Se presentó la guía para Edificios Públicos Sostenibles
La administración pública nacional deberá desarrollar en sus oficinas prácticas de consumo sustentable de energía, agua, gas, residuos, compras públicas, accesibilidad, movilidad sostenible y superficies verdes.
El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó una guía de implementación al programa Edificios Públicos Sostenibles que busca garantizar una gestión responsable para el beneficio del medio ambiente.
Por medio del decreto 21/2023, el gobierno nacional designa a Ambiente como autoridad de aplicación del programa que deberá priorizar el manejo y la gestión sostenible de los recursos naturales utilizados en todas las instalaciones de los órganos del Estado.
Debe promocionarse la instalación de fuentes de energía renovables como reemplazo progresivo de las fuentes no renovables.
De esta manera, se pretende implementar una práctica eficiente de energía eléctrica, agua, gas natural, residuos, compras públicas, racionalización del uso del papel, movilidad sostenible y espacios verdes.
El documento que elaboró la institución establece las condiciones de cómo se debe aplicar el programa y, además, detalla las fases y distinciones para los establecimientos públicos.
Para una eficiencia energética, se propone obtener los mismos servicios utilizando la menor cantidad de energía posible. Los organismos deberán instar por tecnologías avanzadas con el fin de cumplimentar ese objetivo. Debe promocionarse la instalación de fuentes renovables como reemplazo progresivo de las no renovables.
En función al uso del agua, se apunta a reducir la intensidad, desperdicio y contaminación producto de las actividades socioeconómicas del organismo. A la vez, incluye mejorar su aprovechamiento, garantizando la eficiencia técnica de los servicios durante su ciclo de vida completo.
Con la eficiencia del gas, se espera un uso responsable del recurso ya que no sólo se controlará su consumo sino que se supervisará que los artefactos, que requieran este recurso, no sufran pérdidas.
Para la gestión integral de residuos se estipula garantizar progresivamente los residuos, por medio de actividades interdependientes y complementarias entre sí: generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, selección, tratamiento y disposición final.
Compras conscientes
El gasto público concentra un significativo poder adquisitivo, por lo que orientar este gasto hacia bienes y servicios sostenibles contribuye con la transición hacia la innovación y sostenibilidad. Se deberá comprar con conciencia de qué producto afecta menos al ambiente y a la vida de las personas.
El decreto contempla el principio de progresividad y no regresión.
La accesibilidad física hace referencia a que en las personas con discapacidad puedan ingresar y desarrollar actividades en los edificios públicos, tal como lo indica la Ley 22.431.
Para cumplir con la movilidad sostenible, se deberán desarrollar acciones que permitan incorporar y fortalecer medios alternativos de movilidad para los trabajadores y un uso eficiente de los recursos en las compras de vehículos oficiales con el objetivo de promover la transición hacia transportes con menor impacto ambiental.
Al mismo tiempo, se establece la posibilidad de adecuar espacios y/o superficies verdes con criterios ambientales.
Metodología
El programa se implementará por medio de cinco fases. A lo largo de ellas, el ministerio será responsable de brindar capacitaciones, entregar bienes, equipamientos y dar financiamiento para fortalecer las acciones de mejoras planificadas.
En la primera, se releva al organismo para obtener las características del mismo. Para eso, se deberá completar un formulario en la página web oficial con un tiempo máximo de 45 días con datos como: el contacto del responsable de sostenibilidad, cantidad de edificios que utiliza el organismo, localización y dirección de cada uno, tipo de actividad y cantidad de personal que presta servicios, entre otros.
En la segunda, se completará una evaluación de diagnóstico que permitirá conocer el estado de sostenibilidad del edificio. Será considerado el índice de seguimiento y sostenibilidad, documento elaborado por la SIGEN y el ministerio de Ambiente en donde se expresan los recursos sostenibles en la administración estatal. El tiempo máximo de evaluación será de tres meses y el diagnóstico es condición necesaria para pasar a la próxima fase.
En la tercera, los organismos desarrollarán las acciones de mejora teniendo en cuenta las buenas prácticas sostenibles. El tiempo para presentar los desarrollos será de un mes.
