Residuos peligrosos: avanza el proyecto para actualizar el valor de las multas

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado dio dictamen favorable al proyecto de ley que busca actualizar las multas de la Ley 24.051 de residuos peligrosos. La iniciativa ingresó al Congreso de la Nación en 2021, en 2022 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora la Cámara alta tiene hasta fin de año tiempo para su debate, fecha límite ya que entonces pierde estado parlamentario.  

La Ley 24.051 de 1992 regula los residuos peligrosos, sus generadores, operadores, transporte, plantas de tratamiento, disposición final, responsabilidades y sanciones. En su Capítulo VIII establece que ante una infracción podrá regir una multa de “50 millones de australes convertibles, hasta 100 veces ese valor”. A más de 30 años de dicha ley, los montos quedaron desactualizados.

El proyecto que busca actualizar las multas y sanciones fue impulsado por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y lleva la firma de Paula Villani, directora de Infracciones Ambientales del Ministerio. “Hoy las multas están a un tope de $500.000 y pierden capacidad positiva. En estos casos es más trabajo judicializar multas con montos tan bajos”, comentó. También participó del armado de la iniciativa Oscar Taborda, director nacional de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos.

“Estamos hablando de que una infracción con residuos peligrosos conlleva un nivel de riesgo de daño para la sociedad y el ambiente muy elevado. Si no hay recaudos o el Estado no tiene capacidad coercitiva o para el cumplimiento de la normativa, y la multa termina siendo ineficaz a razón de su monto, es como dar piedra libre a las empresas”, mencionó Villani.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene jurisdicción plena sobre el control de importaciones, exportaciones de estos materiales, “pero sobre todo en los casos que tienen que ver con el transporte sustancias de una jurisdicción a otra más aquellas empresas que tienen sus establecimientos inscriptos en los registros nacionales", afirmó.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La iniciativa propone fijar los montos de las multas en una escala de 900 a 900 mil unidades retributivas. “Pedimos en el proyecto que la ley sea como otras leyes donde la multa no sea fija y que los montos se actualicen en base a unidades fijas. De esta manera las sanciones se van actualizando automáticamente con las paritarias al aumentar el sueldo estatal”, explicó Villani. 

De esta forma, el valor quedaría más razonable acorde a los tiempos que corren. “Las multas van a oscilar en base a la cantidad de unidades retributivas que se les establezca como sanción, el monto mínimo actual quedaría en $27 millones y el máximo en $275 millones para casos absolutamente extraordinarios”, expresó Villani. El dinero recolectado con las multas debería entrar, según la normativa, en las arcas de esta cartera.

Asimismo, otro de los cambios que trae consigo el nuevo proyecto de ley es que dispone la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos que implica el cese de las actividades y la clausura del establecimiento.

Si se le quita la inscripción, el Estado pierde la facultad de contralor. Para Villani, "no sirve sacarles el certificado de funcionamiento ante los incumplimientos, sino que lo que hay que estar o intentar como Estado es que las empresas que tienen algún problema adecuen su funcionamiento o cumplan. No quitarlas del ámbito del control como sanción”.

Actualmente la autoridad de aplicación de las sanciones es el MAyDS. La Dirección de Residuos Peligrosos del Ministerio está a cargo del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, y del sistema informático SIMEL que tiene como objetivo asentar las operaciones, generaciones y el transporte de estos desechos dentro del territorio nacional. 

Multas aplicadas

A través de un pedido de acceso a la información pública, realizado por El Auditor.info al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pudo analizar las multas establecidas en 2022 y 2021. Durante el año pasado se aplicaron tres multas con montos de $250 mil. Y durante 2021 unas ocho sanciones que van de los $80 mil a $300 mil. Montos que actualmente no representan un gasto significativo para las empresas.

¿Qué son los residuos peligrosos?

Estos residuos se categorizan como tales por sus características de peligrosidad intrínsecas. "Algunos pueden ser explosivos, corrosivos, tóxicos o ecotóxicos, como en el caso de los patogénicos. Tienen la particularidad de ser residuos que implican un potencial riesgo para la salud o el ambiente. Por esto, deben ser tratados de una manera diferenciada y particular para eliminar la peligrosidad y volverlos inocuos”, señaló Giselle Munno Dithurbide de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en comunicación con este medio.

Los mismos se encuentran definidos en los Anexos I y II de la Ley 24.051. Hay más de 40 categorías de estos residuos. Entre ellos están los clínicos, patogénicos, fitosanitarios; aquellos resultantes de la industria química o bien que contienen cianuro, aceites minerales, mezclas de hidrocarburos; residuos alquitranados producto de la refinación o destilación; productos resultantes de la fabricación de pinturas, resinas y adhesivos; desechos de carácter explosivo, entre otros. 

En nuestro país, la generación de este tipo de residuos depende de las actividades que preponderan en cada jurisdicción. “En algunas hay mucha actividad agrícola, por lo tanto prolifera el uso de agroquímicos y se generan  residuos fitosanitarios, que corresponden a la corriente Y4. También son muy comunes los residuos patogénicos que se generan en hospitales, centros de atención médica y de atención veterinaria. Después están los que derivan de los procesos industriales dependiendo del sector”, detalló Munno Dithurbide. 

¿Quiénes son los responsables?

“Este es un régimen, en materia ambiental, de los más rigurosos, porque incluso contempla cláusulas penales que es algo bastante atípico”, mencionó Munno Dithurbide de FARN.

Asimismo, explicó que el generador es responsable de la correcta gestión de los residuos “desde la cuna hasta la tumba".

"Hasta que no se disponen de manera segura en un relleno de seguridad o no se insertan como insumos de otro proceso, el generador de esos residuos siempre va a ser responsable por el daño que le pueda llegar a causar ese residuo al ambiente o a la salud de la población", enfatizó. "Por supuesto que hay casos en los que esta norma no se cumple. Por ejemplo, hay carencias muy grandes en lo que es el sector agrícola", alertó la integrante de FARN. 

“Hay problemáticas que se dan a partir de la incorrecta gestión, ya sea por falta de fiscalización, por falta de cumplimiento de las normas que le aplican a las empresas, o por falta de una adecuada gestión por parte del sector público. Muchos de estos materiales terminan en los más de 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país", indicó Munno Dithurbide . 

Cláusulas penales

En el Artículo 55 de la Ley 24.051 se establece un régimen penal específico. "Si a partir de este tipo de residuos se daña al ambiente, envenena, adultera y/o contamina de un modo peligroso para la salud o el ambiente, se prevé un régimen penal que hace remisión a artículos del Código Penal por contaminación de las aguas (delitos contra la salud pública). Es una de las pocas normativas ambientales que contiene cláusulas de responsabilidad penal en su régimen", añadió Munno Dithurbide .

Para la integrante de FARN, que la ley se actualice y no pierda estado parlamentario es fundamental. "Sino terminamos indirectamente fomentando el principio de contaminador-pagador. El que contamina paga. Porque al final es menos costoso pagar la multa. Pero el enfoque en materia ambiental tiene que ser siempre preventivo y evitar que se llegue al daño ambiental", concluyó.