Privatizaciones de empresas públicas: ¿Cuál es el rol de los organismos de control?
Tanto la Auditoría General de la Nación como la Sindicatura General de la Nación tendrán una participación activa en el proceso ya que deben colaborar permanentemente con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. ¿En qué instancias intervienen y cuáles son sus funciones?
En agosto el Gobierno nacional reglamentó el Título II de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, donde se establece la privatización de ocho empresas del Estado. ¿Cuál será el rol de los organismos de control en las privatizaciones? ¿Qué otras experiencias hubo en la historia argentina?
Las empresas que están sujetas a privatización son Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio e Intercargo. Las sujetas a privatización o concesión son AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. Dentro del paquete a privatizar se encuentran cuatro centrales hidroeléctricas de la Patagonia: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Si bien algunas, como Aerolíneas Argentinas y Tandanor quedaron fuera de la Ley Bases, la actual gestión insiste con esas privatizaciones a partir de la presentación de nuevos proyectos de ley. En caso de la aerolínea de bandera, cuyos servicios fueron declarados esenciales en el marco de un conflicto gremial, el deseo se hizo explícito a través del vocero presidencial, Manuel Adorni: “El Gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas, en caso de que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”.
¿Cuál es el rol de los organismos de control?
En el Artículo 13 de la Ley Bases se establece que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley 23.696 de 1989, “intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley”.
En este mismo apartado, se indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán colaborar permanentemente con dicha comisión.
Además, la normativa expresa en su Artículo 14 que la AGN debe realizar un examen sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas, para evaluar el cumplimiento tanto de los aspectos legales como financieros. El informe debe ser realizado una vez finalizado el proceso y en un plazo de 120 días hábiles. El mismo debe ser presentado ante la Comisión Bicameral antes mencionada.
El control previo queda en manos de la SIGEN, según lo estipula el Artículo 20 de la Ley Bases. El organismo de control interno tendrá intervención previa en la que deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa en cuestión.
El documento tendrá que tener información detallada sobre los aspectos patrimoniales, financieros, económicos y operativos, con observaciones y sugerencias que deben ser consideradas tanto por el Ejecutivo como por la Comisión. El mismo debe ser realizado en 15 días hábiles.
Luego de que los organismos de control realizan dichos informes, quedan en manos de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. De ella depende tener en cuenta los hallazgos y observaciones realizadas por ambos entes.
El después
Dentro del proceso de privatizaciones, la AGN tiene dos funciones. Una es la mencionada anteriormente, de colaborar con la Comisión y elaborar el informe. La otra es evaluar la ejecución del contrato de privatización, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa privada y el rol que desempeña el organismo regulador del Estado.
La periodicidad de este análisis dependerá de cuándo se incluya en el Plan Operativo Anual de la AGN, donde se establece qué va a auditar el organismo cada año. Por ejemplo en el POA de 2022 se incluyó una auditoría a Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) sobre la gestión del control respecto a un ferrocarril de carga concesionado y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de ese concesionario.
Antecedentes
A lo largo de la historia de Argentina, varias empresas públicas fueron privatizadas, especialmente durante la década de 1990 bajo la presidencia de Carlos Menem, como parte de un plan de reforma económica.
Algunas de ellas fueron Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1993, que luego en 2012 fue parcialmente reestatizada; Gas del Estado, en 1992, la cual se dividió en varias compañías; Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, en 1992, también dividida en EDENOR y EDESUR; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en 1990, de la cual surgen Telecom y Telefónica.
En el sector de transporte, Ferrocarriles Argentinos fue parcialmente privatizada en 1993, momento en el cual varias líneas pasaron a manos de empresas privadas. Y, Aerolíneas Argentinas, en 1990, reestatizada años después en 2008.
Se suman también Obras Sanitarias de la Nación, Correo Argentino, Banco Hipotecario y la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), todas en la década de los 90 y algunas de las cuales volvieron a manos del Estado.
En estos años, los organismos de control encargados de fiscalizar las privatizaciones y luego el cumplimiento de las obligaciones contractuales eran la Sindicatura de Empresas Públicas, actualmente disuelta, y el Tribunal de Cuentas de la Nación (hoy AGN). El proceso estaba separado en actos: llamado, evaluación de ofertas, preadjudicación, adjudicación y firma del contrato; y cada acto pasaba por el examen del organismo de control correspondiente.