Juan José Böckel: "Seguimos insistiendo con la designación de un defensor titular"

Juan José Böckel es el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que desde hace 15 años está acéfalo. En el marco de la serie de entrevistas Defensores de la Argentina, Böckel dialogó con El Auditor.info y explicó cómo funciona, cuáles son sus limitaciones en este contexto y la cantidad de veces que le solicitaron al Congreso de la Nación que cumpla su obligación de designar un Defensor. 

- ¿Cómo funciona y cuáles son las consultas que más reciben?

El rol de la Defensoría es casi el mismo de siempre, con dos limitaciones: una es la legitimación procesal y la otra es el hecho de no contar con un defensor titular, que es un tema de jerarquía. Mucho no creo en la legitimación procesal, porque creo en la tradicional división de poderes y porque además la mayoría de las instituciones de derechos humanos en el mundo no tienen legitimación, salvo en Latinoamérica y en España, pero en España es muy limitada.

En nuestro caso no era amplia, pero tampoco dio muy buenos frutos. Son mecanismos distintos, lo que es la Justicia y lo que es la Defensoría. Así que seguimos con el mismo tipo de actuación, pero sin hacer juicios.

- ¿La ciudadanía hace uso de la Defensoría?

La ciudadanía participa y concurre, pero desde la pandemia en adelante, lo que notamos en ese momento es que se recibieron quejas a través de WhatsApp fundamentalmente y también a través del resto de las redes sociales. Este número se ha mantenido constante, pero las consultas por WhatsApp han crecido aún más. Muchas personas prefieren hacerlo de esa forma, más que de forma presencial. Tanto acá, como en las oficinas en el interior del país.

- ¿Cuántas oficinas en el interior del país tiene la Defensoría?

En casi todas las provincias, menos en Santa Cruz, pero no son oficinas propias. Funcionamos en colegios públicos de abogados y en algunos casos en la Defensoría provinciales por una cuestión de gastos y presupuesto. En total en todo el país somos alrededor de 250 trabajadores. 

- En estos nueve años en la Defensoría, ¿Cuáles son los logros que destacas? 

Desde que quedé a cargo de la Defensoría, traté de manejarla como un organismo colegiado. Con los jefes y jefas de áreas tratamos los temas de manera conjunta, tenemos un contacto diario y permanente. Es una Defensoría chica en cuanto a personal, entonces esto nos permite tener esta inmediación con cada una de las áreas. 

Desde el 2015 en adelante, nos volcamos hacia una de las labores principales de una Defensoría, que es la participación en los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que hemos ahondado en nuestro rol de contralor. Presentamos siempre un informe paralelo y oculto, el “Informe Sombra”, al que hace el gobierno en ejercicio con respecto al examen periódico universal. Este es el examen más importante de las Naciones Unidas porque lo tienen que prestar todos los países miembros de Naciones Unidas, obligatoriamente por el solo hecho de ser miembro.

El Estado presenta uno y nosotros presentamos el “Informe Sombra”, donde observamos cómo se cumple, si parcialmente o directamente no se cumple y damos las razones. En los casos en que se puede, hacemos indicadores para hacer medición. Este informe no es público.

Además, participamos mucho con el Consejo de Derechos Humanos, donde fui invitado todos los años para hablar ante todos los miembros del Consejo.

-¿En qué trabajan actualmente?

En la actualidad, hemos tenido actividad con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), hemos hecho la vinculación de los exámenes periódicos universales con lo que son los objetivos y metas de la agenda 2030. Y sacamos el Observatorio de Femicidios. 

Por otro lado, tenemos una serie de programas que dieron buenos frutos. En el año 2017 comenzamos con el Programa de Empresas y Derechos Humanos, el cual fue creciendo y fuimos haciendo reuniones con mayor presencia de las Naciones Unidas. Participamos de un proyecto con ayuda del ACNUDH, de la OIT, de UNICEF y de la Unión Europea, donde tratamos de influir en la conducta empresarial responsable. Esto dio como resultado que el Ejecutivo, el año pasado, nos pidió que elaboráramos la línea de base para un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Lo realizamos y se aprobó a fines de noviembre del 2023 y en la actualidad está en proceso de revisión, porque estos mecanismos se tienen que revisar y actualizar. 

