La fiebre por el litio presenta grandes desafíos para los países con reservas como Chile que, junto a Argentina y Bolivia, forman parte del triángulo donde se concentra más de la mitad de la cantidad que hay de este elemento en todo el mundo. La explotación del mineral, utilizado en la producción de baterías para los teléfonos móviles, vehículos eléctricos y placas solares, genera tensiones en el país trasandino en medio de la transición del gobierno saliente de Sebastián Piñera y el electo que asumirá en marzo con Gabriel Boric al frente. 

La Justicia chilena suspendió la semana pasada la licitación para el aprovechamiento de 160.000 toneladas de litio. El Ministerio de Minería había adjudicado la explotación de 80.000 toneladas de litio a la empresa china BYD, reconocida por la producción de vehículos eléctricos, y un permiso similar a la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Los acuerdos fueron por el valor de 61 y 60 millones de dólares, con extensión a 27 años y que podían prorrogarse a 29.

Desde el gobierno electo proponen la creación de una Empresa Nacional del Litio.

El proceso licitatorio generó cuestionamientos sobre cuál es el rol del estado en este tipo de actividades y reacciones de muchos sectores que criticaron la rapidez con la que se otorgaron las concesiones por parte del Gobierno a dos meses de que Sebastián Piñera concluya su gestión. Además de exigir un plan de explotación responsable y respetuosa del medio ambiente en cumplimiento con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ahora la gestión de Piñera debe entregar una respuesta a la suspensión judicial.

“Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos”, justificó el presidente Piñera ante las dudas que generó el proceso de licitación. También expresó su preocupación al ver que se había estancado la producción de litio en Chile por lo que decidió poco antes de concluir su mandato "poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio".

Si bien criticó la licitación, Gabriel Boric acordó que el litio es un bien valioso que puede enriquecer las arcas fiscales y proveer al gobierno de recursos para el desarrollo de políticas sociales. Durante su campaña, el presidente electo propuso crear una Empresa Nacional del Litio que desarrolle una nueva industria nacional, con participación de las comunidades y agregando valor a la producción.

Además Chile está atravesando un proceso de reforma constitucional por lo que puede haber modificaciones importantes en el marco legislativo, como por ejemplo en lo que refiere al tiempo de concesión a las empresas para la explotación del recurso que hoy excede los 20 años pero puede cambiar si se contemplan demandas como las comunidades indígenas que piden que se acorten los plazos. 

Tweet de Gabriel Boric Font

El impulso de la demanda por el litio profundizó el dilema sobre la función del país como proveedor de materias primas para industrias transnacionales o como un parte de un proceso de industrialización pensado en energías renovables y una minería de bajas emisiones. 

Desde el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) indicaron, mediante una declaración pública, la importancia de elaborar una estrategia consensuada que unifique criterios para el desarrollo de la industria del litio y se consideren las complejidades de los salares de donde se extrae el mineral con el desarrollo de estudios hidrogeológicos de las cuencas. Además pidieron mejoras en la legislación de los Contratos Especiales de Operación (CEOL), entre otros aspectos. 

Control y dominio sobre el litio en Chile

El litio fue clasificado como recurso estratégico y un bien del Estado entre los años 1970 y 1983.

En Chile, el litio fue clasificado como recurso estratégico entre 1970 y 1983. En esos años, caracterizados por la carrera armamentista de las grandes potencias, el destino del mineral era fundamentalmente nuclear. En el país se determinó que el litio sea un bien del Estado, excluido del régimen de propiedad minero general, y se sentaron las bases para los mecanismos de participación estatal y privada para su aprovechamiento.

Desde 1984 y hasta 2004, en una coyuntura de modelo liberal, se privatizó la explotación y el Estado se quedó con una mínima participación en actividades productivas. Son tiempos en los que Chile se posiciona como líder en la producción de litio a nivel mundial. A partir de 2005 empezó a crecer la demanda y a hablar del litio como oro blanco, el mineral preciado para el desarrollo del futuro.

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La explotación del litio se volvió un tema de agenda política y de discusión social. Además, creció considerablemente el interés por su explotación y aumentó la competencia. Diez años después se conformó una Comisión Nacional del Litio (CNL), integrada por entendidos en la materia, para que diseñen políticas públicas y establezcan contratos con las empresas SQM, de origen chileno, y Albemarle, norteamericana, con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el organismo creado para incentivar la innovación y crear valor agregado en las cadenas productivas del litio.

En 2016 se conformó el Comité de Minería no Metálica para supervisar los contratos del litio y velar por el desarrollo sustentable del salar de Atacama.

En 2016, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, se conformó el Comité de Minería no Metálica y Gobernanza de Salares para supervisar los contratos del litio y velar por el desarrollo sustentable del salar de Atacama. El Comité estuvo apenas dos años de funcionamiento bajo la rectoría de la CORFO, a partir de julio de 2018, pasó al Ministerio de Minería.

El debate sobre el litio no sólo se volvió un tema de agenda para los diversos gobiernos, sino también durante la última década se conformaron distintas organizaciones sociales como el Movimiento El litio para Chile, integrado por trabajadores, estudiantiles, organizaciones sociales, científicos e investigadores, o la Red Litio y Salares: Ciencia y Futuro, impulsada por la Universidad de Chile.