El Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021, presentado por la Contraloría de Perú, evalúa a las entidades estatales respecto a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión. 

El INCO estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas. Sus primeros resultados muestran que 9 de cada 10 entidades presentan problemas de corrupción e inconducta funcional, es decir, han dado positivo para dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad.

Los sectores más afectados

Los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones, son los que presentan mayor problemática, mientras que, a nivel de monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional. 

El INCO también señala que las entidades de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior tienen puntajes que alcanzan los niveles de alto y muy alto en dicho índice, mientras que las provincias que encabezan el ranking son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8). 

La presentación de la herramienta se dio en conjunto con el lanzamiento del Observatorio Nacional Anticorrupción y su objetivo es convertirse en la plataforma nacional y oficial de información, así como evidencia para el estudio de la corrupción en el país. El INCO es la primera de varias herramientas analíticas interactivas que promoverá el Observatorio.