Un estudio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) afirma que la Administración de Parques Nacionales no tiene estudios económicos y financieros que fundamenten los cánones que se les aplica a los prestadores turísticos por la explotación de los predios.

Asimismo, el organismo de control detectó que “faltan” fiscalizaciones que debería hacer la Administración para conocer si los prestadores cumplen con las obligaciones establecidas en los contratos de concesión.

En la Administración de Parques, la Sindicatura descubrió la “inexistencia de mapas de riesgo” que establezcan las estrategias de prevención que debe tener cada región. Estas mediciones también pueden servir para justificar cómo se distribuyen los recursos humanos y los materiales disponibles.

Según la reglamentación que rige las explotaciones, los parques deben ser sometidos a estudios de impacto ambiental antes de que la concesión sea otorgada y al momento de renovarlas o ampliarlas. Sin embargo, la SIGEN señala que los exámenes no se efectúan en la totalidad los casos que están previstos por la normativa.

“Si bien se han producido mejoras, el sistema de control interno –de la Administración- continúa siendo débil”, apunta el informe y añade que, más allá de las “acciones correctivas” que se están llevando a cabo, “en diversos Parques se verificó una importante incidencia de factores externos al área protegida, como pastoreo, explotaciones petroleras, deforestación, avance de vegetación exótica y riesgos de incendio, que, sumados a las debilidades de control, pueden afectar los objetivos de conservación del organismo”.

Además, la Sindicatura registró otras irregularidades en varios Parques Nacionales. En el Nahuel Huapi, por ejemplo, “un porcentaje considerable” de los usuarios que participaron de una encuesta mostró su “disconformidad respecto de la presencia de guardaparques, cantidad de sanitarios disponibles y limpieza”.

Por su parte, en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, el organismo de control descubrió “riesgos para los visitantes por falta de una adecuada señalización que incluya cartees de prevención e información”, sobre todo si se tiene en cuenta “la peligrosidad de camino” que recorre el predio.

Aunque el Parque Nacional Baritú, en Salta, sea el “área protegida más biodiversa del NOA y del país, es la que menos información científica provee”, destaca el informe.

En la provincia de la Rioja está el Parque Nacional Talampaya, que fue declarado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Allí, la SIGEN encontró que la delimitación y señalización es “inconveniente en la mayor parte de los sectores recorridos”, lo que no contribuye a resguardar adecuadamente los yacimientos arqueológicos y paleontológicos existentes. A su vez, también hay animales sueltos que pertenecen a los pobladores de la zona y, para el organismo de control, eso representa “un riesgo para los visitantes y la flora autóctona”.