edad de trabajar, mientras que el resto se dirigió a planes como excombatientes y tarjetas alimentarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el 42,5% de los beneficios de protección social otorgados hasta el año pasado se destinó a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Ese grupo etario recibió en 2019 poco más de 9 millones de transferencias monetarias directas, una cifra conformada, en primer lugar, por 4,8 millones de asignaciones familiares, percibidas por trabajadores públicos y privados en relación de dependencia, beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, y adultos mayores con menores a cargo.
Los otros 4,2 millones de beneficios corresponden a las asignaciones Universal por Hijo (AUH), destinadas a trabajadores de la economía informal, del servicio doméstico, monotributistas sociales, desocupados sin seguro de desempleo e inactivos sin prestaciones de seguridad social, y la Universal por Embarazo (AUE), para futuras madres a partir de las 12 semanas de gestación.
En total, estas categorías percibieron, solo el año pasado, $ 253,6 millones, lo que equivale al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
En su informe, del que este medio ya dio cuenta, la OPC aclaró que se basó en “cantidad de beneficios y no de beneficiarios (por) la falta de disponibilidad de bases nominativas, que permitan identificar al destinatario de las transferencias sin incurrir en doble contabilización, en caso de recibir una persona más de una prestación”.
Como se advierte en el cuadro anterior, el panorama de la protección social dividido por grupos etarios se completa con transferencias a adultos mayores, a personas en edad de trabajar e iniciativas cuyos beneficios están condicionados a la presencia de una determinada circunstancia, sin considerar la edad del destinatario.
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Segundos, pero primeros
Dentro del mencionado panorama, tras los menores de 18 años aparecen los adultos mayores, que recibieron unas 7,6 millones de prestaciones y representaron el 35,8% del total de beneficios.
No obstante, pese a ocupar el segundo lugar en cantidad de beneficios, los giros al grupo de adultos mayores equivalieron al 7,7% del PBI, es decir, la mayor participación dentro del universo de protección social del año pasado.
Los componentes más importantes de la categoría son las transferencias destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), conformadas por casi 5 millones de jubilaciones y 1,6 millones de pensiones.
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A su vez, quienes integran el SIPA también reciben otras prestaciones, como los subsidios a las tarifas de servicios públicos, a la contención por fallecimiento de familiares y por cónyuge, que suman unos 727 mil beneficios.
Por otra parte, en 2019 el Estado pagó otras prestaciones previsionales a regímenes independientes, como los retiros de Fuerzas Armadas, Seguridad, Policía, Penitenciarios y de Parques Nacionales, que totalizaron casi 149 mil transferencias.
Para completar la categoría, la Nación entrega beneficios no contributivos a la población adulta que no puede acceder a los regímenes convencionales.
En este caso se destacan, por un lado, la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que consiste en 134 mil beneficios para mayores de 65 años, equivalentes al 80% de la jubilación mínima; y, por el otro, se otorgaron 1.632 pensiones por vejez a mayores de 70 años, que ascendieron al 70% del haber mínimo.
Las edades centrales
Asimismo, el universo de protección social también cubre a personas de más de 18 años y menos de 60, en el caso de las mujeres, y de 65 en los hombres.
Esta franja, que la OPC denominó “las edades centrales”, está pensada para “mitigar los riesgos asociados al desempleo y la invalidez, y garantizar la terminalidad educativa”. Son “más de 10 programas o políticas sociales que, en conjunto, brindaron 2,7 millones de beneficios en 2019 (el 12,7% del total de transferencias) e implicaron un gasto equivalente al 1,1% del PBI”, explicó el informe.
La mayor cantidad de transferencias dentro del grupo corresponde a las pensiones no contributivas por invalidez, gestionadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y destinadas a algo más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad y que acrediten una disminución del 76% en su capacidad laboral.
El podio se completa con las 571 mil becas Progresar que entregó el Ministerio de Educación, y el Salario Social Complementario, orientado a trabajadores de la economía popular, que sumó 320 mil beneficios.
Además, aparecen los programas Haciendo Futuro, del Ministerio de Desarrollo, y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, ejecutado por la cartera laboral que, en conjunto, suman 358 mil transferencias.
La categoría también incluye 187 mil retiros o jubilaciones por invalidez, que reciben aquellas personas con una incapacidad física o intelectual superior al 66% y que no completaron los años de aportes para acceder a los haberes ordinarios.
Del resto, unos 235 mil beneficios, se destacan los correspondientes a seguros de desempleo, becas de estudio y al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), para los trabajadores de empresas en emergencia.
Para completar, la OPC agregó programas “que no están destinados a un grupo etario específico, sino que el derecho a percibir sus beneficios está condicionado a la presencia de una determinada circunstancia”.
Hasta el año pasado, este grupo estuvo conformado por siete tipos de beneficios, entre ellos las tarjetas alimentarias, los subsidios a las madres de 7 hijos o más y las pensiones destinadas a excombatientes de Malvinas, que sumaron 1,9 millón de transferencias y un gasto equivalente al 0,3% del PBI.
En la próxima -y última- entrega dedicada al universo de protección social, se abordará la distribución de los beneficios según su fuente de financiamiento.