Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa, que fue oficializada en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas, nació en 1981 por intermedio del movimiento feminista latinoamericano, que pedía recordar el homicidio de las hermanas Mirabal ocurrido en 1960 en la República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas a golpes por su militancia política, un hecho que se dio bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Varios años después, los femicidios continúan. En lo que va de 2018, en Argentina, 225 mujeres fueron víctimas fatales de la violencia de género, es decir, hubo una muerte cada 32 horas. Estos datos corresponden al Registro Nacional de Femicidios. A raíz de un relevamiento de medios gráficos y digitales realizado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), se desprende que 192 corresponden a femicidios de mujeres, 29 son vinculados y 4 son trans/travesticidios.

De estos asesinatos, el 93% fueron perpetrados por hombres cercanos a la víctima, como sus parejas, ex parejas, familiares o conocidos. El 22% del total tenía denuncias previas y en el 12 por ciento de los casos, había medidas de protección, lo que demuestra la falta de seguimiento y monitoreo de los casos. El informe de MuMaLá, también detalla que 14 de las víctimas eran niñas y adolescentes menores de 15 años, de las cuales el 78 por ciento fueron abusadas y el 42% estuvo desaparecida. Diez fueron cometidos por un familiar.

Los números hablan de la violencia doméstica e intrafamiliar que sufren las mujeres y también de la falta de políticas públicas en torno a cómo trabajar la violencia de género, explicó Analía Kelly, coordinadora provincial de MuMaLá. Este año, 250 niños perdieron a sus madres, de los cuales 72 son menores de 12 años.

Pero el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia de género que se da a diario. Existe la violencia psicológica, verbal, laboral, sexual, física, económica, patrimonial, social y la vicaria: cuando se amenaza a una mujer con maltratar o matar a sus hijos.

Cuando la violencia de género se mide en la cantidad de femicidios, la conclusión es trágica y mala, porque te habla de un fracaso de todas las políticas del Estado, aseveró Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), en comunicación con GestionPublica.info.

Mirando un poco otras iniciativas para prevenir los diferentes tipos de violencias, me parece que estamos en un momento interesante, debido a la demanda social creciente respecto de la importancia de contar con políticas de difusión y de prevención. Es interesante, en esta etapa, como se está demandando la presencia y la actuación del estado, enfatizó Gherardi.

A raíz de los reclamos sociales, según Gherardi, el Estado y distintos organismos se vieron obligados a desarrollar propuestas al respecto. Si bien las políticas que se están implementando todavía son aisladas y poco coordinadas, en todas las áreas, y son procesos incipientes en relación con otras formas de violencia, demuestran un avance.

Crece la demanda social, baja el presupuesto

En un informe realizado por ELA donde analizan el presupuesto 2019, explicaron los avances y retrocesos que las políticas de género sufrirán el año próximo. Entre las mejoras se mencionó la importancia de la incorporación de la identificación de políticas de género por programa y categoría, lo cual permite identificar la inversión destinada.

Pero entre los retrocesos, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), ente encargado de aplicar la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres, tendrá destinado tan solo 234,3 millones de pesos, $11,36 por mujer. Dicho presupuesto, con la inflación proyectada, implica una retracción del 18% con respecto al asignado en 2018.

También disminuyeron otras partidas que resultan claves para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, como es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia (PNA) y las líneas de atención telefónica dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expuso el informe. El PNA sufrió un recorte en términos reales del 55%. Y las Líneas 137 y el 0800-222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación perdieron, en términos reales, el 24 por ciento de su partida.

El análisis que ELA realiza, hace especial hincapié en el acceso al trabajo, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. En situación de violencia doméstica, el acceso al trabajo y a una independencia económica se vuelve clave para poder salir adelante. En este sentido, el presupuesto destina solamente $1.156.183. Esto difícilmente contribuya a la transformación de las barreras estructurales, a la igualdad de oportunidades y derechos en el mundo del trabajo, se lee en el informe. También el programa Hacemos Futuro Juntas tiene una pérdida del 44 por ciento.

Para Gherardi, el principal problema es que casi todas las políticas pierden en contra de la inflación, en términos reales, a pesar que en términos nominales se ha logrado aumentar los montos. Lo único positivo es la mayor transparencia presupuestaria que luego permite monitorear las ejecuciones.

Auditoría

En 2015, la Auditoría General de la Nación incorporó a su plan anual de auditorías 2016, la Ley de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres. Hace un tiempo, algunas organizaciones como ELA y MuMaLá presentaron una nota ante la AGN solicitando que se haga efectiva la auditoría.

La última vez que preguntaron por su estado, desde ELA nos informaron que estaba en marcha el proceso de aprobación final del informe como para poder ser difundido. De eso hace ya un par de meses y seguimos esperando. Esperamos que se publique en tiempo útil, concluyó Gherardi.