Ex Ministerio de Desarrollo Social: falencias en los programas y falta de un mapa nutricional
La Sindicatura General de la Nación detectó problemas en la asistencia a comedores, morosidad en la rendición de la Tarjeta Alimentar, metas sin alcanzar en el Potenciar Trabajo y deficiencias en los centros comunitarios. Fue tras el pedido del Ejecutivo de un relevamiento de organismos estatales.
Los datos surgen del informe realizado por la Sindicatura General de la Nación a pedido del Ejecutivo en diciembre, mediante el Decreto 126/2023. El documento fue entregado hace unos días a la Jefatura de Gabinete. El organismo de control interno observó falencias recurrentes en compras y contrataciones en el ex Ministerio de Desarrollo Social, además de irregularidades en la entrega de bienes.
Según el informe de la SIGEN, la calificación del Sistema de Control Interno del ex Ministerio de Desarrollo Social es “débil”. Entre las principales fallas se encuentran la falta de un mapa de riesgo nutricional para comedores escolares en la Secretaría de Inclusión Social en el plan destinado a seguridad alimentaria.
También en comedores escolares y en la Tarjeta Alimentar se registró morosidad en las prestaciones de las rendiciones de cuentas.
Planes sociales
El ex Ministerio de Desarrollo Social fue creado por la Ley 25.233 de 1999 y tiene bajo sus funciones la asistencia social y el desarrollo humano del país. Muchos de los programas como Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar o los destinados a comedores escolares están bajo su órbita y, actualmente, pertenecen a la cartera de Capital Humano.
En los programas Hacemos Futuro, Apoyo a Hogares en Situación de Extrema Vulnerabilidad Social, Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y Proyectos Productivos Comunitarios (PPC), dependientes de la Secretaría de Economía Social, se encontró vencimiento de los plazos de ejecución de los proyectos, debilidades en el seguimiento, en el monitoreo, y falencias en las rendiciones de cuentas.
Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios son dos líneas que fueron unificadas bajo el Programa Potenciar Trabajo, también bajo el área de Economía Social. Sobre Potenciar Trabajo se observó que no se alcanzaron a desarrollar las actividades previstas. Este programa hasta 2023 tenia alrededor de 1,6 millones de beneficiarios.
Por otra parte, los Centros Integradores Comunitarios (CICs) son espacios donde el gobierno nacional trabaja con las provincias, municipios y las organizaciones civiles para coordinar respuestas a necesidades locales. Dependen de la Secretaría de Abordaje Integral y están distribuidos por todo el país. Según la SIGEN, se encontraron falencias en el funcionamiento, lo cual dificulta cumplir con el objetivo de convertirse en motores para el desarrollo local y el bienestar comunitario.
Demoras en los fondos
Mediante el relevamiento, se observaron también demoras en el circuito de fondos en la Secretaría de Articulación de Política Social, más puntualmente en Acciones de Promoción y Protección Social, y Asistencia Directa a Organizaciones y Ayudas Urgentes a Hogares. Además, detectaron ausencia de un manual de procedimientos e inconsistencias en la documentación correspondiente a la rendición de cuentas.
En cuanto a la Asistencia Directa a Organizaciones, aún se encuentra en desarrollo un sumario administrativo por irregularidades detectadas en un Informe SIGEN del año 2016. Por último, el organismo evaluó el desempeño de la Unidad de Auditoría Interna como “satisfactorio” y el funcionamiento del Comité de Control Interno como “débil”.
Datos llamativos
Otro de los datos que llama la atención en el informe es el monto invertido en la compra de yerba mate: unos 21.054.878.400 pesos en licitaciones públicas adjudicadas a cuatro proveedores distintos.
En esta misma línea, otra de las observaciones es la diferencia en el registro de inmuebles. Según la Agencia de Bienes del Estado (AABE), el Ministerio de Desarrollo Social contaba con 48 inmuebles y, según lo registrado por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, son 14 los edificios. Lo mismo sucede con los juicios informados, según la UAI son 1120 juicios y según el Sistema SIGEJ-PTN son 1.160, unos 40 juicios más.