Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo ante la Corte de Justicia de Salta para reclamar la implementación de la Ley Provincial 8.173 de Acceso a la Información Pública. La normativa busca asegurar el derecho de la ciudadanía a obtener información pública de manera directa, mediante mecanismos accesibles y adecuados.

Las agrupaciones buscan que se garantice el acceso a información que actualmente se ve limitada en la provincia.

La acción judicial fue promovida por un conjunto de organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), el Centro Comunitario ALFA de la Fundación Proyectar, la Asociación ANDHES y Salta Transparente. Las agrupaciones buscan que se garantice el acceso a información que actualmente se ve limitado en la provincia.

Pese a que la ley fue promulgada en 2019, las organizaciones señalan que sigue sin reglamentación ni aplicación efectiva. Esto, denuncian, obstaculiza el derecho ciudadano a la transparencia, afectando la posibilidad de monitorear y controlar la gestión pública. Ante la falta de avances, las agrupaciones optaron por el recurso de amparo.

Ante la Corte solicitaron que se active la reglamentación y se garantice la implementación de la ley en todos los ámbitos del Estado provincial, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público. El pedido también implica que la Corte, como órgano demandado, deba resolver la causa a través de jueces subrogantes para evitar conflictos de interés.

La Ley Provincial 8.173 adhiere a la Ley Nacional 27.275, normativa que respalda el derecho ciudadano de obtener información de interés público y de recibir respuesta en caso de negativas o demoras. Las agrupaciones consideran que el acceso es clave para fortalecer los sistemas democráticos y asegurar la transparencia.

El recurso presentado es una estrategia para garantizar que el derecho de acceso a la información pública en Salta no dependa de la buena voluntad de los poderes del Estado. Las organizaciones consideran que es esencial establecer normas de acceso que permitan a las personas ejercer sus derechos sin obstáculos.

El amparo también apunta a que la falta de reglamentación implica una omisión inconstitucional de la provincia, en detrimento de los derechos humanos y la transparencia. Las organizaciones impulsoras de la acción señalaron que el acceso a la información es una herramienta para el control ciudadano de los gobiernos.

Ante la situación, las agrupaciones alentaron a la ciudadanía a mantenerse informada y a demandar el cumplimiento de las leyes que buscan promover un Estado transparente y abierto a las personas. 

El derecho de acceso a la información en Salta es visto por las agrupaciones como una pieza esencial en el desarrollo de una democracia activa y participativa, donde la ciudadanía pueda incidir en el control de los poderes públicos y sus acciones.