La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) recomendó que se actualice la normativa por la cual se distribuyen fondos para las cooperadoras de los colegios de gestión estatal. Fue un informe aprobado en 2021, en el cual se analizó la asignación de 2018 en este área.

A partir de la aprobación de la Ley 3.372, se creó el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo está destinado a las escuelas de gestión estatal de todos los niveles y modalidades, más precisamente a sus asociaciones cooperadoras, las cuales ejecutan en base a un plan anual elaborado por cada comunidad educativa.  

"No resulta necesario que los aspectos de mantenimiento edilicio sean afrontados por las cooperadora", señala el informe.

Lo que observó la AGCBA es que hay una desactualización de la normativa que rige la gestión de las transferencias del fondo FUDE, “toda vez que los objetivos principales para los cuales se otorgan dichos subsidios, son cumplidos por diferentes áreas ministeriales con misiones, funciones y presupuesto para tal fin”, se indica en el informe. Es decir, se otorgan subsidios para una tarea que cumple un área de gobierno. Las reparaciones edilicias, por ejemplo, son realizadas por empresas de mantenimiento por lo que no resulta necesario que sean afrontadas por las cooperadoras.

Cuando se creó la norma, detalla el informe, se pensaban las transferencias para que las cooperadoras cubran las necesidades de reparaciones menores de los edificios escolares, materiales destinados a las actividades didácticas de docentes, administración escolar, requerimiento de bienes de uso aplicados al desarrollo de actividades educativas y para el transporte de alumnos a actividades como excursiones. 

Ese fondo para cada establecimiento se determina considerando la matrícula de alumnos, el Índice de Vulnerabilidad Educativa, características edilicias (cantidad y calidad de aulas, por ejemplo), necesidad de materiales, requerimiento de bienes, pedidos de transporte de alumnos y alumnas, plan de natación y resolución de situaciones de imposibilidad de asistencia a clase por razones de vulnerabilidad socioeconómica. 

Normativa desactualizada

Los auditores pidieron información sobre quién y cómo determinan las características edilicias a efectos de otorgar el monto FUDE para reparaciones menores. Lo que hallaron es que los establecimientos cuentan con empresas de mantenimiento asignadas mediante licitaciones públicas, por lo tanto, “no resulta necesario que los aspectos de mantenimiento edilicio sean afrontados por las cooperadoras”, según el informe.  

Lo mismo sucede con la asignación de fondos para transporte escolar, ya que hay un área específica del Ministerio de Educación dedicada a afrontar esta tarea. Una vez más los auditores consideraron que “no resulta necesario que los viajes de actividades extracurriculares sean afrontados por las cooperadoras con fondos provenientes de FUDE”.

En cuanto al Presupuesto Distrital Educativo, que debe ser utilizado para la ejecución de obras de pequeña y mediana envergadura, los responsables indicaron que esas acciones son llevadas a cabo por la Dirección General de Mantenimiento Escolar.

La normativa debería adecuar los indicadores que conforman el monto adjudicado para cada asociación cooperadora.

El informe de la Auditoría señala que “algunos de los indicadores que prevé la Ley, y los cuales son tomados en cuenta para el cálculo del monto de cada establecimiento educativo, no son contemplados en la fórmula final ya que se encuentran bajo la responsabilidad de diferentes áreas ministeriales con misiones, funciones y presupuesto para tal fin”. 

Por todo esto, la AGCBA entiende que la normativa que regula la transferencia del Fondo Único Descentralizado de Educación “debería adecuar los indicadores que conforman el monto adjudicado para cada asociación cooperadora”, para lograr la optimización de los recursos, de manera económica, eficiente y eficaz.

Fallas en los controles

La Auditoría también constató que en tres de 21 establecimientos de la muestra “no se realizaron controles por parte de los asesores distritales dependientes de la Dirección General de Servicio a las Escuelas sobre las asociaciones cooperadoras correspondientes”. 

A partir de la ley 3.372, el Ministerio de Educación tiene la facultad de control sobre el cumplimiento de las disposiciones dictadas en la misma. Los auditores consultaron en los establecimientos si alguna autoridad ministerial se presentó para evaluar las tareas de las cooperadores. Resultó que, en cinco escuelas concurrió un asesor, en tres no hubo control y en 10 no se pudo obtener el dato. 

Por otro lado, y a pesar de que los responsables informaron que no se utilizaban fondos para Mantenimiento, se hallaron 26 asociaciones cooperadoras en donde se incluyó ese ítem en la fórmula de cálculo del fondo FUDE oscilando entre $20.000 y $29.000. También se remarcó en el informe que, en cuanto al concepto Monto Fijo por Alumno, en todos los casos analizados se repite un valor de $ 80,00, aplicado a los establecimientos del nivel sin excepción alguna.