También tenemos un programa de identidad biológica. El Ejecutivo tiene un banco de datos y una estructura para llevar a cabo estos casos, pero solamente lo restringe a la época del proceso militar. Lo que hicimos fue ampliarlo, porque hay gente que busca a sus padres, hermanos y fueron previos o posteriores a la dictadura militar. En este proyecto de identidad biológica detectamos un poco más de 200 personas que localizamos. Sin embargo, no todas concluyeron en un reencuentro porque muchas veces se les notifica y luego no quieren reencontrarse.

- Cuando reciben una consulta o reclamo: ¿cómo interviene la Defensoría? 

No somos mediadores, puede ser que a veces de una manera indirecta seamos un método alternativo, pero no es de la figura típica del mediador. Iniciamos una investigación sumaria, tiene que ser breve porque ese es el fundamento de la Defensoría: evitar los largos y engorrosos procesos judiciales. Pedimos distintos antecedentes al organismo correspondiente y, a veces, a organismos que cumplen alguna función semejante para ver qué otro material podemos colectar para la actuación. Luego de ello, si son satisfactorias las respuestas y se condicen con lo manifestado con el actor, tratamos de buscar la solución.

Nuestro objetivo no es pelear con el Estado, es solucionar el problema.

Y si la respuesta no es satisfactoria podemos a veces pedir alguna aclaración, pero lo ideal es no demorar mucho más el trámite. Nuestra meta es solucionar la disfunción: solucionar el problema del quejoso, pero si no lo podemos solucionar y tiene una gran verosimilitud y la respuesta del organismo directamente interesado no es satisfactoria, ahí hacemos una resolución. Muchas veces los organismos no nos contestan, entonces en vez de intimarlos, nos dirigimos al superior para que interceda y nos conteste, porque nuestro objetivo no es pelear con el Estado, es solucionar el problema.

Nos consideramos colaboradores del Estado para que cumpla sus fines. Así que esas intermediaciones con los superiores nos han dado resultado. Luego, se realizan recomendaciones al organismo correspondiente. Según el Artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se trata de Derechos Humanos nosotros tenemos una competencia ampliada, así que nos dirigimos tanto a personas públicas como a personas jurídicas estatales y no estatales.

Y luego de la resolución, si no adoptan los recaudos necesarios para solucionar el tema, porque nos tiene que contestar, entonces elevamos un informe especial o va en el informe anual al Congreso de la Nación.

- A 15 años sin titular de la Defensoría del Pueblo de Nación: ¿ves necesario que se designe un Defensor?

¡Sí, por supuesto! Además, hemos solicitado a las Naciones Unidas que intercedan. Para ello, primero le pedimos al Congreso y les enviamos un resumen de los principios de París que deben seguir para la designación de un defensor, garantizando así su independencia. Insistimos tanto con el Congreso como con las Naciones Unidas que logramos mantener el Estatus A, el cual, acaban de renovarlo por cinco años más al comprobar nuestra independencia. No solo hemos mantenido ese Estatus A y la plena participación, sino que además fui designado miembro de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). En ese marco, seguimos actuando y además somos presidentes del grupo de empresas y derechos humanos de esta alianza.

Seguimos insistiendo en la designación de un defensor titular porque hace falta para una mayor calidad institucional. El desarrollo solamente se logra con una buena calidad institucional. Cuando la buena calidad institucional permita el funcionamiento de toda la administración de manera eficaz, que atienda a todos los sectores de una sociedad, en ese momento habrá un verdadero desarrollo.

- ¿Podrías ser designado como titular si el Congreso lo decidiera?

No, porque requiere una audiencia pública, requiere la presentación de antecedentes, requiere el apoyo de la sociedad civil, y todo eso exige transparencia como establecen los principios de París. Si a mí me designa titular, la bicameral, al otro año vamos a perder el Estatus A por no seguir los principios.

-¿Hay alguna razón por la cual en estos 15 años el Congreso no designó un titular?

Creo que es un tema político, es decir, se exige una mayoría muy calificada, dos tercios de las dos cámaras del Congreso. Eso ha sido lo que ha impedido. Creo que no hay otra razón, porque en algún momento hacia finales de la época de Macri se intentó hacer un proceso para la selección de defensor, pero ahí quedó, se intentó, se inició y se ve que no había mayoría de ninguna naturaleza y bueno, y ahí quedó estancado y trunco el proceso.