A partir de los 15 memos que elaboró el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, gestionpublica.info presentará una seria de notas con los principales lineamientos de la iniciativa.

En este envío, las propuestas sobre Educación, Salud y Protección social.

Educación

Durante los últimos 35 años, la Argentina aumentó su tasa de escolarización, en especial en el nivel secundario: pasó del 32,8% en 1970 al 80% actual. Hoy, el 40% de los alumnos son primera generación de secundaria, porque sus padres no pasaron de la primaria.

A pesar de estos avances, CIPPEC detectó que existen dos circuitos de desigualdades educativas estructurales. Por un lado, los alumnos de sectores más vulnerables necesitan una mayor oferta educativa: Ya no basta con el ideal de dar a todos lo mismo y tampoco alcanza con las políticas compensatorias vigentes, plantea el diagnostico. Por otro lado, este análisis detecta que las provincias con menos recursos fiscales son las que pagan salarios docentes más bajos y tienen serias dificultades para sostener sus sistemas educativos: La coparticipación es determinante de esta desigualdad estructural de la educación. Mientras Tierra del Fuego invierte $ 10.600 por alumno por año, Salta apenas llega a $ 1.700 (según datos de 2007, los últimos disponibles). Esta es una brecha determinada por la desigualdad fiscal entre jurisdicciones.

Para ello, CIPPEC propone:

  • Extender la formación docente.
  • Universalizar el nivel inicial.
  • Extender la jornada escolar para los sectores con más necesidades sociales.
  • Profundizar la educación secundaria.
  • Apostar desde el estado a las nuevas tecnologías.
  • Políticas compensatorias a alumnos vulnerables y fondo salarial para provincias con menos recursos fiscales.
  • Formar funcionarios y equipos técnicos en educación.
  • Instaurar dos días anuales de feriados para los padres con asistencia obligatoria a la escuela para fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela.

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Salud

Si bien hay una importante inversión en salud, que asciende a U$S 1.350 por persona al año (lo que equivale al 10% del PBI), los resultados no reflejan esta apuesta. CIPPEC detectó que la ausencia de una Ley Nacional de Salud lleva a la coexistencia de tres subsistemas de cobertura (el público, el privado y la seguridad social), y a la fragmentación del sistema de salud ya que, según este estudio, de cada diez personas, cuatro acceden a los servicios públicos de salud, cuatro tienen cobertura de Obras Sociales Nacionales (OSN), una de Obras Sociales Provinciales (OSP) y otra de empresas de medicina prepaga. Además, este diagnóstico revela el débil desarrollo de las redes de servicios: Ante enfermedades simples, las personas acuden a los hospitales en lugar de asistir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Esto afecta la calidad de los servicios, genera un uso irracional de los recursos, incrementa los costos de producción e impacta negativamente en la satisfacción de los usuarios. Todos estos factores no hacen más que reforzar la persistencia del enfoque curativo en detrimento de un modelo basado en la prevención y la promoción de la salud.

En los últimos 10 años se han llevado adelante diversas iniciativas que apuntaron a consolidar una estrategia sanitaria sustentable. Sin embargo, el Centro hecha luz sobre aquellos dilemas tales como si el sistema de salud debe ser integrado a partir de la Nación o de las Provincias, o si se debería financiar la oferta o la demanda de los servicios públicos. Esta propuesta permite vislumbrar el espectro completo de recursos, instituciones y acores que se juegan a la hora de elaborar políticas públicas.

A raíz de lo expresado, CIPPEC propone:

  • Promover la sanción de una Ley Nacional de Salud.
  • Convertir al Consejo Federal de Salud (COFESA) en la principal instancia de coordinación del sistema público de salud.
  • Crear una Dirección de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud.
  • Diseñar programas sanitarios con un enfoque integral de acuerdo al ciclo de vida de las personas: niños-adolescentes-mujer y embarazo-adultos y adultos mayores.
  • Desarrollar una estrategia integral para la planificación de los recursos humanos del sector salud.
  • Crear un seguro para la cobertura de enfermedades catastróficas.
  • Fortalecer la estrategia nacional de control del tabaco.

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Protección social

Según CIPPEC, la protección social en la República Argentina se caracteriza por la ausencia de un sistema. Este informe plantea que hay una proliferación de intervenciones desde una perspectiva nacional que aterrizan de diversas formas en los heterogéneos territorios provinciales y municipales. El diagnóstico explica que se abre un escenario social con ‘claroscuros’ que genera grandes retos, pero también grandes oportunidades al futuro presidente.

En estos dos últimos gobiernos se ha venido elaborando políticas tendientes a asegurar los ingresos y atender las necesidades de los distintos grupos vulnerables. Sin embargo, para profundizar lo ya hecho, y reforzar los aspectos no trabajados, CIPPEC propone:

  • Crear un Gabinete Nacional de Protección Social y Mesas Provinciales de Protección Social.
  • Reformular aspectos de la Asignación Universal por Hijo e impulsar la efectiva implementación en todo el país de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).
  • Ampliar e integrar con políticas afines el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y elevar el rango de la actual Dirección Nacional de Juventud a una Secretaría de Estado.
  • Universalizar la cobertura previsional, integrar los servicios y prestaciones no monetarias y convertir en Secretaría de Estado a la Dirección Nacional de Adultos Mayores.
  • Integrar las políticas existentes para la reinserción laboral de trabajadores desempleados e informales, promover una ley que prohíba la discriminación en las búsquedas laborales, y fortalecer las instituciones responsables de la protección social de este grupo vulnerable.
  • Establecer al cuidado como un derecho social básico y universal.
  • Crear un Sistema Único de Información para las políticas de protección social.
  • Promover una Ley Nacional de Protección Social Integral y Federal, que fomente la articulación de políticas, programas y servicios con base en los principios de universalidad, sostenibilidad y transparencia.

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