Laércio Mendes Vieira es auditor federal de Control Externo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y dialogó con El Auditor.info, a título personal, sobre las funciones del organismo, el teletrabajo y la implementación del análisis de datos en auditorías.

- ¿Cómo es el vínculo que tienen con el Congreso?

"El Tribunal es un órgano autónomo dentro del Poder Legislativo, pero no subordinado a él".

- En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) es un órgano del Congreso Nacional. Sabemos que, en todo el mundo, los tribunales de cuentas tienen diferentes arreglos, algunos de los cuales son miembros del poder legislativo y otros del judicial. En nuestro caso, el Tribunal fue establecido por la Constitución de 1988 como un órgano autónomo dentro del Poder Legislativo, pero no subordinado a él. El nivel de autonomía puede ser observado por el conjunto de prerrogativas exclusivas que solo tiene el Tribunal y que el propio Congreso no tiene, como la función de juzgar las cuentas de los administradores públicos y de quienes desvían recursos públicos y la función de realizar auditorías en sí. 

Otra forma es entendiendo cómo se conforma la Corte. El tribunal está formado por nueve personas, tres son propuestos por el Senado, tres por Diputados y los restantes por el presidente de la República de los cuales dos deben ser de carrera interna del tribunal (auditores o procuradores). Es decir, el Congreso se encarga de nombrar a seis ministros de nueve, lo que refuerza el vínculo con la Corte, pero no afecta su autonomía diaria. Los ministros son vitalicios y se jubilan a la edad de 75 años. 

Una tercera forma de observar el nivel de autonomía es por su dimensión financiera. El TCU tiene su propio presupuesto garantizado por la propia Constitución. A pesar de su autonomía, es un organismo que brinda apoyo al Congreso Nacional. Por lo tanto, es obligación del TCU cumplir con las solicitudes de auditorías indicadas por el Congreso Nacional. Así, la cartera de trabajo del TCU incluye su propio trabajo incluido en su plan estratégico, como resultado de su autonomía, y otros solicitados por el Congreso. También es obligación del TCU apoyar al Congreso en sus comisiones de investigación, cuando la cámara parlamentaria examina situaciones de alta experiencia técnica. Por último, corresponde al TCU informar anualmente al Congreso sobre sus actividades.

-¿Qué clase de control hacen desde el Tribunal de Cuentas brasileño?

"En el caso de privatizaciones y concesiones, el Tribunal también ejerce un control previo".

- Después de la Constitución de 1988, el TCU pasó a tener un amplio mandato para fiscalizar los recursos públicos que incluye la posibilidad de llevar a cabo cualquiera de los tres tipos de auditorías prescritas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en sus reglas de auditoría. Es decir, auditorías financieras, de regularidad y las de gestión. El TCU ha estado realizando auditorías de gestión durante aproximadamente 20 años. A lo largo de este período, el Tribunal fue el presidente del grupo de auditoría de gestión de la INTOSAI. Sin embargo, como Tribunal de Cuentas, no limita su trabajo a las auditorías. El conjunto de atribuciones de la Corte es amplio e incluye también la evaluación de las cuentas del presidente de la República, el juicio de cuentas de los administradores, el análisis censal de las jubilaciones de los servidores públicos, la evaluación de las quejas de diversos segmentos de la sociedad y el análisis de consultas sobre la aplicación de la legislación en el ámbito de la administración pública. En este último caso, la Corte interpreta la legislación a solicitud del Poder Ejecutivo actuando en función consultiva. En el caso de privatizaciones y concesiones, el Tribunal también ejerce un control previo. En otras palabras, se trata de un mandato muy amplio.

- ¿Qué avances han implementado en cuanto a modernizaciones internas?

- El TCU es una organización muy privilegiada en términos de gestión interna. Los profesionales son muy calificados y continúan mejorando personalmente de modo constante debido a la existencia de su propio instituto de capacitación, a los incentivos internos, el plan de desarrollo de habilidades y los programas de posgrado. La Corte tiene una estructura física, que incluye equipos e instalaciones, muy moderna. En 2021, por ejemplo, se renovó el 60% del parque de equipos informáticos individuales. En ese mismo año, se alentó a las unidades de la Corte a pensar y construir sistemáticamente estrategias de acción sectoriales, así como a la formación de opiniones internas y externas y al uso intensivo de la inteligencia de control.

