La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) realizó un informe sobre las acciones federales necesarias para abordar la problemática que surge de las emisiones de metano en el desarrollo de petróleo y gas. Hay normas que no permiten a las empresas avanzar con el control, mientras que hay Estados con normativas más exigentes que las del gobierno federal. 

El metano es un gas de efecto invernadero que se emite a la atmósfera durante la producción de petróleo y gas, ya sea a través de emisiones o fugas intencionales. Esto no sólo es un problema ambiental sino que también es una pérdida de gas natural comercializable. Para intervenir sobre el asunto, Estados Unidos cuenta con dos instituciones distintas: por un lado está la Oficina de Administración de Tierras (BLM), la cual supervisa las operaciones de petróleo y gas en tierras federales, y por otro la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quien regula las emisiones de estas operaciones.

Se le pidió a la GAO que revisara las emisiones de metano del desarrollo de petróleo y gas en tierras federales. En el informe se describen los pasos que han tomado las agencias federales para reducir las emisiones de metano del petróleo y el gas, y los desafíos de implementación. Además se examinan las acciones que están tomando entidades industriales seleccionadas para reducir las emisiones de metano y se analiza cómo los estados seleccionados regulan las emisiones y  en qué medida esos esfuerzos podrían informar las acciones federales..

Lo que encontró

Tanto la EPA como BLM emitieron regulaciones para reducir las emisiones de metano, sin embargo el informe aclara que ambas enfrentaron desafíos administrativos y legales al implementarlos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental estableció estándares nacionales para las emisiones de metano, pero fue la misma institución la que derogó y redujo esos requisitos en 2020. Luego, una resolución del Congreso en junio de 2021 resultó en el restablecimiento de los estándares de metano de 2016. Ambos organismos ahora se encuentran desarrollando nuevas normas.

Si bien muchas industrias realizan acciones para evitar emisiones de metano, pocas pidieron la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental por ser "poco flexible". 

Mientras esto sucede hay varias entidades de la industria que están tomando medidas voluntarias para reducir las emisiones de metano. Sin embargo, pocos operadores han solicitado la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental para usar tecnologías alternativas, tales como aeronaves piloteadas, satélites y sensores terrestres.

Según le dijeron al organismo de control, algunos representantes de entidades de la industria y partes interesadas experimentaron desafíos para cumplir con los requisitos de la EPA. “Sin una mayor flexibilidad en el proceso de aprobación de tecnologías alternativas, la Agencia de Protección Ambiental puede obstaculizar la adopción de enfoques innovadores para detectar y reducir las emisiones de metano”, asegura el informe.  

Inclusive hallaron normativas de Estados que tienen requisitos que superan a los pedidos por la Oficina de Administración de Tierras. “Históricamente, el gas podía emitirse a la atmósfera si el operador no tenía la capacidad de capturarlo, pero tres Estados requieren que los operadores presenten planes para capturar gas cuando solicitan un permiso de perforación”, asegura la GAO. 

Si bien no detalla cuáles, en el informe se mencionan dos Estados que tienen objetivos exigibles para la captura de gas y, por el contrario, la BLM no requiere que los operadores en tierras federales presenten planes, debido a desafíos legales. “Si no toma medidas para exigir la captura de gas durante la producción, la BLM podría renunciar a los ingresos del gas desperdiciado”, afirma el organismo de control.

Ante estos hallazgos la GAO recomendó que la EPA sea más flexible para que los operadores utilicen tecnologías alternativas que ayuden a detectar las emisiones de metano y que la BLM considere si requiere planes de captura de gas similares a los que tienen los Estados. Vale aclarar que, cuando recibieron estas sugerencias, ambas agencias coincidieron con los puntos analizados.