Un instrumento considerado “prioritario” y “esencial” para la conservación del medioambiente ya superó los 15 años de demora y no cuenta con presupuesto propio para avanzar. 

Se trata del inventario de humedales, una tarea que debería ser llevada adelante por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (el exministerio), mediante su Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.

Los datos sobre la tardanza y la falta de fondos figuran en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado este año que, además, reveló que “solo se ha publicado el nivel uno” del listado sobre los tres que están previstos. 

Sobre esto, según pudo reconstruir el organismo de control, las dependencias involucradas estiman que el inventario estará terminado en 2021.

Para entender la relevancia de los humedales, es importante señalar que el país contempla su conservación en varias leyes, que están jurídicamente protegidos y que hay 23 áreas que han sido declaradas Sitios Ramsar, es decir, que son considerados de importancia internacional. 

No obstante, la Auditoría comprobó que la Dirección de Gestión de Ecosistemas Acuáticos “solo visitó dos” de aquellos 23 sitios.

Asimismo, se remarcó que las dependencias en cuestión no tienen un sistema destinado a monitorear el estado real de conservación de los humedales.
    
Sin embargo, las observaciones no se limitan al exministerio de Ambiente. La Auditoría también evaluó el trabajo de la Administración de Parques Nacionales y concluyó que esta área “no incluyó estrategias y acciones concretas de conservación en sus planes de gestión” para los sitios Ramsar que están bajo su jurisdicción.

Y, por si faltaba algo, los parques nacionales que tienen categoría Ramsar “no poseen el personal de conservación necesario”, dijeron los técnicos. 

Visitas 

Para elaborar su informe, la AGN visitó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis; el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (exreserva Otamendi), en Campana, provincia de Buenos Aires; y el Parque Nacional Mburucuyá, en Corrientes. 

En el primer caso, los técnicos vieron que “la superficie no mejoró sus características ecológicas” desde su declaración como sitio Ramsar. Es más, observaron que se profundizó su “estado de desertificación”.

Para explicar el panorama, la investigación agrega que “el Parque Nacional no planificó ninguna acción de conservación relacionada con el área declarada sitio Ramsar. No se relevaron acciones y/o proyectos de conservación, ni se utilizaron los mecanismos de la Convención Ramsar para ejecutar un programa de restauración de los humedales. Tampoco cuenta con personal capacitado para dirigir el Área de Conservación y Uso Público”.

Por el lado del complejo Ciervo de los Pantanos, una de las falencias tiene que ver el recurso humano. 

Dice el informe: “Respecto a la cantidad de agentes, el indicador fue bajo en todo el período de auditoría, disminuyendo de 1 en 2015 a 0 en 2016 y 2017”. A línea seguida, el texto aclara que el cero significa que existe entre un 0 y un 30% de personal necesario para la gestión del Parque, mientras que el uno equivale a una dotación de entre el 31 y el 60% de empleados.

Y, para completar, al momento de su visita, los auditores se encontraron con una “gran cantidad de residuos sólidos urbanos impidiendo el uso de los senderos públicos”.

Aclaración: las imágenes que acompañan esta nota fueron extraídas del informe original y se tomaron con drones manejados por el equipo de la AGN.