El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental en conmemoración a la Carta de Belgrado firmada en 1972. A 50 años de aquel documento, en el país se avanzó en políticas para una mayor conciencia medioambiental, como la ley Yolanda, aunque aún son muchos los desafíos pendientes.

“El Estado debe disponer de todas las herramientas posibles para que un ciudadano pueda tener la conciencia suficiente de exigir políticas públicas en materia ambiental”, señaló el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky a El Auditor.info, al cumplirse más de un año de la sanción de la Ley 27.592 o Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina.

La norma tiene por objetivo garantizar una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para quienes desempeñen una función pública. "Todos los funcionarios deben tener el conocimiento adecuado como para entender que en el momento que adoptan una decisión debe ser considerando la variable ambiental en todas sus dimensiones", indicó Federovisky y calificó a la ley como un "instrumento precioso" para sumar conocimientos técnicos, científicos y académicos que permitan a los ciudadanos tener capacidad de discernimiento respecto de las políticas ambientales.

El compromiso de la ciudadanía  

Si bien es considerada un avance en materia de legislación ambiental, hasta ahora la ley solo contempla a funcionarios. Para la especialista en Ambiente y Desarrollo Sostenible, y supervisora del Departamento de Control de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación, Sol Klas, “es clave que la ciudadanía se empodere y aumente su compromiso con mayor conocimiento y dominio sobre cómo incidir en las decisiones públicas para construir sociedades sostenibles estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad”.

“Las sociedades democráticas y participativas necesitan ciudadanos que interactúen".

Klas, que además es secretaria nacional de Ambiente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y coordinadora del Frente Sindical de Acción Climática, también consideró que “las sociedades democráticas y participativas necesitan ciudadanos que interactúen entre sí e intervengan en la toma de decisiones públicas de manera transparente y colaborativa para generar diálogos constructivos”.

“Tenemos que superar la cultura de los bandos que nos caracterizó históricamente y eso, trasladado al plano ambiental, requiere de acciones que permitan transformar la actual relación extractivista de las sociedades con su ambiente”, sugirió y destacó que en ese sentido las responsabilidades de los funcionarios en cuanto a su capacitación ambiental son mayores.

“Un funcionario debe cuestionar los modelos de producción, distribución y consumo hegemónico que nos llevaron a la crisis socio ambiental actual”, remarcó e insistió en terminar con la grieta ambiental: “No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”. 

El rol sindical en la educación ambiental 

Durante la Declaración por su centenario, la Organización Internacional del Trabajo hizo referencia al futuro del trabajo en relación con la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En ese sentido, Sol Klas sostuvo que “es fundamental el cambio a nivel social, y que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a la información en materia ambiental para que sean conscientes y puedan exigir las medidas políticas necesarias para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles”. 

“Desde APOC entendimos que generar capacidades y competencias en materia ambiental permitirá el logro de los objetivos propuestos en la Ley y estamos trabajando para implementarla en los organismos de control de todo el país”, adelantó Klas.

Información a nivel regional 

El 4 de marzo de 2018, en Escuazú, Costa Rica, se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Se trató del primer acuerdo ambiental de la región y el primero, a nivel mundial, en incluir disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 

"El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos". 

El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

En este punto, Sol Klas sostuvo que “se trata de un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos”.

"Considero que aún queda mucho por hacer en cuanto a estrategias educativas".

“Tiene el objetivo de garantizar el acceso de las personas a la información ambiental de manera oportuna y adecuada. También la participación significativa en las decisiones que afectan la vida y el entorno. Se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto”, celebró la referente ambiental de APOC y del Frente Sindical de Acción Climática.

Sin embargo, no todo se queda en la letra del acuerdo. “Considero que aún resta mucho por hacer en cuanto a estrategias educativas y de liderazgos para obtener resultados efectivos y transformadores. La confianza en las instituciones públicas es crucial para el desarrollo sostenible”, concluyó.