La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó -por mayoría- el informe correspondiente al préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por U$S 35 millones destinados a la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19 en la República Argentina. El dictamen del organismo de control fue “favorable sin salvedades”. No obstante, el auditor general Miguel Ángel Pichetto votó en disidencia con el fundamento de que “se observaron falencias graves en las contrataciones, como así también en el control interno”. 

En el documento de los estados financieros -aprobado en mayo de 2022- la AGN analizó la ejecución del programa sanitario llevado a cabo por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE).

“Se observaron falencias graves en las contrataciones, como así también en el control interno”, indicó Miguel Ángel Pichetto, tras su voto en disidencia. 

Por otro lado, la suma total de los U$S 35 millones fue financiada con recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 9083-AR, suscripto el 7 de mayo de 2020 entre Argentina y el BIRF.

El organismo de control nacional realizó el análisis en el contexto de pandemia y emergencia sanitaria. Inició en mayo de 2020 y finalizó en junio de 2021. Dado este marco, la AGN observó que las comunicaciones referidas al proyecto se llevaron a cabo a través de correos electrónicos. Sin embargo, estos mails no fueron adjuntados a los expedientes, ni se pusieron a disposición de los auditores.   

El método de contratación utilizado fue el directo, lo que requiere de la presentación de “precios comparados en el mercado”. Al respecto, la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo informó que los criterios que se tuvieron para analizar la razonabilidad de los precios de las contrataciones han sido los listados ofrecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial (BN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, la Auditoría reveló que estos listados “no figuran en los expedientes”.

Debilidades en las compras 

Durante el periodo analizado, el ente fiscalizador constató la compra de 280 monitores de terapia por un total de U$S 2 millones. Sin embargo, no se observaron evidencias suficientes para respaldar los tipos de insumos requeridos (cantidades, especificaciones técnicas y precios contratados) al controlar la documentación oficial. 

Por otro lado, no se exigió al proveedor la presentación de "garantías de cumplimiento de contrato”, así como tampoco por los pagos que fueron realizados en concepto de “anticipo 10%”. 

En esta línea, la AGN mencionó otras adquisiciones realizadas, se trató de 2.550 ventiladores adulto/pediátrico (U$S 25.119.011) y 326 ventiladores de cuidados intensivos (U$S 9.475.211). Con respecto a estos registros exhibidos en el expediente electrónico, la autoridad de control nacional destacó que “no surgen elementos que permitan constatar si las unidades remitidas se corresponden con las programadas en cada entrega”. 

Algo semejante ocurrió con la obtención de 2.295 unidades de equipamiento médico. En este caso, la Auditoría indicó que en el contrato aparecen “dos fechas distintas”, una el 14 de mayo de 2020 y, la otra, el 8 de mayo del mismo año.  

Otro tramo del informe expuso una diferencia entre el presupuesto estimado (US$ 1.298.000) por la compra de insumos médicos de protección personal y el monto final abonado (US$ 2.395.750). Al analizar la documentación, la AGN determinó que lo encontrado en los expedientes no fue suficiente para respaldar lo ejecutado. 

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Voto en disidencia

A pesar de haberse aprobado el informe, el auditor general Miguel Ángel Pichetto presentó un dictamen en desacuerdo. Al ser contrataciones directas -según el ex senador- cuentan con un “alto nivel de riesgo desde el punto de vista de la operatoria''. Tal es así que el abogado sostuvo que las observaciones realizadas por la AGN con respecto a transacciones motivaron su posición definitiva.