Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la falta de control en las reservas naturales del Ministerio de Defensa genera que los predios tengan desde basurales a cielo abierto, hasta caminos clandestinos, pasando por campings inseguros e, incluso, riesgo de incendios.

¿Qué son las reservas naturales de Defensa? Se trata de terrenos donde las Fuerzas Armadas realizan actividades y que, por sus características, tienen potencial interés ambiental.

Nacieron en 2007, mediante la firma de un convenio entre el Ministerio y la Administración de Parques Nacionales.

La AGN aprobó el año pasado una investigación sobre cómo se gestionaron entre 2008 y 2015 esas reservas naturales que, al momento del informe, eran nueve, estaban en seis provincias y sumaban unas 50.393 hectáreas.

Uno de los aspectos analizados fue el marco legal que, para el organismo de control, es “insuficiente”. Es que “no existe una norma nacional que establezca el estatus de protección de las reservas” y las incluya en los sistemas federales de áreas protegidas “con una categoría jurídica específica”, dijeron los técnicos.

Al momento del informe, había 9 reservas naturales en 6 provincias y sumaban 50.393 hectáreas.

¿Qué provoca esta situación? Varias cosas. Por ejemplo, si bien las reservas están regidas por el mencionado convenio entre Defensa y Parques Nacionales, en realidad “se encuentran bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”, reveló la Auditoría.

Y esto, a su vez, impide aplicar normas específicas sobre los predios e, incluso, genera el incumplimiento del artículo 41 de la Constitución y de tratados internacionales a los que adhirió el país, y que consisten en incrementar superficies protegidas.

Por otra parte, la Auditoría reveló que las reservas naturales de Defensa no tienen presupuesto propio: “Ni el Ministerio ni las Fuerzas Armadas cuentan con partidas específicas para la gestión ambiental” de los predios y “la Administración de Parques Nacionales tampoco asignó” recursos, describió el informe.

No obstante, el texto destaca que hay una reserva, la llamada Punta Buenos Aires, en Bahía Blanca, que tiene recaudación propia, producto de arrendamientos y concesiones. El problema es que, según la AGN, esos fondos “no pueden ser utilizados para el mejoramiento (del predio) ya que son asignados a la AABE”.

Para completar, el organismo de control visitó las reservas Charles Darwin (Bahía Blanca), Puerto Península (Misiones), y dos en Córdoba (La Calera y Ascochinga), y se encontró con poco personal de vigilancia y falta de capacitación de los miembros de la Fuerzas Armadas en materia de protección y conservación ambiental.

Ni en tren, ni en avión: en dron

Como novedad, la Auditoría General de la Nación usó drones para revisar el estado de las reservas naturales.

En ese sentido, los técnicos observaron que en la reserva cordobesa de La Calera hay “riesgos de incendio por falta de control en los accesos; caminos clandestinos usados para realizar intrusiones en distintas zonas; falta de (seguimiento) en el uso del camino provincial que atraviesa (el terreno), convirtiéndolo en un depósito de residuos sólidos urbanos y con sectores (de circulación) para cazadores furtivos”.

Además, el predio está pegado al basural municipal y no tiene cerco perimetral, por lo que se registra “libre accesibilidad de fauna silvestre” de un lado a otro. Y aunque tiene un centro de operaciones y monitoreo de calidad, ese espacio no dispone de internet. Por si faltara algo, hay “deterioro en zonas de llanura, producto de un uso histórico de actividad agrícola sin criterios ecológicos”, sentenció la AGN.

Otra de las reservas visitadas fue la llamada Ascochinga, también en Córdoba. Allí, más allá de los basurales a cielo abierto y la falta de control a la actividad agrícola (se remarcó una “sobrecarga de uso ganadero”), los auditores objetaron el funcionamiento de dos balnearios dentro del predio.

Se llaman Tres cascadas y Carapé y allí, siempre según la AGN, hay campings con “construcciones precarias e inseguras, sin protocolos de emergencia ni un sistema eficaz de recolección de residuos”.