La ANSES incumplió tantos pedidos de información enviados por la Auditoría General de la Nación (AGN), que el ente de control debió avisar de lo sucedido a la Sindicatura nacional (SIGEN), al Congreso y, además, quedó habilitado para llevar el tema a la Justicia.

La historia comenzó el 26 de octubre del año pasado, cuando el organismo previsional recibió la primera nota de requerimiento de información de la AGN. Ese trámite tenía como fecha de vencimiento el 10 de noviembre.

En rigor, los auditores pretendían investigar el funcionamiento de los aplicativos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que ejecuta la ANSES, pero no obtuvo respuesta al pedido original.

El 12 de noviembre, y con el trámite ya vencido, el ente previsional solicitó una prórroga de 15 días corridos, que fue aceptada por la AGN, por lo que el límite se corrió hasta el 1º de diciembre, siempre de 2018.

Pese a la vigencia de esa prórroga, la Auditoría decidió reiterar el pedido original de información, con una nueva fecha de vencimiento, prevista para el 19 de diciembre.

Sin embargo, al 27 de diciembre ninguno de los requerimientos había sido cumplido.

Eso no es todo. Según figura en el dictamen aprobado por la Auditoría (ver La decisión), la ANSES no solo negó información sino que tampoco permitió el normal avance de la investigación.

En total, hubo seis pedidos de información que no fueron respondidos por la ANSES.

Es que el ente previsional puso a disposición de los técnicos solo uno de los tres puestos de trabajo solicitados y, para completar el cuadro, el puesto en cuestión no contaba con conexión a internet ni acceso a la intranet local, y hasta tenía las bocas de USB cerradas, “por lo que resulta imposible extraer legítimamente la información requerida”, dice el texto mencionado.

¿Cómo siguió todo? Pues, ante semejante panorama, el equipo de la AGN continuó con su análisis en base a información de acceso público. Y, en el mientras tanto, emitió otros dos pedidos de informes, que vencieron el 7 de enero y el 13 de febrero -ya de este año- con el mismo resultado: ninguna respuesta.

Un día antes, es decir, el 12 de febrero, la ANSES pidió una nueva prórroga que le fue concedida por la Auditoría, en carácter de excepción, por cinco días corridos. Pero el lapso venció el 26 de febrero y, desde entonces, no hubo más novedades.

Improcedente

En el medio de esta historia hubo un hecho que fue, por lo menos curioso. Según el dictamen, el supervisor del equipo de la AGN recibió un mail de un funcionario de la ANSES, puntualmente de un miembro de la Unidad de Auditoría Interna, que hablaba de la existencia de una nota en la que una Directora del ente previsional informaba que el Sistema Único de Asignaciones Familiares estaba “próximo a ser cerrado”, y que sería reemplazado por otro mecanismo, llamado Liquidador Único de Prestaciones de Asignaciones (LUPA), por lo que, a su criterio, “resultaba infructuoso” hacer una investigación sobre el SUAF.

Para el ente previsional, era infructuoso investigar el SUAF porque iba a ser reemplazado.

Para la Auditoría, el comentario fue “improcedente”; primero, porque el organismo de control hace exámenes ex-post, es decir, sobre gestiones ya terminadas, por lo que la ejecución del Sistema Único de Asignaciones Familiares era una materia investigable. Y, segundo, porque esa respuesta nunca fue recibida oficialmente por la AGN, pese que se la solicitó “en reiteradas ocasiones y por todas las vías posibles”, completó el dictamen.

Y así fue como, tras “agotar toda instancia para obtener información”, y teniendo en cuenta que “los requerimientos incumplidos por la ANSES no pueden subsanarse por otros medios”, los técnicos concluyeron que “resulta imposible elaborar un plan de auditoría”.

La decisión

No es la primera vez que la AGN se enfrenta a la falta de respuestas de un organismo público. Por eso, el ente tiene algunas herramientas reglamentarias que le permiten intentar avanzar con sus estudios.

Entre ellas están los artículos 18 y 19 de sus Normas Básicas, que establecen los plazos en que deben repetirse los pedidos de información hasta que, superados esos límites, se dé intervención a la máxima autoridad del ente auditado (en este caso al titular de la ANSES), a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Además, junto a esas herramientas aparece el artículo 119 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que habla de la obligación de las entidades del sector público de suministrar la información que la AGN requiera para sus exámenes.

Con base a estos elementos, a fines del mes pasado el Colegio de Auditores sancionó el dictamen por el tema SUAF de la ANSES que, además, la habilitó a incoar una acción judicial.