Durante la segunda reunión del Colegio de Auditores de mayo de la Auditoría General de la Nación (AGN) se trató y aprobó un informe elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública sobre los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en la República Argentina”, en el ámbito del Ministerio de Salud, correspondiente al período que inició el 7 de mayo de 2020 y terminó el 30 de junio de 2021. 

El encargado de presentar el informe fue el auditor general, Javier Fernández, quien comentó que el Proyecto fue financiado con fondos del préstamo recibidos por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En total fueron US$ 35 millones que usaron al 100%. Luego de una breve descripción, Fernández explicó que el dictamen del Colegio de Auditores en torno a los Estados Financieros mencionados es “favorable sin salvedades”.

El primero en tomar la palabra fue el auditor General, Miguel Ángel Pichetto, quien justificó su voto en disidencia.  "Es llamativa la falta de uso del sistema de Gestión Documental Electrónica”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, adelantó que su voto era favorable y se refirió al contexto del trabajo realizado por los auditores. 

“Hoy la Nación funciona sin presupuesto porque el Congreso en el último trimestre del año pasado rechazó el que remitió el Poder Ejecutivo. Tampoco se presentó el 15 de abril de 2022, como establecía el compromiso asumido con el FMI. Por eso no puede haber control sobre ese presupuesto”, analizó Rodríguez y alertó que en este contexto sin presupuesto y sin rendición de cuentas por parte del Jefe de Gabinete al Congreso se da la ejecución presupuestaria de gran cantidad de recursos para atender la pandemia de COVID.

“La urgencia no puede justificar la ausencia de controles. Por eso es importante el trabajo de la AGN, tanto de las comisiones como de la carta de control interno. Porque se siguen comprando insumos con mecanismos de contrataciones de urgencias”, remarcó el titular de la Auditoría.

Acto seguido llegó la opinión de la auditora General, Graciela de La Rosa, quien manifestó que la auditoría realizada es un ejemplo de que "hay transparencia en las cuentas públicas", más allá de la cuestión presupuestaria que planteó Jesús Rodríguez. 

“Podemos estar o no de acuerdo con la mirada oficialista u opositora, pero este informe es un ejemplo. Acá está la información y es excepcional. Se adquirieron ventiladores de terapia intensiva, monitores de dióxido, monitores de signos vitales, sistemas de rayos X, concentradores de oxígenos, overoles, guantes, antiparras y todas las cuestiones que necesitaba la Argentina. Por la crisis del COVID no había plata y no se podía pedir un préstamo internacional. Este informe es muy completo y muestra que hay transparencia”, aseguró la Auditora.

Tras el intercambio de opiniones, los auditores generales aprobaron el informe y coincidieron en la necesidad de que el Plan Operativo Anual 2023 incluya una auditoría sobre el sistema de contrataciones en marco de la pandemia.

La orden del día también indicó el tratamiento de otros trabajos, entre ellos, un informe respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial – Subprograma 2” del Ministerio de Educación, correspondiente al ejercicio comprendido entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021. 

“El programa prevé las obras de jardines de infantes según los pedidos de las provincias y se observaron demoras de tres años en la ejecución de las obras y reducción de fondos. Faltó un plan operativo anual y se constató un débil control interno”, comentó el auditor general, Javier Fernández durante la lectura de algunas de las observaciones del informe.