Con representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y del ámbito legislativo, se realizó en la Auditoría General de la Nación (AGN) un taller de planificación de auditoría sobre la gestión ambiental de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias químicas en Argentina.

El encuentro forma parte de una serie de talleres que organiza la AGN para el abordaje de temas vinculados al ambiente. En este caso estuvo centrado en contaminantes que fueron prohibidos para usos determinados mediante el convenio de Estocolmo y la normativa nacional, además del Convenio de Minamata ratificado por Argentina para proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones antropógena del mercurio y sus compuestos.

Uno de los casos analizados fue la gestión racional de envases de fitosanitarios, el manejo y eliminación racional de pesticidas y la factibilidad de erradicación del uso para extracción minera y desechos que contienen o están contaminados con mercurio.

“El cuidado del ambiente y el desarrollo no deben ser antagónicos ni contradictorios. Es por eso que el control es clave”, sostuvo el gerente de Planificación y Proyectos Especiales Leandro Massaccesi.

Efectos en la salud

Como representante de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, del taller participó la licenciada Fernanda Montecchia quien expuso sobre la relevancia que se le da a la salud en la hoja de ruta de la seguridad química bajo el enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos químicos (SAICM).

“En 2019 se produjeron al menos 2 millones de muertes y se perdieron casi 53 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), debido a la exposición a determinados productos químicos, solo considerando los productos químicos y exposiciones con datos de calidad”, sostuvo. Además destacó que los niños y ancianos son los más vulnerables a la exposición de químicos y que los impactos también difieren de acuerdo a los distintos grupos sociales. 

Montecchia recordó la adhesión del país a los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible y convenios internacionales que regulan los productos y sustancias químicas, como el Convenio de Basilea, de Rotterdam, de Estocolmo y Minamata en relación a cómo en el país se regula el ciclo de vida de los productos químicos. 

Ampliar contenido
Tweet de Auditoría General de la Nación

Otro de los expositores durante el taller fue Esteban Sampietro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quien se refirió a la trazabilidad de los productos fitosanitarios. La legislación de agroquímicos vigente otorga al SENASA la responsabilidad de registrarlos y a las personas físicas y/o jurídicas que realizan su síntesis, formulación e importación.

En este sentido, Sampietro detalló cómo funciona el nuevo sistema de registro que implementan desde el organismo para hacer un seguimiento de los productos, una especie de catálogo donde figura el titular, el importador, elaborador, sintetizador, fraccionador, distribuidor y tener una georreferencia del uso que se les da a los agroquímicos. 

Por su parte, el subgerente de Relaciones Institucionales de Campo Limpio Luis Herrera compartió el trabajo que se viene realizando a seis años de la sanción de la Ley de envases vacios de agroquímicos. La organización nuclea a las empresas registrantes de fitosanitarios y trabaja en la recuperación del plástico proveniente de envases vacíos. Para ello cuentan con Centros de Almacenamientos Transitorios en distintas provincias y, según Herrera, en 2023 se llevan recuperadas más de 76 toneladas de envases, un 70% más que lo recolectado el año pasado en el mismo periodo. 

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires aprovecharon la oportunidad para expresar la importancia de reforzar los controles y “hacer que se cumplan las normativas vigentes”. 

La Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales de la AGN mediante el Departamento de Control y Gestión Ambiental realiza una auditoría que tiene por objeto el análisis de un tratamiento racional de los Contaminantes Orgánicos Persistentes y de otras sustancias en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que es la autoridad de aplicación de los convenios internacionales en materia ambiental.