En este sentido, se destaca el proyecto Observatorio de Políticas Públicas. Otras iniciativas incluyen la adopción de un nuevo código de ética y la mejora de la seguridad de la información y la protección de los datos personales para prevenir ataques cibernéticos. Además, es importante destacar la estructura para el teletrabajo ya existente en la Corte desde hace más de 10 años y que se mejoró durante la pandemia, cuando casi el 100% de los servidores y los propios Ministros trabajaban desde sus casas. Asimismo, llama la atención el programa de accesibilidad e inclusión social de las personas con discapacidad, en el que se realizó un diagnóstico de accesibilidad que involucra estructuras, servicios y productos del Tribunal, para el plan de gestión de residuos sólidos, cuyo objetivo es reducir el impacto socioambiental negativo de la acción organizacional, y para la implementación de canal de acoso, que tiene como intención acoger a las víctimas de acoso moral y sexual en el TCU.

-¿Qué trabajos desarrollaron con analítica de datos?

El Tribunal de Cuentas ha estado haciendo análisis de datos durante más de 20 años. 

-El TCU hace análisis de datos hace más de 20 años. Actualmente cuenta con dos unidades internas especializadas en la materia. De manera sintética, funciona con dos naturalezas de trabajo. Uno, a través de sistemas computarizados creados por la propia Corte para escanear bases de datos y la propia Internet en busca de informaciones. Uno de estos sistemas se llama "Sistema de Análise de Licitações e Editais", o Alice, que es una especie de inteligencia artificial que busca información sobre contrataciones públicas. 

El monto de los beneficios resultantes de los análisis realizados a través del Sistema Alice totalizó, en 2021, más de R$ 426 millones de reales (US$ 83 millones en la cotización de R$/US$ 5,13) relacionados con sobrefacturación o desperdicio. Otra forma es a través de auditorías que hacen cruzamientos a las bases de datos gubernamentales. Para este caso, por ejemplo, la auditoría realizada sobre los beneficios de la seguridad social constató que se realizaron pagos indebidos de R$2.717.436.333,00 (US$529 millones en la cotización de R$ / US$5,13) en 2021. En otro ejemplo, para los pagos de ayuda de emergencia durante la pandemia, los montos relacionados con los pagos que se evitaron a los beneficiarios que no eran elegibles alcanzaron R$1.799.265 millones (US$350 millones en la cotización de R$ / US$5,13).

-¿Tienen instancias de participación ciudadana?

-De acuerdo con la Constitución de 1988, corresponde al TCU recibir quejas de ciudadanos, partidos políticos, asociaciones o sindicatos. A partir del año 2003, la Corte comenzó a incluir el estímulo al control social como objetivo institucional, en sus planes estratégicos. Además, se han establecido otros objetivos estratégicos, que tienen una estrecha relación con el tema, como trabajar en asociación con organismos públicos y la red de control, intensificar la relación con el Congreso Nacional (participaciones del TCU en sesiones del Parlamento, reuniones, audiencias) y la sociedad, y ampliar el uso de las tecnologías de la información en las acciones de control.

En 2004 se estableció la Defensoría (“Ouvidoria”). En el mismo año, se desarrollaron otras medidas, como la celebración de reuniones educativas con segmentos de la sociedad civil; la difusión de folletos y otras publicaciones destinadas a estimular el control; la difusión de información de interés para la sociedad civil en lugares accesibles y en un formato de fácil comprensión y canales para proporcionar información al TCU sobre irregularidades en el uso de los recursos públicos.

En 2006 se creó el Programa "Diálogo Público" para la realización de eventos de carácter esencialmente educativo y orientativo, discutir temas relacionados con la administración pública, principalmente el control social del gasto público. Además, la Corte recibe visitas supervisadas de estudiantes en el TCU. En enero de 2005, se publicó el “TCU Review”, un cómic destinado a los niños.

En el contexto de las auditorías, cabe mencionar los paneles de referencia realizados durante las auditorías de carácter operativo, con el objetivo de discutir la planificación del trabajo (fuentes de información, estrategia metodológica, método de análisis) o los hallazgos de la auditoría (análisis y evidencia, causas, efectos, recomendaciones y beneficios esperados) con representantes de instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la academia, directa o indirectamente involucrado en el programa evaluado. Recientemente, se puso en marcha el Proyecto de Apoyo a la Gestión Municipal Responsable (denominado “TCU + Cidades”), que proporciona al gestor público municipal varios productos para mejorar la gestión pública de las ciudades con énfasis pedagógico y de orientación.

-Para finalizar, ¿hay alguna novedad para remarcar?

-Desde 2019, TCU ha sido vicepresidente de la INTOSAI. En 2022, el Tribunal de Cuentas asumirá la presidencia de la Institución, permaneciendo hasta el año 2025.  En noviembre de 2022, se celebrará en la ciudad de Río de Janeiro el XXIV Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, evento que reúne participantes de más de 120 países.

N de la E: Agradecemos a la Red de Gobernanza Argentina por hacer posible el contacto.