En la cuarta, se determinará el grado de cumplimiento de las iniciativas. El ministerio implementará un sistema de seguimiento y monitoreo con el fin de identificar, corregir y evitar desviaciones de los planes que se desarrollen. El relevamiento será semestral.
En la quinta, se otorgarán los distintivos correspondientes a la implementación de las prácticas sostenibles, según lo indica el decreto.
“El índice de seguimiento y sostenibilidad nos permitió realizar una primera evaluación de la sostenibilidad de los organismos del sector público nacional y fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas”, afirmó Malena Esteban, directora de Relaciones Institucionales del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en comunicación con ElAuditor.info.
En referencia al instrumento, Esteban aclaró que “les sirvió de inspiración” por ser un punto de partida interesante para avanzar hacia el programa Edificios Públicos Sostenibles, el cual “propone acciones concretas que los organismos deberán llevar a cabo y que, una vez aplicadas, serán reconocidas con distinciones, por parte del Estado”.
Distinciones
Las metas del programa se dividen en dos, para la primera se espera que en un plazo máximo de dos años los edificios públicos obtengan al menos la distinción de Organismo Público Comprometido con la Sostenibilidad, mientras que la segunda apunta a que en el plazo máximo de seis años los edificios alcancen la distinción de Organismo Público Sostenible.
El decreto contempla el principio de progresividad y no regresión, es decir que una vez obtenida la distinción, los organismos deben continuar con los procesos de mejoras para mantener y obtener mayor reconocimiento.
Las prácticas de sustentabilidad podrán adaptarse a nuevas tecnologías y demandas sociales, si así lo requiera la autoridad de aplicación. Para ser considerado un organismo sostenible, se contemplarán que los edificios cumplan con las siguientes normas:
- Seguridad e higiene, Ley 19.587
- Accesibilidad a la información, Ley 26.653
- Accesibilidad de personas con movilidad reducida, Ley 24.314
- Gestión integral de residuos industriales, Ley 25.612
- Gestión integral de residuos peligrosos, Ley 24.051
- Educación ambiental Integral, Ley 27.621
- Formación sostenible, Ley Yolanda 27.592
Gestión
En referencia a la Ley que obliga a capacitar en materia ambiental a todos los empleados del sector público Nacional, el ministerio detalla que “se capacitó a más de 26.000 trabajadores y funcionarios de los tres poderes: 25.000 del Ejecutivo, casi 700 del Judicial y Casi 500 del Legislativo".
El programa es gestionado por la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) a través de la dirección de Relaciones Institucionales (DRI) y la dirección de Seguimiento de Gestión (DSG), quienes trabajarán de manera integral y coordinada con las distintas áreas del la autoridad de aplicación en función a las respectivas fases del programa.
“Esta gestión está claramente comprometida con las políticas ambientales", declaró Álvarez.
La unidad ejecutora (UE) tiene la responsabilidad de articular con los organismos involucrados el cumplimiento del programa, a partir de la supervisión del desarrollo de la inscripción y la evaluación, el seguimiento y monitoreo del mismo.
Los organismos públicos deberán definir al responsable de sostenibilidad que articulará con la UE, responder y cumplir las fases del programa y comunicar los avances y resultados de las mejoras en gestión de recursos.
“El programa contempla una asistencia técnica dirigida a los responsables de sostenibilidad de cada edificio para acompañarlos en la implementación de la guía y en la aplicación de las buenas prácticas y, además, se incluirán guías complementarias específicas que servirán como instructivo para dudas generales”, describió Esteban.
La normativa rige para toda la administración Nacional, los organismos descentralizados, instituciones de seguridad social. A su vez, tiene vigencia en las empresas y sociedades del Estado, entes públicos incluyendo aquellas entidades no estatales donde el Estado tenga control de las decisiones.
Con respecto a la continuidad del programa después del 2023, Guido Álvarez, director de Seguimiento de Gestión, del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expresó que “es un política que está aprobada por un decreto presidencial y que se enmarca dentro de los compromisos que asumieron internacionalmente."
“Esta gestión está claramente comprometida con las políticas ambientales, por eso contemplamos generar las condiciones necesarias para que la sociedad se desarrolle de manera sostenible y sea la que demande que estas acciones se cumplan a largo plazo”, finalizó Álvarez.