La problemática del Riachuelo es el paradigma del “descontrol”, el paradigma de aquellas cosas que en nuestro país parecen no tener solución.
    
En un fallo que lleva fecha 08 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a ejecutar tareas de saneamiento del Riachuelo, estableciendo para cada una de ellas un plazo perentorio de realización.
      
Este fallo de la Corte instala una esperanza en el ánimo de los casi 6 millones de argentinos afectados por la situación de sumo deterioro sanitario y ambiental que muestra la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
      
El Riachuelo, cuya limpieza es infaltable en las promesas de campaña, inspirador de poetas, pintores y músicos, es también causante de la enfermedad y muerte de gente que, además, padece la angustiante condición de pasar inadvertidos para quienes tienen la obligación de verlos, de escucharlos, de resolver sus problemas.
      
Hace varios años, ante esta injusta y repulsiva realidad, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) asumió el compromiso de trabajar, en el plano institucional y de la opinión pública, para destruir ese paradigma del “descontrol”, interesadamente dominante en la cuestión del Riachuelo, y poner en su lugar una política de Estado de amplio acuerdo con la capacidad de revertir las condiciones ambientales y sanitarias de la Cuenca.
      
En ese orden de ideas, concretó un proyecto de ley, técnica y jurídicamente consistente, de saneamiento del Riachuelo. En el mismo sentido, el 27 de abril de 2006 realizó la jornada “Riachuelo y Control: un proyecto por la transparencia”, que contó con la participación de las máximas autoridades de los organismos de control nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires, quienes, en forma conjunta, emitieron una declaración de cooperación con esa iniciativa de APOC. También realizó actividades de difusión y esclarecimiento en el barrio de La Boca, en la Isla Maciel y en las esquinas más concurridas de la ciudad de Buenos Aires, y un acto multitudinario en la plaza del Congreso.

Las acciones de APOC se propusieron –y lograron- poner de relieve la mezquindad de quienes contaminan y la indolencia y falta de control del Estado.
      
A partir de ahora, merced a la actuación independiente de la Corte Suprema, existe la obligación cierta y exigible de sanear el Riachuelo, de informar al público, a tiempo y con claridad, sobre las acciones ejecutadas al respecto, y de permitir el funcionamiento de instancias de control externo, estatal y social.
      
APOC mantiene su compromiso de contribuir a la sensibilización de los políticos y de la comunidad en torno de este problema que ofende a la dignidad y a los derechos humanos de nuestros conciudadanos asentados en la zona de la Cuenca.

(Esto escribíamos el 17 de julio de año pasado en ocasión del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy sabemos que en los primeros 11 meses del 2008 se ejecutó solamente el 35% del presupuesto del programa de “gestión ambiental Matanza-Riachuelo” y que, en los primeros 2 meses del corriente año no se ejecutó un solo peso del mismo programa, pero ahora administrado directamente por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo –ACUMAR-).

Hugo Quintana.